El senador progresista Juan José Ferrer, de Eivissa i Formentera al Senat, defenderá el próximo miércoles en el Senado una moción para solicitar al Gobierno que garantice la «incompatibilidad absoluta» de los cargos públicos para acceder a las viviendas protegidas de Ca n’Escandell. Esta petición afectará también a los funcionarios y empleados públicos «con capacidad de decisión directa o indirecta en el proceso». Y también al personal eventual de la Administración, aunque, en este caso, no especifica si han de tener o no relación con este proyecto mediante el que se prevé la construcción de 532 pisos de alquiler a precio asequible.
No quedarán ahí las condiciones pues en la moción Ferrer indica también que no podrán acceder a esta promoción los «familiares directos» con el objetivo de «evitar cualquier conflicto de interés o situación de trato de favor».
La petición de Ferrer tiene especial incidencia en el caso de los funcionarios dado que Ibiza sufre en estos momentos un importante déficit de este tipo de trabajadores asociado fundamentalmente a la falta de vivienda y la carestía de la vida en la isla. Sin embargo, Ferrer considera que han de tener prioridad los residentes «que puedan acreditar un mínimo de cinco años de empadronamiento». Y, además, apunta en su moción que los adjudicatarios principales han de ser «colectivos en situación de vulnerabilidad» como «familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género y personas mayores».
En la moción, el senador de la coalición integrada por el PSOE, Sumar y Ara Eivissa, pide también que se supervise «de manera exhaustiva« el proceso de adjudicación de estas viviendas para «salvaguardar la legalidad, la objetividad y la plena transparencia en todas las fases del procedimiento». Y añade que debe implantase «un sistema de inspección periódica y efectiva» para verificar que estos pisos sean la vivienda habitual de los adjudicatarios y evitar que se produzcan «situaciones de fraude, incluyendo la existencia de subarrendamientos ilegales o el uso indebido». Finalmente, Ferrer pide también «reforzar los mecanismos de control y transparencia» publicando los criterios de adjudicación, los listados provisionales y definitivos y los informes de supervisión.
En la exposición de motivos de la moción, Ferrer se refiere a las «graves irregularidades» detectadas en la adjudicación de pisos protegidos en Alicante, Valencia y Logroño. Adjudicaciones «marcadas por la falta de transparencia y por la existencia de conflictos de interés». En algún caso, incluso, se ha detectado la adjudicación irregular a una concejal del PP y a familiares de trabajadores vinculados a los proyectos. «Estos hechos», señala Ferrer, «han generado una profunda preocupación social y han puesto en cuestión la equidad, la imparcialidad y la legalidad de los procedimientos de acocees a la vivienda protegida, cuya finalidad es garantizar el derecho a una vivienda digna a quienes realmente lo necesitan».
5 años es poco. Pisos protegidos deben ser para residentes con verdadero arraigo... Mínimo deberían ser 10 años de empadronamiento y que se demuestre que realmente han residido aquí (contratos de trabajo, facturas de consumo, etc). La mayoría serán de estos que vienen de temporada, se empadronan por 2 meses y ya no se vuelven a empadronar en su ciudad de origen aunque vivan allí. Es un chollo.