La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) ha aprobado en su comité insular, celebrado este sábado por la mañana, una resolución para proclamar un «no a la guerra», defender el derecho internacional y reclamar a las instituciones de la isla medidas para hacer frente al encarecimiento de los precios, especialmente de los carburantes.
Durante la reunión también se dio luz verde a una segunda resolución centrada en el derecho a la vivienda, en la que los socialistas vuelven a reclamar la limitación del precio del alquiler ante unos incrementos que ya alcanzan el 18% interanual en algunos municipios de Ibiza.
El secretario general de la FSE-PSOE, Vicent Roselló, denunció las consecuencias de lo que calificó como políticas «trumpistas», señalando que el conflicto bélico en Oriente Medio no solo tiene un dramático impacto humano, sino también efectos económicos directos. «Esta guerra que nadie ha pedido la pagamos cada vez que los ibicencos vamos a las gasolineras a repostar nuestros coches», afirmó.
Por ello, Roselló reclamó que todas las instituciones gobernadas por el Partido Popular (ayuntamientos, Consell d’Eivissa y Govern) se sumen a la propuesta socialista para aprobar de forma unánime una declaración de «no a la guerra», acompañada de medidas urgentes para paliar el incremento del precio de los combustibles.
La resolución aprobada por el comité insular expresa la preocupación de los socialistas de Ibiza ante la escalada bélica en Oriente Medio y reafirma el compromiso del partido con el respeto al derecho internacional y con los mecanismos multilaterales como única vía para garantizar la paz y la seguridad globales.
El texto también condena cualquier acción militar unilateral que no cuente con cobertura del derecho internacional y rechaza los ataques contra población civil, como los bombardeos contra infraestructuras educativas o sanitarias que han provocado numerosas víctimas.
Asimismo, la FSE-PSOE respalda la decisión del Gobierno de España de no autorizar el uso de bases militares situadas en territorio español para actuaciones que puedan contribuir a una escalada del conflicto y defiende la soberanía del Estado ante cualquier presión externa.
Los socialistas alertan además de que una intensificación del conflicto podría tener consecuencias económicas directas para las familias de Ibiza, especialmente a través del aumento del precio de la energía, los carburantes y los alimentos, por lo que instan tanto a Govern como a Consell a anticipar medidas para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía.
Advertencia sobre la crisis de vivienda
En relación con la vivienda, Roselló alertó de que con el inicio de la temporada turística vuelven a proliferar en la isla campamentos de infraviviendas, caravanas y construcciones precarias, una realidad que, según denunció, se repite en los últimos años ante la falta de medidas efectivas.
El dirigente socialista acusó al PP de «no hacer absolutamente nada para revertir esta situación» y sostuvo que las políticas de los populares responden a intereses «puramente especulativos», priorizando el rendimiento económico del territorio y del suelo frente al derecho de los jóvenes a emanciparse o la dignidad de los trabajadores.
Además, advirtió de que la «turistificación extrema» y el deterioro de servicios públicos como la sanidad están llevando a muchos residentes a plantearse abandonar la isla. En este sentido, reclamó un compromiso real para encontrar un equilibrio entre la industria turística y el bienestar de la población.
La resolución sobre vivienda aprobada por el Comité Insular alerta de que el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en una «auténtica emergencia social» en Ibiza. El documento recuerda que tanto el precio de compra como el del alquiler han experimentado fuertes incrementos, expulsando del mercado residencial a la clase media y trabajadora, a jóvenes y a numerosas familias, incluso con empleo estable.
Los socialistas también denuncian la negativa del Govern, presidido por el PP, a declarar Baleares como zona de mercado residencial tensionado, una medida contemplada en la ley estatal de vivienda que permitiría limitar el precio de los alquileres y contener la escalada de precios.
Ante esta situación, la FSE-PSOE propone impulsar un gran pacto político y social para garantizar el derecho a la vivienda, apoyar las medidas estatales de protección ante situaciones de vulnerabilidad, actuar contra el alquiler turístico ilegal y exigir al Govern balear que declare de forma inmediata a la comunidad como zona de mercado residencial tensionado.
La guerra es culpa de Vicent Marí.