El senador del PP Miquel Jerez ha presentado tres enmiendas a la moción con la que el progresista Juanjo Ferrer, de Eivissa i Formentera al Senat, pretende que cargos públicos y funcionarios no puedan acceder a las adjudicaciones de los futuros pisos de alquiler asequible de Ca n’Escandell. Jerez considera que ha de ser la Ley de Incompatibilidades la que rija en este caso.
Según la enmienda presentada en este sentido por Jerez, esta ley permitirá excluir de la adjudicación «a aquellas personas en las que concurra una situación de conflicto de interés, especialmente cuando derive de su intervención directa o indirecta en la tramitación, evaluación, supervisión o resolución del procedimiento, o de cualquier posición que pueda comprometer la objetividad del mismo». Además, en esta enmienda Jerez plantea que queden excluidas de las adjudicaciones «aquellas personas en las que concurran situaciones de conflicto de interés derivadas del ejercicio de responsabilidades públicas o del desempeño de funciones que impliquen capacidad de influencia en el procedimiento». Se evitará así «cualquier ventaja indebida o utilización de información privilegiada».
En otra enmienda, Miquel Jerez plantea que la promotora de Ca n’Escandell, la empresa pública Casa 47, ceda gratuitamente al Ibavi el 60% de una de las parcelas «a cambio de la reserva de un porcentaje de viviendas para empleados públicos de la Administración General del Estado». Esta cesión ya fue acordada por el Gobierno y el Ibavi tiempo atrás pero aún no se ha materializado. En la parcela propuesta está prevista la construcción de 170 de los 532 pisos que han de levantarse en Ca n’Escandell.
Miquel Jerez, finalmente, defenderá otra enmienda para que la adjudicación de las viviendas se rija por la Ley de Vivienda de Baleares. De este modo, «los criterios de adjudicación se determinarán conforme a dicha normativa, pudiendo incorporar la priorización de las personas residentes que acrediten un periodo continuado de empadronamiento, en los términos previstos en la misma». Además, «se deberán establecer y reforzar mecanismos de control, verificación e inspección, así como de detección y sanción de posibles usos indebidos», de acuerdo a lo previsto en la ley autonómica.