La marcha en Ibiza de hasta 22 guardias civiles ha causado, como era de esperar, malestar y preocupación entre las instituciones y las patronales pitiusas. La asociación profesional JUCIL anunció el miércoles el «éxodo» de agentes en Baleares tras la resolución del último movimiento nacional de vacantes. En concreto, Ibiza pierde un total de 22 efectivos, teniendo en cuenta que se van 27 y sólo llegan cinco. En Formentera la cifra no varía puesto que se marcha un guardia civil y llega otro.
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, lamentó ayer que la fuga de hasta 22 guardias civiles «no es más que la constatación de la dejadez del Estado» en Ibiza.
Según puntualizó, «hace muchos años que venimos reclamando un plus de insularidad digno que permita fidelizar plantillas, de la misma manera que el Govern ha hecho con sanitarios y en el sector de la Educación logrando que Ibiza y Formentera sean destinos atractivos para los trabajadores. En el caso concreto del Estado, además, resulta sangrante que la carestía de la vida y los problemas de vivienda sean absolutamente ignorados por el Gobierno de Pedro Sánchez, y más cuando nos consta que Ayuntamientos de la isla han puesto a disposición de la Administración General del Estado solares para que puedan hacer equipamientos dotacionales destinados a sus trabajadores».
A pesar de ello, según lamentó Marí, en los planes de inversiones del Ministerio del Interior aprobados a posteriori no se prevé ni un solo euro para edificar en estos solares.
«Cuando el Estado tiene interés se mueve y es imaginativo en la búsqueda de soluciones habitacionales para sus trabajadores, como ha quedado constatado en la reciente inauguración del Parador. ¿Por qué no puede poner el mismo empeño cuando se trata de plantillas de la Guardia Civil o de la Policía Nacional? Parece que la isla de Ibiza sólo es vista por Pedro Sánchez como una caja registradora muy rentable, pero no nos corresponde con los esfuerzos que la ciudadanía merece», manifestó el presidente.
El Ayuntamiento de Ibiza también reclamó al Gobierno que atienda a sus obligaciones en el municipio. Según lamentaron fuentes municipales, por sistema, los proyectos que tienen intervención estatal siempre sufren retrasos, falta de respuesta, parálisis y servicios deficientes que repercuten directamente en el ciudadano.
«El Gobierno de España debe garantizar una correcta presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y unas condiciones de vida dignas para los funcionarios, entre los que están los de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El Ejecutivo central dispone de las herramientas y de toda la colaboración del Ayuntamiento para cumplir con sus obligaciones en nuestro municipio, como la construcción de viviendas para policías nacionales en un solar cedido para ello», indicaron desde el Consistorio. En este sentido, lamentaron que el proyecto para construir vivienda pública destinada a funcionarios y agentes en el solar anexo a la Comisaría lleva más de 11 años sin avances significativos. «En 2025 anunciaron que se incluiría una residencia para la Policía Nacional en ese solar, pero el reciente Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029 no contempla actuaciones en dicha parcela y siguen sin dar respuesta a estos problemas, ignorando a los ciudadanos de Ibiza. El Ayuntamiento ha solicitado incluso que nos cedan el solar para impulsar nosotros esas viviendas, a lo que el Gobierno de España no ha dado respuesta», concluyeron.
Patronales y sindicatos
El presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera recordó que, como hacen todos los años, tienen previsto reunirse antes del inicio de la temporada con las fuerzas y cuerpos de seguridad para interesarse por el estado de las plantillas.
Al mismo tiempo, Rojo lamentó que la fuga de agentes «no es una buena noticia», más «cuando entendemos que las empresas nos preocupamos de tener los equipos armados para el inicio de la temporada».
«Siempre hemos puesto en valor que las Pitiusas son un destino turístico seguro y eso se consigue teniendo dotaciones de agentes suficientes. Los mandos nos tranquilizan diciendo que, cuando se necesitan con urgencia dispositivos, se tienen, pero a nosotros lo que nos gusta es contar con gente que esté sobre el terreno y que incluso haga aquí un proyecto de vida», reconoció Rojo.
«No nos vamos a cansar desde Pimeef de pedir un aumento salarial para los funcionarios y que se reconozca un plus de insularidad justo y real», concluyó.
Pedro Campillo, secretario general de UGT en las Pitiusas, expresó también su preocupación por esta misma cuestión, calificando como «un desastre» la situación que viven las islas en relación a los empleados públicos, sobre todo si se habla de guardias civiles que deben garantizar la seguridad de los ciudadanos.
«También afecta al resto de empleados públicos en Ibiza y Formentera. No quieren venir a las islas porque para ellos es un castigo, y no sólo por el problema de la vivienda, sino por la carestía de la vida. Ni las subidas anuales del IPC ni los sueldos se adecúan a este coste», insistió.
Desde UGT reiteraron la importancia de equiparar el plus de insularidad con el que perciben los funcionarios de Canarias, donde la cesta de la compra es además mucho más barata.
Que miren cuantos guardias que tienen vivienda propia las tienen en alquiler y ellos viven en la casa cuartel… las que pagamos todos para que los que vienen de fuera tengan para trabajar y las tienen adjudicadas quien no la necesitan.