Chabolas en Ibiza: «La isla es solo para los extranjeros que vienen a gastar dinero obscenamente»

A dos semanas del anunciado desalojo del asentamiento de chabolas de sa Joveria, decenas de personas continúan viviendo en este enclave a las afueras de la ciudad sin certezas sobre su futuro inmediato. La intervención, fijada judicialmente para mañana, 21 de abril, responde a un largo proceso administrativo y legal impulsado por el Ayuntamiento de Eivissa para recuperar una parcela privada calificada como suelo rústico común, convertida desde hace años en un campamento de infraviviendas. Mientras la maquinaria institucional avanza hacia el desmantelamiento, sobre el terreno la realidad sigue siendo otra: la de quienes, a falta de alternativas, continúan habitando un espacio precario que se ha consolidado como solución informal a un problema estructural.

La zona, salpicada de construcciones levantadas con palés, plásticos y lonas, presenta un aspecto desigual: algunas estructuras permanecen vacías desde el final de la pasada temporada, otras han sido abandonadas recientemente ante la inminencia del operativo, y varias siguen habitadas. Entre los caminos de tierra se acumulan focos de basura y residuos, mientras bicicletas apoyadas en las chabolas evidencian la rutina diaria de sus residentes, que se desplazan con ellas hasta sus puestos de trabajo. La gran mayoría son de origen saharaui.

En ese contexto de provisionalidad constante, las historias individuales se suceden. Sidi tiene 19 años. Llegó a España en patera y lleva cuatro meses instalado en sa Joveria, junto al recinto ferial. Aún no tiene trabajo, pero lo busca mientras espera regularizar su situación. «Vine aquí porque hay muchos saharauis», explica, señalando la importancia de las redes comunitarias como primer soporte de llegada.

Como él, Lebib y Saida son recién llegados: uno lleva veinte días en el asentamiento y el otro apenas dos meses. Mientras preparan té en un hornillo improvisado, resumen su situación con claridad: «Si tuviéramos papeles no estaríamos aquí». La incertidumbre ante el desalojo introduce una dimensión más inmediata en ese relato migratorio: «No sabemos qué vamos a hacer ni dónde podremos ir».

Ante la falta de alternativas, plantean escenarios límite: «Tendremos que entrar en alguna casa donde no haya nadie viviendo. No vamos a quedarnos tirados en la calle, no somos animales». Lebib, mientras ofrece una taza de té, asegura haber trabajado en distintas empresas de construcción en Ibiza y lanza una reflexión que conecta lo individual con el modelo económico de la isla: «Parece que Ibiza es solo para los extranjeros que vienen a gastar dinero obscenamente, no para quienes venimos a ganarlo dignamente. ¿Qué van a hacer si nos vamos?, ¿quién va a limpiar?».

Entre sorbos, el mensaje se repite con matices: «Venimos a trabajar, nada más». Jornadas de hasta doce horas diarias por ocho euros la hora que, tal como aseguran, se destinan a ayudar a sus familias en el Sáhara.

Comunidad

Esa lógica de supervivencia individual se articula, sin embargo, en una estructura colectiva. Mohamed, que habla un catalán fluido con acento mallorquín, describe el funcionamiento interno del asentamiento: «Quienes tenemos trabajo ayudamos a quienes están esperando los papeles. Aquí no hay conflictos ni peleas. No bebemos, no nos drogamos ni traficamos, no robamos… solo venimos a trabajar».

Asegura llevar al menos tres temporadas en Ibiza y haber pasado por otros asentamientos, como el de Can Raspalls, en Sant Jordi, lo que introduce una idea clave: la continuidad de estos núcleos informales como respuesta recurrente a la falta de vivienda accesible. Ha trabajado principalmente en la construcción, aunque actualmente está empleado en la lavandería de un hotel. «Puedo trabajar en cualquier cosa que surja», afirma.

Desde su experiencia, el problema trasciende el asentamiento concreto: «La vivienda en Ibiza es demasiado cara y no nos la podemos permitir con los sueldos que nos pagan». En ese punto, la falta de alojamiento asequible aparece como el eje estructural que explica la existencia de espacios como sa Joveria. «Aquí hacen falta muchos trabajadores, pero no hay nadie que nos ayude», añade. Si no encuentra un empleo que incluya habitación tras el desalojo, lo tiene claro: «Deberé ir al bosque».

Trabajo

Esa conexión entre mercado laboral y vivienda se hace más evidente al observar el perfil profesional de los residentes. Según Nayem, con cuatro temporadas en Ibiza, el abanico de oficios es amplio: además de la construcción o la hostelería —sector en el que él mismo trabaja—, hay chóferes de autobús, conductores de plataformas como Uber, cocineros o empleados de farmacia.

