El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares ha llevado a cabo una jornada este miércoles en el Casal d’Igualtat para tratar de resolver las múltiples dudas que tanto los propios administradores como los ciudadanos puedan tener. Aprovechando la ocasión, su presidente, Antonio Jaume Montserrat (Palma, 1975), ha atendido a Periódico de Ibiza y Formentera.
— ¿Cuáles son las dudas más habituales en jornadas como esta?
— En materia de propiedad horizontal, es decir, de comunidades de propietarios, las dudas son casi infinitas, porque las comunidades generan muchísimas cuestiones y muchísima casuística: desde si un presidente tiene obligación de serlo a cuestiones que están muy de moda ahora, por ejemplo, las obras de rehabilitación energética con ayudas que hay de fondos europeos o de fondos estatales, además de las típicas de conviviencia. Luego también están las consultas en temas de arrendamientos y alquileres, tanto de propietarios, como de los inquilinos. Además, también estamos resolviendo dudas respecto al plan Lloguer Segur.
— En Ibiza hay falta de profesionales en prácticamente todos los sectores. ¿Cómo es la situación en el sector?
— En el sector de administración de fincas hay una saturación de trabajo: los administradores tienen más trabajo del que pueden asumir, pero pasa en todos los sectores, especialmente en Ibiza, pero también pasa en Mallorca e incluso en Menorca, pasa en arquitectos o aparejadores o abogados, estamos actualmente viviendo un momento de saturación profesional. En este sentido nuestro sector es igual que cualquier otro. Actualmente hay en Baleares 307 colegiados, y 42 de ellos son en Ibiza.
— ¿Cuantos colegiados debería haber para que no existiera esa saturación?
— Sería muy difícil decirte esa cifra porque depende de los vaivenes de la economía. Quiero decir, hace 10 o 15 años, esos 42 eran más que suficientes. Hoy hay una bonanza económica, más especialmente en Ibiza, y hay esta situación de saturación. Pero, ¿qué ocurrirá de aquí 10 años? No lo sabemos. Por ello es difícil dar una cifra. Si hoy se incorporasen 10 administradores de fincas más en Ibiza, tendrían trabajo esos 10, seguro. Ahora, yo no me atrevo a decirte que faltan 10, faltan 18 o faltan 7, porque además no son estadísticas tasadas. No tenemos el censo de edificios plurifamiliares en Ibiza.
— ¿No existe ese censo?
— No. Es un dato que no se tiene, no solo en Ibiza, sino en general. De hecho, el Govern Balear está trabajando ahora, y nosotros colaboramos en ello, con un Observatori del Habitatge que lo que pretende es poner cifras a todas las cuestiones relativas a la vivienda. Aunque parezca mentira, el Ayuntamiento de Ibiza no sabe cuántas comunidades de propietarios existen en Ibiza, pero tampoco lo sabe el colegio. Tampoco nadie tiene obligación de dar esos datos.
— Respecto al programa Lloguer Segur que comentaba antes, ¿por qué no funcionó como se esperaba?
— Es cierto que se firmaron pocos contratos, pero hay que entender que a veces el problema es la diferencia entre cómo la administración vende una noticia y el alcance de la medida real. Lloguer Segur pasa por un filtro, que es conseguir que los propietarios que tienen viviendas vacías las aporten a ese lado. Y esa es la labor más difícil. Conseguir que un propietario que tiene una vivienda vacía, que probablemente ha tenido una mala experiencia, la saque al mercado. Es decir, hay una serie de resistencias y tienes que vencer a la resistencia de ese propietario. Y esto se hace muy poco a poco. En Baleares se han firmado actualmente más de 80 contratos. Claro, hay quien dice que 80 contratos es un fracaso, pero esto es una carrera de fondo y si al final en 5 años consigues haber aportado 500 viviendas que estaban vacías que vuelvan al mercado, no es un fracaso. Lo que quiero decir es que no vamos a sacar 10.000 viviendas vacías porque tampoco creemos que existan 10.000 viviendas vacías. Este era un plan que tenía un alcance limitado. Esas 80 viviendas que han salido al mercado, si fueran de obra nueva, habrían costado unos 10 millones de euros.
— ¿Existe un miedo por parte de los propietarios por parte de los propietarios ante la ocupación y los impagos?
— Los propietarios, y esto es una realidad que todos gestionamos a diario, se encuentran con circunstancias de un término que, aunque a mí no me gusta, es una realidad, el de la ‘inquiocupación’. Puede ser un inquilino que deja de pagar o que no se va de la vivienda una vez su contrato finaliza y este no se le renueva. En muchos de esos casos el inquilino declara vulnerabilidad. Y todos estamos de acuerdo, que la vulnerabilidad hay que atenderla, pero la tiene que atender la administración pública. Lo que no puede ser, que es lo que viene ocurriendo desde hace cinco años, desde el COVID, es prorrogar una norma que diga: ‘pues si esa persona está en situación de vulnerabilidad, no la sacamos de la vivienda’. Entonces lo que estás haciendo es cargar la atención a la vulnerabilidad al propietario. El propietario no cobra y el día que la recupere no la va a volver a poner en el mercado de alquiler. El que está fuera de ese mercado y oye esa experiencia, te dice ‘tengo miedo a ponerla en alquiler’. Eso trabaja en contra precisamente del mercado: trabaja en contra de los intereses de la gente que necesita encontrar un piso, porque para encontrar un piso lo que necesitamos es más pisos en el mercado y que las personas que lo tengan tengan seguridad. Seguridad en el sentido de que ellos van a poner el piso en alquiler y que el arrendatario va a pagar la renta, y que si no paga la renta, pues se resolverá aquel contrato, no hay más.
— ¿Acuden también arrendatarios por subidas ilegales de sus rentas?
— No digo que no existan, pero son casos excepcionales. Nosotros eso no solo no lo defendemos, sino que lo condenamos. Es decir, aquí hay una regulación muy clara, por ejemplo, el Gobierno limitó las subidas de alquiler en vivienda al Índice de Garantía de Competitividad primero, y luego al Índice de referencia de viviendas de alquiler, que ronda el 2 %. Ese es el marco legal y al que tenemos que referirnos. Pero claro, estamos hablando durante la vida del contrato. Eso no significa que quien alquiló por un precio y ha aplicado el aumento legal que tiene que aplicar, una vez que finaliza ese contrato, no vuelva a alquilar por el precio que el mercado le permita. Si lo alquilo por 500 y hoy lo puedo alquilar por 1.000, pues al terminar ese contrato, el propietario puede ponerlo a ese precio.
más inmigración, menos casas.