La situación del Consell Insular de Formentera con respecto a la tutela de los menores extranjeros no acompañados que han llegado a la isla en los últimos meses es crítica. Así lo ha denunciado la titular de Asuntos Sociales, Cristina Costa, quien ha explicado que, en estos momentos, la institución insular tutela a 125 de estos chavales, de los cuales solo 15 se encuentran en la isla y el resto están repartidos entre instituciones de Baleares y de la Península.
A pesar de la imposibilidad del Consell de hacerse cargo de esta situación, el Govern ha rechazado de momento aceptar la devolución de la competencia en menores. Tampoco ha sido posible arrancar del Ejecutivo presidido por Marga Prohens un compromiso de incrementar la financiación que recibe Formentera para esta gestión. Una situación que se repite con el Estado, que tampoco contempla ningún tipo de apoyo económico para la isla, como sí sucede con Canarias. «Es muy injusto», ha lamentado Costa, «el Consell lo que quiere es una solución. Que, como mínimo, nos ingresen el dinero necesario para pagar este primer trimestre del año a las dos empresas que se hacen cargo de los 15 menores extranjeros que están en la isla. Inmigración es competencia del Estado y menores la ha transferido el Govern al Consell. Esto se hizo en un momento donde no teníamos este problema. Hay que volver a negociar».
240 euros al día por niño
El Consell formenterés tiene medios suficientes para hacerse cargo de los menores tutelados originarios de la isla, que no superan los 20. Esta cifra permite constatar las dificultades con las que se encuentra la institución a la hora de afrontar la tutela de los 125 menores extranjeros que gestiona en estos momentos. En una situación normal, según la consellera Costa, el Consell podría hacerse cargo de «cuatro o cinco menores extranjeros, pero no de 125 como hay hoy».
El coste de mantener a estos menores es de 240 euros al día por niño. «Eso es una barbaridad para el Consell», ha denunciado Costa, «los menores de aquí, si están en régimen de acogida con una familia, tienen un coste de entre 700 y 1.000 euros al mes por niño. Con nuestro presupuesto, que está pensado para una isla de 11.300 habitantes, podemos hacernos cargo de cuatro o cinco menores extranjeros».
Cristina Costa ha recordado que el problema con los menores extranjeros comenzó en 2021, cuando las pateras empezaron a transitar la ruta entre Argelia y el archipiélago. «Desde entonces, nadie se ha parado a ver realmente cuánto cuesta mantener a estos menores aquí, ni el Estado ni el Govern y eso es algo que tendría que haberse mirado hace un par de años, tomando como ejemplo Canarias», ha denunciado la consellera de Asuntos Sociales.
A la falta de presupuesto se suma que Formentera carece de instalaciones para realizar estas tutelas. La normativa fija, por ejemplo, que estos menores pueden ser alojados en pisos, en los que pueden residir entre ocho y 10 chavales, con los profesionales que han de ocuparse de ellos. Y la falta de vivienda en la isla es más grave que en Ibiza. Además, Formentera tampoco cuenta con los servicios necesarios para la integración de estos chavales. Unos menores que Costa considera que «han de estar bien preparados para cuando les llegue el momento de salir a la calle». La consellera tiene claro que estos menores deben ser tratados como «si fueran tus propios hijos». «Si fueran mis hijos», ha añadido, «y tuvieran que emigrar, yo querría que les trataran bien. Por eso, cuando llegan aquí y después de la primera atención, miramos cosas como lo que les gusta hacer o lo que se les da bien. Si les gusta la peluquería o la mecánica, buscamos centros donde puedan darles esa formación. Pero, si tuviéramos que hacerlo aquí, en Formentera, sería imposible porque no tenemos esos servicios».
«Yo estoy en contra de lo que está pasando, estoy en contra de las mafias, que hacen negocio con estos menores», ha subrayado Cristina Costa, «estos niños que se suben a esas embarcaciones puede que no lleguen vivos a Formentera. Yo recuerdo a uno de ellos contar en una charla que él no le recomendaría a un amigo hacer este viaje. Estamos ante un problema muy grave que debería gestionarse a nivel nacional, con todas las comunidades autónomas unidas, sean del color que sean.
Porque no hablamos solo de menores. Por aquí han pasado en los últimos meses más de 500 personas que han llegado en estas barcas. Y eso colapsa los servicios de la Guardia Civil y de la Policía Local. Y, aunque tengamos convenios con el Estado, también está la gestión en sí de las pateras. Estamos muy saturados».
Pero que no se trata de competencias entre administraciones, se trata de devolverlos con sus padres o a un orfanato de su país. Y si no tienen, que no inviertan tanto en ejército.