A medida que avanza la conversación, se suman más voces: Carina, Brahim, Ahmed… El diagnóstico es compartido. «Aquí no se puede alquilar nada con los sueldos que nos pagan, todo es muy caro», señala uno. Otro propone una alternativa que apunta a una posible regularización mínima del espacio: «Estamos dispuestos a pagar a quien corresponda si nos dejan quedar aquí. Solo necesitamos que nos habiliten algunos baños y que pongan agua corriente».

La opción de ocupar viviendas vacías surge como último recurso, no como primera elección: «No queremos hacer eso como hacen otros, pero no nos dejan otra alternativa». De este modo, las estrategias individuales remiten de nuevo a un marco más amplio de exclusión residencial.

Tensión

En paralelo, la presión institucional sobre estos asentamientos ha ido en aumento en los últimos meses. El Ayuntamiento de Eivissa, tras requerir sin éxito a la propiedad de la parcela la limpieza del terreno —alegando estos no poder acceder al mismo por estar ocupado ilegalmente—, optó por la vía judicial para obtener autorización de entrada, desalojo y posterior limpieza. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Palma dio luz verde el pasado 20 de marzo a esta intervención, que se ejecutará, si es necesario, con apoyo policial.

El consistorio enmarca la actuación en criterios de salubridad, seguridad y protección medioambiental, subrayando la acumulación de residuos peligrosos, el riesgo de incendios y la implantación de usos residenciales en suelo rústico no permitido. El alcalde, Rafa Triguero, ha insistido en que «no se puede tolerar esta forma de vida» y en la necesidad de evitar un «efecto llamada» como el del pasado verano, cuando se llegaron a concentrar más de 400 personas en la zona.

Ese discurso institucional contrasta con la percepción de los residentes, que interpretan el desalojo como una expulsión sin alternativa. «Se puede hacer más grave de lo que se creen», advierten. «Nos están llevando al límite». Entre las conversaciones surgen también denuncias de trato desigual: «A un compañero que trabaja en Palladium le ofrecen una habitación por 650 euros, mientras que a otro que no es árabe se la dejan por 400».

Algunos testimonios elevan el tono en un contexto de creciente tensión: «Nos da igual morir. No vamos a dar guerra, pero tampoco vamos a dejar que nos humillen aquí como llevan haciendo 50 años con nuestro pueblo».

Historia

Ese último apunte introduce una dimensión que va más allá de la coyuntura local. La presencia saharaui en estos asentamientos no se explica únicamente por factores económicos actuales, sino también por una relación histórica con España. El Sáhara Occidental fue provincia española hasta 1975 y su descolonización, tras la retirada española y la posterior ocupación por Marruecos, dejó a buena parte de la población en una situación de prolongada inestabilidad.

«Si no fuera por cómo se ha comportado España durante 50 años, no estaríamos aquí», afirma uno de los residentes. «Éramos la provincia española número 53 y nos dejaron tirados a los pies de Marruecos. Nuestros padres y abuelos tienen DNI español». Sin entrar en un desarrollo geopolítico, esa memoria histórica aparece como un elemento más en la construcción de su relato migratorio y en sus reivindicaciones actuales: «Igual que Francia ayuda a los argelinos tras haber sido su colonia, España debería hacer lo mismo con los saharauis».

Cifras

Las cifras sobre el número de residentes varían según la fuente, reflejando también la dificultad de cuantificar una realidad cambiante. Desde el propio asentamiento estiman que hay alrededor de 200 personas y señalan que «solo recibimos visitas de la Policía cada día».

Por su parte, el Ayuntamiento sitúa el número en torno a 130 y apunta que los servicios sociales realizan un seguimiento continuo. Según estos datos, existen seis expedientes de vulnerabilidad abiertos susceptibles de recibir ayuda municipal, mientras que el resto no se considera en situación de vulnerabilidad conforme a los criterios establecidos.

Desde el consistorio se insiste en los límites de su capacidad de actuación: «Ni este Ayuntamiento ni ninguno puede asumir dar vivienda a cualquier persona que decida venir a trabajar la temporada sin tener resuelta su vivienda». En paralelo, se han anunciado medidas sancionadoras contra la acampada ilegal y se ha instado a los propietarios de solares a vallarlos para evitar nuevas ocupaciones, en línea con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana.

A dos semanas del desalojo, la distancia entre el marco legal que ordena la intervención y la realidad social que la rodea sigue siendo amplia. Mientras tanto, en sa Joveria, quienes aún permanecen allí continúan sosteniendo una vida provisional sobre palés y lonas, a la espera de una salida que, por ahora, no termina de definirse.