La falta de concertación de plazas públicas mantiene en una situación de cierta inestabilidad económica a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera, un servicio esencial en Ibiza para la atención de personas con enfermedades neurológicas. Actualmente, cerca de 120 usuarios y sus familias reciben atención en el Servicio de Atención y Promoción de la Autonomía Personal (SAIPAP), pero solo 15 del total de plazas – correspondientes al centro de día – están concertadas por el Consell de Ibiza.
El resto de la actividad del servicio, que incluye terapias especializadas y atención continuada, se sostiene con financiación procedente de subvenciones, donativos y las aportaciones que pueden realizar las propias familias. Esta situación, según explican desde la entidad, dificulta la estabilidad del proyecto y limita su capacidad de crecimiento. «El único recurso que tenemos asegurado ahora mismo es el centro de día, con 15 plazas concertadas. Todo lo demás es más inestable», señalan desde el equipo, resaltando que también hay usuarios en lista de espera.
En total, el número de familias atendidas no ha dejado de crecer en los últimos años: 193 en 2024, 234 en 2025 y 175 en lo que va de 2026, cifras que evidencian la creciente demanda de este tipo de servicios en la isla. La entidad cuenta actualmente con un equipo de unas 20 personas y, según indican, en los últimos tiempos se ha logrado cierta estabilización de la plantilla.
Vivienda
Sin embargo, la situación genera cierta incertidumbre por el problema de vivienda en Ibiza. «La gente que trabaja aquí se queda porque cree en el proyecto, pero las condiciones no son comparables a las del sistema público de salud. A esta realidad se suma el elevado coste de la vivienda», lamentan, indicando que esta situación dificulta la captación y retención de profesionales, especialmente en perfiles especializados como logopedia.
La combinación de salarios más bajos y el encarecimiento de la vida provoca una alta rotación de personal. «Hay muchos factores que no podemos controlar. Si alguien se tiene que ir porque no puede asumir el coste de vivir aquí, no podemos hacer nada», agregan. A pesar de ello, el equipo ha crecido ligeramente en los últimos tiempos, lo que ha permitido ampliar la atención. No obstante, desde la entidad insisten en que es muy difícil consolidar o ampliar el servicio sin una base de financiación estable.
La principal reivindicación de la entidad pasa por la concertación de todas las plazas del servicio, no solo las del centro de día. Sin embargo, este proceso lleva años bloqueado por cuestiones competenciales y por los requisitos establecidos por la administración.
Según explican, el Consell de Ibiza tiene las competencias en discapacidad, mientras que el Govern balear gestiona la dependencia. Esta división ha generado dificultades a la hora de encajar el servicio dentro de un marco de financiación pública. Uno de los principales obstáculos, explican, es que las personas mayores de 65 años no pueden acceder a determinadas plazas concertadas de discapacidad, al considerarse que pasan a formar parte del sistema de dependencia. «Si alguien sufre un ictus a los 65 años, deja de ser considerado una persona con discapacidad para pasar a ser dependiente», añaden, lo que ha supuesto retrasos y derivaciones entre administraciones. A ello se suman los requisitos exigidos para acceder a una plaza concertada, que desde la entidad consideran «poco realistas». Entre ellos, la necesidad de contar con un certificado de discapacidad, cuyo proceso de obtención puede tardar entre un año y medio y dos años. Este requisito, según Aemif, genera situaciones contradictorias. Por ejemplo, en casos de ictus, se establece que la persona tendría derecho a una plaza durante los tres años posteriores al alta hospitalaria, un periodo clave para la rehabilitación. «Sin embargo, al no disponer aún del certificado de discapacidad, muchos usuarios no pueden acceder al servicio en ese tiempo», apuntan.
«Eso significa que pierden un año y medio de terapia en el momento más importante, que es el primero tras el ictus», advierten. Además, en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o la esclerosis múltiple, «no existe una alta hospitalaria como tal», lo que dificulta aún más el encaje en estos criterios. También señalan que la aplicación de estos requisitos tendría un impacto muy limitado en la cobertura real del servicio.
Según cálculos de la entidad, de las más de 110 personas atendidas en el SAIPAP, solo unas 10 podrían acceder a una plaza concertada bajo las condiciones actuales. A pesar de ello, desde la entidad aseguran que seguirían atendiendo a todas las personas que lo necesiten, independientemente de su situación económica. «No vamos a dejar a nadie fuera», subrayan con rotundidad.