«Limitar la compra de vivienda a extranjeros no es viable con la legislación vigente»

José Luis Mateo Hernández (Palma, 1970) heredó hace 15 meses una de las consellerias más delicadas del Govern. Este doctor y profesor en Derecho en la UIB asumió el reto de paliar la falta de vivienda asequible en el archipiélago balear. Ysigue empeñado en ello cuando ya se ha superado el ecuador de la legislatura. Mateo insiste en que el problema en vivienda es la falta de oferta. Y para solucionarlo hay que hacer más pisos que, a su vez, necesitan de terrenos disponibles. Tras presentar el proyecto de 18 VPO en Sant Antoni gracias a la compra de un solar perteneciente a la Sareb, el conseller Mateo atiende a Periódico de Ibiza y Formentera.           

— El PP lleva más de dos años al frente del Govern y encontrar pisos de alquiler a precios asequibles en Ibiza y Formentera sigue siendo una quimera. ¿Confía en encontrar la tecla?

— Estamos ante el principal desafío que tenemos, yo no le diría como Govern sino como sociedad, que es la vivienda. Y sabemos que es un desafío al que es muy complicado encontrar solución a corto plazo. Pero sí que tenemos que poner los mimbres y los cimientos para poder ir encauzando el problema y, desde luego, poder plantear soluciones tanto a corto, a medio como a largo. Y esa es nuestra intención. Tenemos un plan de choque con el que ponemos sobre la mesa ya planificadas cerca de 5.000 viviendas. De hecho, en el caso de Ibiza, se acercan a las 1.000 viviendas. Cuando se entra a gobernar hay que tomar conciencia de cuál es el principal desafío. Se fue muy consciente desde el minuto 1 de que era la vivienda, de ahí ese decreto ley de emergencia habitacional. Se ponen unas medidas, algunas de ellas más dedicadas a corto plazo, como la reconversión de locales, aumentar en altura o la división de viviendas en viviendas más pequeñas. Luego se ponen otras más a medio plazo, como puede ser coger terrenos de equipamiento, tanto público como privado, y que puedan dedicarse a la vivienda, el build to rent. Y luego, se pone sobre la mesa un nuevo tipo de vivienda de protección, que es la VPL. Pero seguimos siendo conscientes de que con eso no basta. Somos mucho más ambiciosos hemos aprobado en julio de este año la ley de obtención de suelo y de proyectos residenciales estratégicos. En este caso, aquí somos muy conscientes que, para empezar, necesitamos suelo. De ahí esta ley 4/2025, que lo que pretende es coger estos suelos urbanos y urbanizables que están pendientes de ejecución y agilizar al máximo la tramitación para que procesos que tardaban antes del orden de 10 a 15 años, pues ahora tarden de un año y medio a dos años. También tenemos que tratar de dirigir esa oferta de vivienda asequible para residentes en nuestras islas.

— ¿Confía en poder entregar alguna llave VPO en las Pitiusas ante de que acabe la legislatura? Porque el Govern de Armengol dejó por lo menos dos promociones ya en marcha en Vila y también en Formentera, que por diferentes cuestiones han sufrido retrasos.

— Aquellas promociones que están pendientes de entregar por el Ibavi, cuanto antes se puedan entregar y estén en disposición de ser entregadas, deben entregarse y se entregarán. En el caso del Sepes, apostamos que también va a adoptar las medidas necesarias para que se entreguen cuanto antes. Y en esto no tiene que mediar ningún tipo de color político. Aquí todos perseguimos el mismo objetivo.

— ¿Cree que los ayuntamientos podrían aportar más solares? Porque aquí en Ibiza, por ejemplo, Sant Josep no lo ha hecho, Sant Antoni tampoco, Sant Joan dice que no tiene...

— Sí, es cierto que en este caso nosotros siempre pedimos la máxima colaboración a todas las administraciones, también es cierto que en los casos que comenta –Sant Josep y Sant Antoni– se hallan inmersos en la modificación de sus propios planes. Entonces, es cierto que esperan a los resultados de ese plan para poder poner sobre la mesa esos suelos. De hecho, en la reunión que he mantenido con el propio alcalde y con la regidora de urbanismo (de Sant Antoni), se han puesto sobre la mesa las futuras localizaciones de esas posibles promociones futuras con viviendas de algún tipo de protección, tanto VPO como VPL.   

— Estas 18 VPO en Sant Antoni se levantarán en un solar que ustedes han comprado a la Sareb. ¿Hay más solares de la Sareb en Ibiza y Formentera que pueda comprar el Ibavi?

