El vallado perimetral instalado recientemente en una zona de Cap Martinet ha provocado malestar entre vecinos y habituales de este enclave del municipio de Santa Eulària, que denuncian que el cierre dificulta o impide el acceso a espacios donde durante décadas se había transitado libremente, especialmente en dirección a Cala Roja.
Las quejas se han reflejado en redes sociales en los últimos días, donde los usuarios han mostrado imágenes de las nuevas vallas y han expresado su indignación por la transformación de un entorno que consideran parte de la memoria colectiva de la zona.
Una de las publicaciones que más repercusión ha tenido es la de una vecina que asegura haber crecido en este lugar y que lamenta la pérdida de acceso a un espacio «amado y cuidado como propio». «Siempre había escuchado la frase de que «no se le pueden poner puertas al campo», pero visto lo visto ya me da que pensar», señala en su mensaje, en el que afirma además que el acceso restante resulta peligroso «por la poca distancia que queda entre el acantilado y la valla».
La usuaria asegura que aprendió a nadar en Cala Roja junto a otros niños de la zona donde lamenta que ahora «ya no tenemos acceso». «Tal vez es verdad que no le pueden poner puertas al campo, pero por lo visto nadie dijo nada de que no se puedan poner vallas al campo», añade.
Licencia
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària han explicado que se trata de «una obra menor, debidamente autorizada con la correspondiente licencia», destinada al cerramiento de una parcela privada.
El Consistorio añade que esta zona había generado problemas recurrentes relacionados con el vertido incontrolado de residuos y otras situaciones de degradación. Según indican fuentes municipales, en este mismo espacio se retiró anteriormente una caravana y existe además una casa payesa que había sido ocupada en varias ocasiones.
Estas circunstancias, apuntan desde el Ayuntamiento, habrían llevado a la propiedad a optar por el cierre perimetral de la finca.
El caso ha reabierto el debate sobre el acceso a determinados espacios naturales del litoral ibicenco y la progresiva privatización o limitación del tránsito en zonas tradicionalmente frecuentadas por residentes.
Aunque el vallado cuenta con autorización administrativa, algunos vecinos consideran que la actuación supone una pérdida para el uso social y paisajístico de uno de los rincones más conocidos de esta parte de la costa de Ibiza.