La propuesta para que el Govern pueda participar en la cogestión de los aeropuertos de las islas ha sido recibida con cierta cautela por instituciones y patronales de Ibiza, aunque consideran que sería positivo poder colaborar en la planificación de la actividad aeroportuaria. La presidenta balear Marga Prohens avanzó este lunes su intención de poder intervenir en el control de los aeropuertos de Baleares y que el Govern tenga poder de decisión en la regulación de los flujos de las aeronaves. Prohens aseguró que iba a formular estas peticiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«Tiene que dejarnos implicar en la cogestión de la principal infraestructura para la llegada de turistas y para la movilidad de los residentes», señaló este lunes la presidenta. Con esta cogestión, el Govern tendría capacidad de decisión en la regulación de las llegadas y salidas.
Desde la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera, el presidente Alfonso Rojo consideró ayer que, cuanto más cercana es una gestión, ésta puede llevarse a cabo de manera más real. «Veríamos con buenos ojos una participación mayor de la que tenemos, aunque podemos tener dudas sobre la viabilidad de poder realizar esta cogestión desde Baleares, pero sí reclamamos más peso», afirmó.
Sobre la necesidad de regular flujos y la operatividad aérea, Rojo reconoció que, una vez finalice la temporada y se analicen los datos turísticos, se podrá valorar en profundidad esta posibilidad puesto que ahora mismo «creemos que esta temporada no se van a batir récords, como muchos esperaban».
En Caeb Pitiusas, el vicepresidente José Antonio Roselló consideró que la propuesta de Prohens debe estudiarse «con precisión» y recordó que en las islas siempre se había deseado poder participar en Aena, aunque desde un punto de vista comercial puesto que los aeropuertos de Baleares son un buen escaparate para los visitantes que reciben allí una primera imagen turística del destino.
«Siempre se había dejado al lado el tema de la navegación aérea. La propuesta de la presidenta supone dar un paso cualitativo dentro de un cambio muy profundo. Es un tema que debe estudiarse con mayor precisión y ver si desde el punto de vista jurídico es posible, teniendo en cuenta la normativa europea y nacional. También habría que ver si la limitación de cifras es la medida más adecuada en relación a las políticas económicas», explicó Roselló.
Para el vicepresidente, se trata de propuestas «interesantes», aunque deben ser estudiadas a fondo, viendo si son viables y de interés para Baleares. También, si favorecerían determinados objetivos o complicarían la gestión.
La patronal hotelera pitiusa consideró que «tampoco estorba que el Govern balear pueda intervenir de una forma u otra en la gestión aeroportuaria». La Federación reiteró que participar en la planificación de flujos y movimientos de aeronaves sería bueno para las islas.
Consell
El Consell de Ibiza valoró ayer de manera positiva la solicitud de Prohens, una petición que el Govern ha hecho en reiteradas ocasiones y que responde a «una clara necesidad de aunar las políticas de contención que las administraciones autonómicas e insulares estamos adoptando desde hace tiempo con las políticas del ente aeroportuario, que ahora mismo son claramente expansivas, más cuando su objetivo es batir récords de pasajeros año a año».
Fuentes de la institución señalaron además que, en relación a Ibiza, pueden observarse «claras diferencias»» entre la visión que tiene Aena sobre la terminal y cómo la ve el propio Consell y los ayuntamientos, «empezando por el escaparate de ocio y alcohol en la que se ha convertido; estando llena de anuncios de discotecas, DJs y marcas de bebidas, y eclipsando todos los productos que realmente puede ofrecer Ibiza a sus visitantes y en cuya promoción la administración invierte mucho esfuerzo año a año».
El Consell también recordó que Aena ha recurrido la Ley de limitación de vehículos alegando que limitar el número de turismos de las empresas de alquiler puede ir en contra de sus intereses económicos. Por tanto, «estamos seguros de que la gestión autonómica primaría el interés general de la isla frente al interés monetario del ente», insistieron desde el Consell.
La institución también se refirió a ««otras diferencias» como todo lo relativo al tráfico interno y las numerosas retenciones que afectan a la red viaria insular, un problema que podría ser abordado de forma más efectiva con un interlocutor autonómico, concluyó.
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