— Desde el Ibavi estamos en constante movimiento. Cualquier oportunidad que surja en ese sentido, estamos siempre dispuestos a ejercitar tanto los derechos del anterior retracto, cuando la ley lo permite, en las condiciones que la ley lo permita, como compra de suelo público a la Sareb. Desde el Ibavi podemos adquirir ese tipo de suelo a la Sareb, suelo público, pero no podemos comprar a privados, por lo que cuando existe la más mínima posibilidad, por supuesto, se abre la negociación inmediatamente para que el Ibavi pueda adquirirlo.       

— En septiembre anunciaron los dos primeros pisos alquilados en Ibiza a través del programa Lloguer Segur. ¿Por qué cree que no ha funcionado?

— Es cierto que todos esperábamos que con el programa Lloguer Segur tuviéramos ahora mismo un mayor número de viviendas y un mayor número de adheridos al programa. En ese sentido, creemos que es un programa que presenta muchas posibilidades, en el que somos muy ambiciosos, y quizá lo que falló inicialmente es esa previsión demasiado optimista en cuanto a cifras. Nos encontramos en una fase de estudio para tratar de mejorar las condiciones para, primero, hacerlo más atractivo, pero también para darlo mejor a conocer, porque nos hemos encontrado que en muchas ocasiones muchos propietarios nos han dicho que desconocían el programa, sus características, su funcionamiento, y ahí creemos que tenemos que dar una mayor promoción a un programa que a buen seguro puede proporcionar vivienda, además a un precio muy asequible. El gran secreto de este programa es que es de adhesión voluntaria: el propietario va a recibir una cantidad máxima y el inquilino va a pagar una cantidad reducida en un 30 % de ese máximo, que es el precio que asume la administración.   

— ¿Qué cree que es lo que ha fallado en Ibiza? ¿Por qué no se han puesto más pisos a disposición? ¿Porque el precio quizás no era el que esperaban los propietarios?

— Aquí se juntan muchos factores. Creo que debemos saber promocionar más el producto, darlo a conocer mejor. Vamos a mejorar las condiciones, una decisión tomada de la mano del propio sector, es decir, estamos en colaboración con los administradores de fincas y los agentes de la propiedad, los API, y en reuniones que hemos tenido con ellos hemos hecho una lluvia de ideas en las que hemos puesto sobre la mesa qué factores pueden ayudar a relanzar o a potenciar más este programa. Y uno de los aspectos era que hay muchos propietarios que tiene una casa que deberían realizar reformas, algún tipo de rehabilitación o mejoras para poder ponerla a disposición y les resultaría rentable ponerla en alquiler por el gasto inicial que necesitarían llevar a cabo. Estamos trabajando precisamente en esta línea, el poder facilitar obras de rehabilitación para luego poner esa vivienda a disposición. Otro de los aspectos clave es el tema de la burocratización e introducir la declaración responsable en alguno de los requisitos. Entonces, en alguno de esos requisitos vamos a tratar de introducir esa declaración responsable.

— Hay algunos sectores que piden prohibir o limitar la compra de vivienda a extranjeros. ¿Qué piensa sobre esto?

— En este caso, desde el Govern tenemos claro que hay que cumplir la ley. Y formamos parte de la Unión Europea para lo bueno, para lo malo, y para las condiciones de entrada, para las condiciones de salida, y del mismo modo también para someternos a los principios básicos de todo ciudadano de la Unión Europea. Y esos principios básicos nos hablan de libertad de prestación de servicios, de libre circulación, de libertad de capitales. Nosotros no podemos limitar ni la compra ni la venta a un ciudadano de la Unión. Ante esta respuesta, desde la oposición o algún sector se oye que hay países como Dinamarca o Malta que tienen limitadas esas compras a extranjeros. Y esto es cierto. Pero es cierto que esa circunstancia concreta se adquirió ya en el momento de la entrada de esos países en la Unión Europea. O sea, forma parte de su contrato de adhesión. Dicho lo cual, nosotros lo que seguimos es agotando todas las posibilidades que tenemos sobre la mesa, que la legislación vigente nos permite, para proporcionar vivienda asequible a los ciudadanos de Baleares.

— En los últimos años el Govern ha tenido que pagar auténticas millonadas para compensar a los propietarios de terrenos que quedaron protegidos en épocas del pacto. ¿Vale la pena el pago de todos esos millones? ¿Tiene aún litigios pendientes?

