El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este jueves una moción presentada por el PP a través de la cual solicitará al Gobierno de Pedro Sánchez la prohibición de acceso a edificios de titularidad pública a mujeres que porten velo integral como el burka. En la misma moción, el Consistorio ha declarado este tipo de vestimenta como «una forma de opresión y sumisión, quedo atenta contra los derechos fundamentales de igualdad y dignidad de las mujeres».
La moción contempla también el rechazo del Ayuntamiento a prácticas como los matrimonios forzosos y la ablación genital por considerar que son «contrarias a los valores elementales» de la sociedad de Ibiza. Finalmente, se ha aprobado también la solicitud tanto al Gobierno central como a la UE de una legislación más contundente contra los responsables de este tipo de prácticas.
La concejal de Igualdad, Sara Barbado, ha asegurado que es necesario «evitar» que las mujeres musulmanas en Ibiza se vean obligadas a someterse a este tipo de prácticas. Barbado ha admitido que hasta este momento no se han detectado en la ciudad mujeres que porten velo integral. Tampoco hay constancia de casos de matrimonios forzosos o de ablación genital. Sin embargo, ha insistido en que es necesario posicionarse contra este problema.»
Libertad de la mujer
El portavoz de VOX, Hector Andrés, ha recordado que su partido ha presentado mociones similares en el pasado y ha subrayado que esta formación «no criminaliza a nadie». «Pedimos la libertad de las mujeres que sufren opresión por parte de religiones extremistas», ha dicho, «religiones, que por desgracia, tienen la bienvenida de quienes gobiernan en este país».
La socialista Clara Roselló ha aprovechado la moción para arremeter contra el PP, al que ha acusado de «oportunismo electoral» y de «rascar crispación y fomentar el odio y el rechazo». Rosello ha asegurado que el PP pretende «estigmatizar a un colectivo concreto» y que prohibir el acceso de mujeres con velo integral a edificios públicos «solo consigue aislarlas».
Barbado ha puesto de manifiesto la hipocresía del PSOE con respecto a la defensa de los derechos de la mujer. En este sentido, ha recordado cómo los socialistas dicen estar en contra de la prostitución, pero, a la vez, esta práctica se encuentra en el centro de algunos de los casos de presunta corrupción que rodean al PSOE en estos momentos. Palabras a las que Roselló no ha respondido.
La concejal de Podemos Guadalupe Nauda ha denunciado, por su parte, que en la ciudad de Ibiza «hay un colectivo musulmán importante» en el que se puede observar que la forma de relación entre hombres y mujeres es «totalmente diferente» a la habitual en España. Por ello, Nada ha subrayado que «todo lo que sea ayudar a estas mujeres está bien». También ha explicado cómo muchas de ellas son obligadas a permanecer en casa sin trabajar y viviendo bajo la amenaza de que sus maridos se lleven a sus hijos a Marruecos. Por ello, Nauda ha votado a favor de esta moción.
Por otro lado, PSOE y Podemos han defendido ante el Pleno sendas mociones con el objetivo de que el Ayuntamiento de Ibiza muestre su apoyo público al proceso de regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes irregulares, promovido por el gobierno del socialista Pedro Sánchez. En ambos debates, el PP ha dejado claro que defiende la llegada de inmigrantes a España siempre que esta sea legal y que rechaza la regularización debido a que las administraciones municipales carecen de los medios necesarios para afrontar la avalancha de solicitudes que se prevé que reciban. La concejal de asuntos sociales, Lola Penín, ha explicado que solo en Ibiza podrían llegar a recibirse miles de peticiones y ha asegurado que el Consistorio no tiene capacidad para afrontarlas. Por ello, ha exigido al Gobierno central que, antes de acometer un proceso de regularización, dote a las administraciones responsables de los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para poder llevarlo a cabo.
Penín, además, ha recordado que la socialista Carmen Boned, responsable de Asuntos Sociales durante el anterior mandato, dejó sin tramitar más de 500 expedientes de reagrupación familiar, lo que provocó que muchos de estos caducaran. Un hecho por el que Penín considera que el PSOE no tiene argumentos para justificar la regularización extraordinaria.