La Asociación Balear de Vehículos de Alquiler con y sin Conductor (BALEVAL) ha exigido formalmente al Consell de Ibiza que «suspenda la aplicación de la restricciones a los vehículos de alquiler» para esta temporada turística. El motivo es que, según ha asegurado en un comunicado, a 15 días de que entre en vigor la limitación de acceso de coches a la isla, no se les ha notificado aún «el número de vehículos autorizados para cada una».
En el mismo comunicado, BALEVAL ha señalado que esta falta de información «genera una grave inseguridad jurídica y hace materialmente imposible planificar la actividad, con el consiguiente perjuicio para las empresas». Este retraso, ha añadido, ya se produjo el año pasado, cuando la ley de limitación de acceso de vehículos entró en vigor por primera vez. Según BALEVAL, tanto entonces como ahora, el Consell tendría que haber publicado «con al menos tres meses de antelación» el número de coches de alquiler que pueden acceder a Ibiza a partir del 1 de junio y durante toda la temporada alta.
BALEVAL ha explicado que ha remitido un escrito al presidente insular, Vicent Marí, amenazando con emprender acciones legales «y de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que se deriven de la falta de publicación y notificación en plazo del continente de vehículos asignado a cada empresa». En la misma nota, el presidente de la asociación, Cristóbal Herrera, ha señalado que «es muy grave que, a pocos días de la entrada en vigor de la restricción, las empresas sigan sin conocer cuántos vehículos podrán operar». Herrera ha añadido que «no se puede exigir el cumplimiento de una limitación que no ha sido concretada ni notificada a tiempo».
Desde la asociación han asegurado también que advirtieron al Consell de que «las empresas necesitaban conocer con varios meses de antelación el volumen de flota autorizado a cada operador, más aún en una temporada en la que los cupos debían asignarse por tipología de vehículo, en función de sus emisiones y tamaño». «Desde BALEVAL siempre hemos colaborado con las instituciones», ha señalado Herrera, «pero no podemos consentir que esta falta de previsión cause un perjuicio económico evidente a las empresas. Pedimos la suspensión de los cupos o su adaptación extraordinaria».
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