El Govern y el grupo parlamentario de Vox sellaron ayer un nuevo acuerdo para facilitar la construcción de más vivienda a precios asequibles destinada a residentes en Balears al ampliar el alcance del Decreto Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante los proyectos residenciales estratégicos (PRE), la figura creada en un principio solo para la ciudad de Palma para desbloquear y agilizar suelos urbanos y urbanizables. Este decreto se convalidará hoy en el pleno del Parlament tal y como fue aprobado por el Consell de Govern hace unas semanas y después se tramitará como proyecto de ley, periodo durante el cual se le incluirá enmiendas propuestas por Vox.
Entre ellas, explicaron ayer el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, la extensión de los PRE a los 24 municipios del archipiélago que tienen más de 10.000 habitantes, entre ellos la ciudad de Ibiza, Santa Eulària, Sant Josep, Sant Antoni y Formentera. Para ello los ayuntamientos deberán contar con un informe favorable del correspondiente consell insular.
Áreas de transición
En un mismo procedimiento, se podrán tramitar las tres fases de los PRE: el plan de ordenación, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización, de forma que se reducirán los plazos de tramitación de manera muy significativa, entre un año y medio y dos años en vez de los diez años que, en términos generales, suelen tardar estos trámites.
El futuro proyecto de ley también contemplará la posibilidad de que los municipios de más de 20.000 habitantes puedan decidir si desarrollan proyectos urbanísticos en las conocidas como áreas de transición, lo que implicará recalificar suelos rústicos en urbanizables. Esto afectará a todos los ayuntamientos ibicencos a excepción de Sant Joan y estará sujeto a una regulación específica. En concreto, para poner en marcha este mecanismo se deberá modificar el planeamiento municipal bajo autorización de los consells insulares y se limitará a los terrenos adosados a los núcleos urbanos.
«Esta posibilidad será decisión de cada ayuntamiento, requerirá de un acuerdo del pleno y deberá ajustarse a los requisitos que quedarán debidamente regulados en la ley», apuntó el conseller.
Preguntado al respecto, Mateo no concretó cuál es el número de viviendas que se proyectan construir con estas dos modificaciones del decreto, aunque ha reiterado que los plazos para que éstas sean una realidad serán inferiores a los actuales.
«Es un proyecto a medio y largo plazo. Si se necesitan más de 100.000 viviendas, con las 20.000 –las que se proyectaban en Palma– era insuficiente. Es una generosidad hacer este decreto para las futuras generaciones por la necesidad importante que hay de vivienda», añadió Cañadas.
El conseller Mateo insistió en varias ocasiones en que la base del decreto que hoy se convalidará y del futuro proyecto de ley consensuado con Vox parten de la base de la conocida como ley Carbonero, aprobada en 2008 por un Govern del Pacte.
«Hemos tomado como base la ley Carbonero, que nos parece una muy buena ley desde el punto de vista conceptual», argumentó el conseller, quien remarcó que esa normativa ya contemplaba la posibilidad de edificar en áreas de transición «de manera limitada y con requisitos exhaustivos».
Es por ello por lo que ha rechazado las críticas de los grupos parlamentarios de la izquierda, quienes sostienen que el decreto beneficiará a «unos pocos» y que es un «atentado contra el medioambiente», y les ha llamado a darle apoyo.
La principal diferencia entre la futura ley y la anterior, zanjó, es que ésta englobará todos los trámites en un único procedimiento, lo que se reducirán los plazos «de forma muy notable».
Bajar los precios
«La reclasificación de suelo para hacer exclusivamente vivienda a precio limitado es algo que piden los ayuntamientos desde hace tiempo», explica el conseller de Territorio de Ibiza, Mariano Juan.
En este sentido, para rebajar el precio del suelo es necesario crear más suelo, «pero solo si se dedica a viviendas de precio limitado, que sea para residentes empadronados un mínimo de años y que las viviendas no se puedan ocupar hasta que esté garantizado el suministro de agua».
Y esto será así porque cuando un ayuntamiento ponga un terreno sobre la mesa para que en él se pueda construir, el departamento de Recursos Hídricos del Govern deberá elaborar un informe preceptivo y no se podrán ocupar sin que tenga asegurado el suministro de agua, la misma fórmula que se siguió con la aprobación del PGOU de Ibiza, cuyas zonas de crecimiento quedaron en suspenso hasta la puesta en marcha de la nueva depuradora.
El conseller Mateo señaló ayer que todas las medidas que Vox ha puesto sobre la mesa y que se pretenden añadir al texto durante su tramitación como proyecto de ley, ha argumentado, son «tendentes a generar más vivienda asequible para residentes».
En la misma línea se expresó la portavoz parlamentaria de Vox, quien remarcó la necesidad de poner en marcha estas medidas ante «una de las peores crisis de acceso a la vivienda de nuestra historia».
Mos van omplint s'illa de formigó, el camp i ses muntanyes cada dia més plens de cases i mansions amb ses seues tanques corresponents i lletreros de Privado, Prohibido el Paso, etc. Cada dia s'asfalt i es formigó van ocupant es lloc de ses feixes, des pins i savines, des arbres des nostro camp, destrossant per sempre es territori que hem heretat des nostros avantpassats. Ara PP i Vox es carreguen d'una garrotada sa poca protecció que tenia es territori i li foten es colp de gràcia: a partir d'ara es podrà construir alla on diguin que "fa falta". I mentres firmen aquest decret que és un escàndol de proporcions històriques, tenen es morro de participar en forums sobre sostenibilitat, sense que els hi caigui sa cara de vergonya.