El Govern balear ha reclamado al Estado una mayor dotación de personal y financiación para poder asumir correctamente la gestión del litoral, competencia transferida en julio de 2023. Aunque la comunidad autónoma se encarga desde entonces de tramitar expedientes y autorizar usos del dominio público marítimo-terrestre, el Estado ha mantenido el cobro del canon y el control sobre las inversiones en la costa.
Desde la Dirección General de Costas y Litoral del Govern balear denuncian que la transferencia se realizó de forma deficiente, especialmente en lo que respecta a los recursos humanos. «Nos traspasaron sólo a 12 personas, pero para atender la situación se necesita una plantilla de unas 30 personas. Esa diferencia la hemos tenido que asumir desde la comunidad», han señalado fuentes del Ejecutivo autonómico a este rotativo.
En los últimos cuatro años, según datos del Govern, «el Estado ha recaudado cerca de 50 millones de euros en concepto de cánones por el uso del litoral en Baleares», pero no ha destinado ninguna partida significativa para su mantenimiento o mejora.
«No han invertido ni un duro», ha apuntado Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y Ciclo del Agua del Govern balear.
Comisión Mixta
Por ello, el Govern exige la convocatoria urgente de la Comisión Mixta prevista en el decreto de transferencias, con el objetivo de fijar las inversiones estatales que deben realizarse en el litoral balear. «Hay muchas necesidades urgentes: regeneración de playas, mejoras en acantilados, rampas de varada, muelles deteriorados o cuestiones de seguridad. Aunque nosotros damos las autorizaciones, el dominio público marítimo sigue siendo titularidad del Estado, por lo que le corresponde invertir», subrayan desde el Ejecutivo autonómico. Uno de los ejemplos que ponen sobre la mesa es el estado de algunos muelles y acantilados, cuya conservación compete al Estado pero no reciben atención.
Dotación presupuestaria
Además, denuncian que la dotación presupuestaria fue simbólica en concepto de inversiones, con lo que es imposible actuar sobre infraestructuras básicas. El Govern insiste en que la gestión del litoral debe ir acompañada de recursos económicos reales y medios humanos suficientes para cumplir con las funciones encomendadas.
«La transferencia fue insuficiente desde el inicio. Ahora exigimos que parte del dinero recaudado en Baleares se reinvierta aquí, donde de verdad hace falta», concluyen.
Imagínense el negocio que se desarrolla en las playas, dentro del dominio público y servidumbre de paso....de ese negocio, se tributan por concesión doce millones y medio al año....el chocolate del loro....