El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha recibido la autorización judicial necesaria para proceder a la entrada en un domicilio particular y en las zonas comunes de su comunidad de propietarios, con el fin de llevar a cabo una intervención mediante ejecución subsidiaria. Esta acción se pone en marcha para resolver una situación que no ha sido atendida de forma voluntaria por la persona titular del inmueble, a pesar de los requerimientos previos de la administración.
La intervención responde a la acumulación de una gran cantidad de residuos tanto en su vivienda como en zonas comunes del edificio, principalmente en el aparcamiento y en dos vehículos estacionados. Esta situación puede generar riesgos sanitarios y de higiene, además de afectar a la convivencia vecinal, a la salubridad del entorno y suponer un posible riesgo en caso de incendio.
El procedimiento administrativo que ha culminado en esta autorización judicial se inició formalmente en agosto de 2025. Dicho inicio se produjo tras completar, previamente, un exhaustivo proceso de recopilación de datos y la realización de todos los trámites preceptivos, garantizando en todo momento el cumplimiento de la legalidad y los derechos de las partes implicadas. La incoación del expediente fue la respuesta a una situación que requería una solución para salvaguardar el interés general y el bienestar de la comunidad de propietarios afectada.
La decisión de recurrir a la ejecución subsidiaria se fundamenta en la falta de respuesta y de acciones correctivas por parte de la titular de la vivienda. La administración municipal ha agotado las vías de diálogo y los requerimientos formales para que la situación fuera resuelta de manera voluntaria, sin obtener los resultados esperados. Ante esta circunstancia, y en ejercicio de sus competencias, el Ayuntamiento ha procedido a solicitar la intervención judicial para poder actuar directamente.
La autorización judicial obtenida recientemente es clave en el procedimiento, ya que dota de plena cobertura legal a la actuación municipal. Permite el acceso tanto al interior de la vivienda como a los elementos comunes del edificio que sean necesarios para ejecutar los trabajos planificados. La intervención será llevada a cabo por los servicios municipales correspondientes, que ya están coordinando el operativo para garantizar una ejecución eficiente y segura.
Actualmente, se está finalizando la planificación de los trabajos. El Ayuntamiento estima que la intervención podrá concluirse en un plazo aproximado de un mes desde su inicio. Durante este periodo, se tomarán las medidas oportunas para minimizar las posibles molestias a los residentes del inmueble y de la zona. El consistorio supervisará de cerca todo el proceso para asegurar que se alcanzan los objetivos marcados y se soluciona definitivamente la problemática que originó el expediente.
En todo este procedimiento, los Servicios Sociales municipales han estado implicados desde el inicio, prestando asistencia directa y seguimiento a la situación. La actuación se llevará a cabo también con su apoyo y acompañamiento, con el objetivo de minimizar el impacto de la intervención y garantizar una atención adecuada a la persona afectada.
Un titular super irrespetuoso. Esta persona como está claro tiene un problema de enfermedad mental. Muy feo R.I