— Sí, todavía quedan litigios pendientes, la responsabilidad patrimonial siempre está ahí. Es cierto que la Administración se equivoca, pero lo que tampoco puede hacer la Administración es extralimitarse en sus funciones. Y en todo lo que tiene que ver con temas urbanísticos, y en todo lo que tiene que ver con la construcción de vivienda, yo creo que se han tomado decisiones que al final tienen trascendencia judicial desde un punto de vista eminentemente ideológico. Y esto es lo que desde mi punto de vista resulta absolutamente inadmisible. Por supuesto que tiene que haber zonas que son patrimonio de todos y que deben protegerse en nuestras cuatro islas. Esto nadie lo pone en duda.    Pero también es cierto que hay determinados suelos en los que, incluso ya estando prevista su construcción, se han desclasificado, por criterios puramente ideológicos. Y esto es lo que no puede permitirse porque nos hallamos en estos momentos, además, en una situación de emergencia habitacional. En cuanto a liberación de suelo se ha ido por la línea opuesta a la que se debería haber ido, que es la que nos encontramos ahora de liberar suelo que ya estaba previsto ser destinado para construirse.

— Vamos a hablar de los Don Pepe, si le parece. El alcalde de Sant Josep entonó el mea culpa esta misma semana diciendo que las administraciones en su conjunto no habían estado a la altura, que ellas habían sido las que habían creado este problema. ¿Está de acuerdo con él?

— Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo ahora podría utilizar el recurso fácil de que fue todo ello bajo el Govern del Pacte, que lo fue, porque es verdad que aparentemente sin una causa que pudiera resultar suficientemente justificada pues se dejó a unos residentes sin hogar. Y es cierto que a partir de ahí se ha empezado a trabajar para poder solucionar el problema. Desde luego yo también, y me sumo al alcalde, es insostenible e inadmisible que los vecinos se encuentren en esta situación. Pero lo cierto es que desde que estamos en el Govern se han hecho y se han adoptado las medidas para dar solución a ese problema que, insisto, ya lleva más de cinco años. Como Govern dimos un paso al frente audaz y valiente porque, tomando como base un informe que hizo en su momento el Consell d’Eivissa, se llegaron a una serie de conclusiones que creemos que van a facilitar la labor del Ayuntamiento de Sant Josep para poder dar esa solución definitiva a los propietarios. Nos consta que el alcalde y su equipo están trabajando en esa doble vía de, por una parte, echar para atrás la declaración de ruina y, por otra parte, reconocer que en última instancia esos edificios tuvieron la licencia de tal manera que eso permita realizar las obras de consolidación que al final permita volver a su hogar a esas familias que nunca debieron salir de allí.       

— ¿Confía que Sant Josep encuentre pronto la solución? Es decir, que los vecinos tengan la licencia de obras para reformar sus apartamentos. ¿Cuánto tiempo puede pasar?

— Con el corazón le digo que tiene que ser lo antes posible. No es que me gustaría, es que tiene que ser lo antes posible. Creo que es una solución a la que se habrá llegado gracias, fundamentalmente, al Consell d’Eivissa, que desde el primer momento su presidente se puso a nuestra disposición. También, lógicamente, quiero dar gracias especialmente a los directores generales de la Conselleria y a la Abogacía de la Comunidad Autónoma, pero sobre todo al alcalde, que es el que, a pie de calle, ha estado viviendo esos cinco años de sufrimiento de estas familias y que, al final, va a tener la responsabilidad de dar solución con las herramientas que se han proporcionado en esa comisión de seguimiento. Y, ojo, gracias a la infinita paciencia de las familias. Agradecerles su paciencia, su infinita amabilidad. Desde el Govern se siguen pagando las ayudas, se prorrogaron, y hasta que no esté solucionado el problema, se seguirán pagando las ayudas.

— Hábleme de esta carretera del aeropuerto, que cada vez que llueve copiosamente se inunda. ¿Encontrarán la solución para que no se vuelva a repetir estas imágenes?

— Aquí sí que estamos trabajando en las dos vertientes, tanto a corto como a largo. A corto plazo no queremos permitirnos que vuelva a suceder y ya estamos trabajando. Para poder evacuar, para poder solucionar ese problema de drenaje, el poder contar con la UME aquí fue de una ayuda inestimable. A muy corto plazo, se está trabajando para reducir al máximo el riesgo de inundación, mientras que a medio y largo plaza se tienen que acometer las obras necesarias para solucionar el problema de drenaje estructural.

— En el PP se culpa de estas inundaciones a la izquierda por no acabar el proyecto original de la autovía, mientras que la izquierda culpa al PP por construir una carretera en trinchera.

— Yo quiero solucionar el problema, no buscar culpables. Y estas obras no se podrán hacer si no hay coordinación con otras administraciones. Lo esencial para mí es una buena labor de coordinación para solucionar el problema.