El Juzgado Contecioso Administrativo número 1 de Palma ha levantado la suspensión que pesaba sobre el desalojo del asentamiento chabolista Can Rova 2. De esta manera, el Ayuntamiento de Santa Eulària tiene vía libre para retomar con el desalojo de esta finca rústica iniciado el pasado 9 de abril y que fue suspendido por orden judicial al presentar los moradores un incidente de vulnerabilidad.
El auto, firmado por la jueza Cristina Pancorbo el 2 de julio, explica que el Ayuntamiento de Santa Eulària presentó un escrito el 1 de julio informando al juzgado del incendio que se produjo en el asentamiento chabolista el 26 de junio. Un hecho que para la jueza «deja patente la peligrosidad de la situación del asentamiento». En este sentido y teniendo en cuenta «las medidas que están adoptando los servicios sociales con respecto a las personas que allí se alojan, procede levantar la suspensión del desalojo», se señala en el auto.
Tras esta decisión judicial, desde el Ayuntamiento de Santa Eulària señalan que se reunirán con la Dirección Insular de la Administración del Estado para estudiar cómo proceder al desalojo de los habitantes de Can Rova.
Menores de edad
En el auto judicial se destaca que los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària llevaron a cabo 83 visitas al asentamiento, en las que se detectaron 18 familias con un total de 19 menores, de entre los cuales hay 9 que tienen menos de tres años además de tres mujeres embarazadas. También se detectó a una persona con problemas de salud. «Estas personas se encuentran en un entorno de hacinamiento y no reúne las condiciones de habitabilidad e higiene», considera el Ayuntamiento de Santa Eulària, que tras la suspensión del desalojo comprobó «que la situación de riesgo es mayor de lo valorado en su momento para solicitar la entrada».
Santa Eulària solicitó el alzamiento de la suspensión tras poner en conocimiento que la situación en Can Rova 2 se había agravado con el incendio de 26 de junio. Las llamas consumieron «una chabola donde habitan un matrimonio y su hija, una tienda de campaña, una caravana y, además, se produjo una explosión de una bombona de butano que aceleró la propagación del fuego».
Los afectados por el incendio declinaron el ofrecimiento de los servicios sociales para facilitarles alojamiento temporal «siendo el presidente del colectivo y el abogado quienes gestionarían su reubicación».
El auto de la jueza considera que el incidente de vulnerabilidad «debía ser admitido por cuanto la propia administración ya había advertido al juzgado la existencia de personas en situación de vulnerabilidad y la existencia de menores entre ellos».
El Ayuntamiento de Santa Eulària inició en su día un expediente contra los propietarios de la finca en base al artículo 122 de la LUIB «y ante la imposibilidad de su desalojo se inició un expediente para la ejecución forzosa». Además, el consistorio también ha iniciado 11 expedientes de diligencias previas por infracción urbanística a algunos de los ocupantes.
En el auto de entrada para el desalojo se instó a Santa Eulària para que garantizara la asistencia a las personas vulnerables para no dejarlas desamparadas. Unas medidas que el ayuntamiento también deberá llevar a cabo cuando proceda nuevamente al desalojo del asentamiento.
Gatobardo 1gracias por tus palabras . y buen fin de semana.