La Conselleria balear de Transportes, dirigida por José Luis Mateo, «analizará» la reivindicación de los taxistas de Ibiza relativa a la modificación de un artículo del decreto reglamentario de la Ley 2/14 sobre la antigüedad máxima de los vehículos profesionales. La Asociación de Taxistas Autónomos de Ibiza ciudad ha trasladado su petición al Consell d’Eivissa, que, a su vez, ha pedido a los diputados autonómicos del PP que promuevan la modificación.
Según explicó días atrás el presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Ibiza, Mariano Torres, el problema está en el artículo 11 punto F del decreto, que indica que para obtener una licencia municipal de taxi será necesario disponer de vehículos con una antigüedad máxima de dos años desde la fecha de matriculación. Un requisito que, según Torres, «cierra la puerta a los vehículos de segunda mano» en un contexto de subida de precios y donde puede resultar más conveniente adquirir un coche de tres años en lugar de uno nuevo que puede costar 50.000 euros.
El director insular de Transportes, Roberto Algaba, señaló, por su parte, que el Consell apoya la reivindicación de los taxistas porque «la condición debería ser que, cuando tengan que sustituir el vehículo, lo hagan con otro que no sea más antiguo que el que ya tenían». Algaba, además, advirtió que no es el momento de «apretar económicamente más a los taxistas».
Fuentes de la Conselleria balear de Transportes han indicado a Periódico de Ibiza y Formentera que «siempre se escucha a todos» y que, por ese motivo, «se analizará» la cuestión planteada por los taxistas de la isla. Sin embargo, también han recordado que «este decreto es el primer reglamento del taxi y VTC de Baleares», que desarrolla la Ley 4/2014 de transportes terrestres y movilidad sostenible 12 años después de su aprobación.
Las mismas fuentes han señalado que este reglamento «se ha trabajado y hablado con el sector del taxi y con los consells insulares». «El decreto inició su tramitación el año pasado y salió a exposición pública en julio», han añadido, y han subrayado que «durante todo el proceso, no hubo alegaciones sobre este tema», ni en la fase de información pública ni en el Consell balear de Transporte Terrestre.