El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado este jueves una moción presentada por el grupo municipal Vox para combatir la okupación ilegal de viviendas en el municipio y reclamar al Gobierno central cambios legislativos que permitan una actuación más rápida frente a estos casos. La iniciativa salió adelante parcialmente, con el respaldo de la derecha con 12 votos a favor de los puntos primero, cuarto y quinto de la moción, mientras que los puntos segundo y tercero no prosperaron. La propuesta fue defendida por la portavoz de Vox en Sant Josep, Araceli Colomar, quien argumentó que la moción viene motivada por «un nuevo caso de allanamiento de morada» en el municipio y por la preocupación vecinal ante lo que definió como un fenómeno creciente. Durante su intervención, criticó que desde el Ejecutivo central se minimice la magnitud del problema y habló de «hipocresía» por destinar fondos públicos a proteger inmuebles estatales mientras se niega la existencia de un conflicto real en la sociedad.
Entre los acuerdos aprobados figura la condena expresa de las okupaciones irregulares y el compromiso del Ayuntamiento de instar al Gobierno de España a modificar la legislación vigente para reforzar la defensa de la propiedad privada y agilizar los procedimientos de desalojo. También se acordó reclamar más medios y herramientas jurídicas para que las administraciones puedan actuar con mayor eficacia. Uno de los puntos centrales del debate fue la propuesta de crear una oficina municipal antiokupación, concebida como un órgano de apoyo y asesoría legal para víctimas de usurpación ilegal de inmuebles. Sin embargo, este apartado no obtuvo el respaldo suficiente y quedó fuera del acuerdo final.
Actuación policial
Tampoco prosperó el punto relativo a incrementar la actuación policial en zonas con viviendas okupadas. En este sentido, desde el equipo de gobierno se argumentó que algunas de estas medidas exceden las competencias municipales o ya se están aplicando en la práctica dentro del marco legal existente. Durante el pleno, la portavoz de Vox defendió que el problema no es «residual» y citó diversos contratos adjudicados por el Estado para la instalación de puertas antiokupación, sistemas antivandálicos y alarmas en inmuebles públicos. Según expuso, en 2025 se habrían destinado más de 700.000 euros a este tipo de actuaciones, además de otros contratos de cuantía superior vinculados a la protección de patrimonio público. «Si la ocupación no existe o es un fenómeno tan minoritario, ¿por qué se gastan tanto dinero público en blindar viviendas?», cuestionó.
Asimismo, destacó la necesidad de dotar a los ayuntamientos y a las fuerzas de seguridad de instrumentos legales que permitan devolver una vivienda a su propietario en menos de 48 horas en casos de allanamiento. El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, intervino para matizar que el Ayuntamiento ya ha proporcionado formación específica a la Policía Local en materia de okupación ilegal y que, dentro de sus competencias, se actúa siempre que es posible. Recordó que el municipio no tiene atribuidas funciones propias de la Guardia Civil o la Policía Nacional, aunque en determinadas ocasiones la Policía Local ha tenido que intervenir ante intentos de okupación.
En este sentido, explicó que recientemente se registraron tres intentos de okupación en diferentes edificaciones, donde los agentes locales actuaron para evitar que prosperaran. El primer edil señaló que la okupación es «uno de los grandes problemas» que desincentiva la salida de viviendas al mercado de alquiler, especialmente en un contexto de fuerte presión residencial. El debate evidenció posiciones enfrentadas entre la derecha y la izquierda sobre el alcance real del fenómeno y sobre la respuesta institucional más adecuada. Finalmente, el pleno acordó condenar las okupaciones ilegales, instar al Gobierno de España a combatirlas con los medios necesarios y reclamar una modificación de la legislación vigente para reforzar la protección de los propietarios. Con esta moción, Sant Josep se suma a otros municipios que han debatido en los últimos meses iniciativas similares en el ámbito local, en un contexto de tensión por el acceso a la vivienda en zonas de alta demanda como Ibiza.