El Gobierno del Ayuntamiento de Ibiza impidió este jueves que saliera adelante una moción del PSOE que tenía como objetivo evitar que cargos públicos y medios de comunicación puedan referirse a las mujeres políticas y periodistas como «charo». El término se popularizó hace años en foros de internet y recientemente el Instituto de las Mujeres anunció que había realizado un controvertido estudio sobre el uso de este nombre para referirse despectivamente a las mujeres de izquierdas.
La moción del PSOE está relacionada con una queja de la asociación Dones Progressistes relativa a un artículo de opinión publicado el pasado mes de diciembre por Joan Miquel Perpinyà en Periódico de Ibiza y Formentera. En su columna, Perpinyà se refería a la consellera insular del PSOE Elena López como «charo», algo que no gustó a la entidad presida por la exconcejal socialista Montserrat García. Y algo que este jueves el PSOE convirtió en una moción que ha sido rechazada con los votos del PP y de VOX. La concejal de Igualdad, Sara Barbado, dejó claro que el Gobierno de Vila rechaza «cualquier comentario sexista». Pero también subrayó que «es exagerado convertir una opinión periodística en una moción». «El pleno no es el lugar para convertir la opinión de un periodista en arma política», según destacó Barbado y añadió que «así no se protege a las personas ni se fomenta la convivencia».
La responsable municipal de Igualdad también recriminó a los socialistas no haber llevado al pleno para su condena «las actuaciones con mujeres de varios líderes» de este partido. Y mostró su sorpresa ante la indignación del PSOE por el uso de este término dada su forma de dirigirse habitualmente a los dos concejales de VOX, a los que suelen tildar de «fascistas», entre otros calificativos despectivos. Y a los que justo en este debate la socialista Clara Roselló, que defendió la moción, se refirió como «los señores que tengo aquí delante».
El portavoz de VOX, Héctor Andrés afirmó que impedir que los concejales y los periodistas se expresen libremente y dentro de los términos que indica la educación «es peligroso para la libertad de expresión». «El debate público es plural y, a veces, incómodo», según destacó. Y rechazó «el marco de censura moral o semántica basado en criterios ideológicos» que ha llevado el PSOE al Pleno en forma de moción.
La igualdad fue también motivo de disputa en el salón de plenos de Can Botino por la aprobación definitiva del reglamento que regulará el uso del Casal d’Igualtat de Ibiza. Un reglamento que, según destacó Sara Barbado, permitirá abrir este espacio tanto a mujeres como a hombres. Barbado señaló que, durante el mandato del PSOE y Podemos, cuando se inauguró el casal, a este espacio solo podían acceder entidades de mujeres. Con el nuevo reglamento «el uso es universal» y podrán acceder todas las entidades y colectivos que defiendan «la igualdad real», señaló la concejal de Igualdad.
Los socialistas rechazaron este argumento y defendieron sus alegaciones presentadas al reglamento y que no fueron aceptadas por el Gobierno municipal. Alegaciones como la relativa a que solo se puedan realizar en el casal actividades relacionadas con la igualdad y no con otros temas. En este sentido, la socialista Roselló explicó que existen otros espacios como Can Casals (la antigua sede del GEN) o el futuro centro polivalente de Sa Peixateria para llevar a cabo acciones al margen de las relacionadas con la igualdad. Sin embargo, según destacó, el casal podrá acoger estas iniciativas mientras estos espacios públicos son acondicionados para celebrar otros eventos.
A si?, pues vamos a empezar. Lo que hoy The Washington Post presenta como una “amenaza” —crear un órgano oficial para investigar el autismo— fue exactamente lo que muchas personas exigimos durante la época covid. Investigar de manera fehaciente. Auditar datos. Revisar protocolos. Separar ciencia de negocio. Y hacerlo sin tutela de la industria farmacéutica ni de organismos internacionales convertidos en actores políticos, como la OMS. Eso fue lo que se pidió. Eso fue lo que se castigó. Quienes reclamamos investigación independiente recibimos censura, linchamiento mediático y aislamiento social. Se nos negó la condición de interlocutores y se nos asignó la de peligro. Por eso este artículo no va dirigido al público. Va dirigido al poder institucional. El mensaje es transparente: investigar fuera del perímetro autorizado sigue siendo una amenaza, incluso años después. No importa que la propuesta parta de Robert F. Kennedy Jr. ni que se limite a estudiar. El problema es el precedente: admitir que ciertas decisiones pasadas merecen revisión. Nadie quiere tener que asumir responsabilidades acerca de algo que pudiera decidirse mal en el pasado, bien por error, bien por presiones políticas y económicas. Por eso, esto no va de vacunas ni de diagnósticos. Va de algo más profundo: la reivindicación tardía de una demanda que fue criminalizada. Los que entonces fuimos llamados negacionistas pedíamos exactamente esto. Método. Transparencia. Independencia. Nada más. Nada menos.