El director insular de Intrusismo del Consell de Ibiza, Enrique Gómez Bastida, ha asegurado en una entrevista concedida al programa Bona nit Pitiüses de Televisió d’Eivissa i Formentera (TEF) que Ibiza se encuentra «muy cerca de ganar la batalla» contra el alquiler turístico ilegal gracias al modelo de colaboración impulsado por el Consell con las principales plataformas de comercialización turística.
Durante la entrevista, Gómez Bastida destacó que la isla vive una situación «que no está ocurriendo en ninguna otra parte del territorio nacional» y explicó que comunidades autónomas y destinos turísticos como la Comunidad Valencia, Murcia, Canarias o Cataluña ya están tomando como referencia el sistema implantado en Ibiza para combatir el intrusismo turístico.
El director insular subrayó especialmente la cooperación alcanzada con plataformas como Airbnb, Booking y Vrbo, que concentran el 74 % del mercado mundial del alquiler turístico. «La colaboración no es que colaboren de verdad, es que están implicados completamente con la actividad del Consell», afirmó. Según explicó, el Consell cuenta actualmente con una capacidad de bloqueo de anuncios «muy ágil», realizando solicitudes prácticamente a diario para retirar publicidad ilegal.
Reducción drástica
Gómez Bastida detalló que el volumen de anuncios sospechosos de ilegalidad se ha reducido drásticamente en menos de dos años. «En agosto de 2024 teníamos 4.400 anuncios en Airbnb y actualmente superan ligeramente los 1.900», indicó. Además, precisó que cerca del 30 % de esos anuncios corresponden a hoteles o apartamentos turísticos reglados, por lo que el número de viviendas turísticas potencialmente ilegales «se ha reducido muchísimo».
Foto: Moisés Copa
El responsable insular defendió la contundencia de las sanciones impuestas por el Consell, que alcanzan los 275.000 euros en los casos más graves. «La gravedad es la viabilidad de la isla como destino turístico», señaló, vinculando el alquiler ilegal con problemas de consumo de agua, generación de residuos y presión sobre infraestructuras y recursos limitados en Ibiza.
En este sentido, explicó que la reducción de la oferta ilegal durante la pasada temporada habría supuesto una disminución estimada de 1,3 millones de pernoctaciones, un cálculo realizado a través del índice de presión humana. «En el momento álgido de agosto tuvimos un índice de presión humana equivalente al del año 2014, lo cual es una reducción especialmente significativa», aseguró.
Preguntado por el impacto de estas medidas sobre el mercado inmobiliario, Gómez Bastida rechazó que la desaparición de anuncios ilegales vaya a provocar una bajada de los alquileres anuales en la isla. «No va a tener ninguna afectación en el mercado, en el precio. La demanda es muy alta en Ibiza», afirmó con rotundidad.
El director insular argumentó que el problema de acceso a la vivienda responde a múltiples factores estructurales, entre ellos la elevada llegada de trabajadores temporales, que el Consell cuantifica en 30.000 personas cada verano; la escasez de suelo, el coste de construcción o las dificultades de acceso al crédito. «Reducir el problema del acceso a la vivienda al alquiler turístico es pura demagogia», manifestó.
«El año pasado, en el momento álgido de agosto tuvimos un índice de presión humana equivalente al del año 2014»
Asimismo, señaló que no todos los anuncios ilegales retirados corresponden a viviendas residenciales disponibles para el mercado anual. «Hay anuncios vinculados a caravanas, tiendas de campaña, habitaciones alquiladas por residentes o villas de lujo que no afectan al mercado de renta media o baja», explicó.
Gómez Bastida también defendió que el objetivo principal del Consell no es recaudatorio, sino impedir que la actividad ilegal continúe. «Lo importante no es detener a los que roban, es que no roben», afirmó, recordando su trayectoria como guardia civil.
Durante la entrevista, el director insular abordó además otros ámbitos del intrusismo en Ibiza, como los taxis pirata, y aseguró que la colaboración entre el Consell, el aeropuerto y los cuerpos de inspección ha permitido reducir notablemente este fenómeno en puntos estratégicos de la isla.
Finalmente, insistió en que el reto ahora pasa por consolidar los resultados obtenidos la temporada pasada y ampliar el foco hacia otras actividades irregulares vinculadas a la economía sumergida. «Ganar un año no basta. Los resultados hay que consolidarlos en el tiempo», concluyó.
Sugerir que eliminar los alquileres turísticos ilegales solucionará milagrosamente la crisis de la vivienda en Ibiza no es más que pura demagogia y un intento patético por parte de Bastida y esta administración fracasada de desviar la culpa de su propia incompetencia. La hiperfijación del gobierno con Airbnb es una cortina de humo diseñada para ocultar su total incapacidad de abordar el verdadero elefante en la habitación: un marco legal desastroso que codifica la protección de los okupas y de los inquilinos morosos a expensas absolutas de los propietarios. Al dejar a los arrendadores completamente indefensos ante la ocupación ilegal, la gobierno ha destruido activamente el mercado de alquiler a largo plazo. Hasta que este gobierno fallido deje de consentir a los delincuentes, garantice los derechos básicos de propiedad y aplique desalojos inmediatos y exprés, ningún propietario racional se arriesgará a poner su inmueble en el mercado local, dejando la retórica vacía de Bastida sin solucionar absolutamente nada para los residentes de Ibiza.