Durante la mañana de este lunes tuvo lugar un nuevo episodio en lo que todo apunta a convertirse en uno de los seriales de esta temporada en Ibiza: la sucesión de actuaciones policiales y conflictos vinculados a la zona de Casa Lola. En esta ocasión, la intervención se ha desarrollado en una de las casas ocupadas situadas en la parte alta del área, precisamente la misma de la que surgió el grave episodio del pasado 7 de mayo, cuando uno de sus ocupantes asaltó varias viviendas del vecindario mientras sus residentes se encontraban en el interior, algunos de ellos menores de edad.
Tal como han denunciado reiteradamente vecinos de la zona, de esta vivienda procedían de forma habitual fuertes discusiones, peleas y situaciones de violencia extrema. Los nuevos acontecimientos registrados este domingo han vuelto a incrementar la sensación de inseguridad entre quienes todavía residen en el entorno.
La tarde del domingo, los vecinos de la casa contigua se vieron obligados a avisar a la Guardia Civil después de que varios individuos irrumpieran en la planta baja de la vivienda mientras la hija menor de edad del propietario se encontraba sola en casa.
«Arrancaron la puerta, entraron cinco o seis hombres que se pusieron a trabajar en la parte de abajo», relata la joven sobre una puerta que conecta el exterior de la vivienda con el chalet ocupado colindante y con el bajo de la casa donde reside junto a su padre. Según explica, al recriminar la actuación de los individuos recibió insultos y amenazas. «Me dijeron que me callara, que no era asunto mío. Como habían puesto una escalera justo debajo de nuestra terraza me asusté, me metí en casa y llamé a mi padre».
Bloqueo
«Yo había salido a comprar cuatro cosas para comer cuando, a las 14.58 horas, me llamó mi hija asustadísima», explica Alberto, padre de la menor. A su llegada asegura que encontró el acceso a su vivienda bloqueado. «Pusieron una furgoneta delante de la puerta para que mi padre no pudiera entrar», añade la joven.
Pese a ello, Alberto consiguió acceder al inmueble y asegura haberse encontrado con cinco hombres que reaccionaron de forma violenta. «Tres de ellos se me encararon». Los otros dos, según sostiene, eran «el que se encarga del chalet de abajo y su sobrino».
De acuerdo con su relato, los individuos continuaron trabajando hasta la llegada de la Guardia Civil durante la misma tarde del domingo. «Esta mañana, cuando he salido a trabajar, me he vuelto a encontrar con los coches de la Policía y la Guardia Civil y no sé qué es lo que habrá pasado ahora; ya me espero cualquier cosa», afirma.
La vivienda donde reside Alberto con su hija consta de una planta baja independiente y un piso superior, también independiente, donde viven actualmente. La planta baja permanecía tapiada. Los trabajos a los que se refiere Alberto consistían, según explica, en «arrancar las maderas que tapiaban puertas y ventanas, sacar cosas y traer colchones de la casa de abajo». Unos movimientos que interpreta como un intento de ocupar también esa parte de la vivienda.
Miedo
«Desde el 26 de marzo mi hija apenas sale de casa, solo algún día no más de una hora para acompañarme a comprar. Vivimos aterrorizados. Nuestro miedo es que nos vayamos y se nos metan en casa», lamenta Alberto. La situación le preocupa especialmente ante la llegada del verano. «No sé qué puedo hacer a partir de junio, cuando vienen mis hijas pequeñas de ocho y 10 años», añade.
La historia de Alberto y su hija en esta vivienda comenzó cuando finalizaba el alquiler del piso donde residían en Sant Antoni coincidiendo con el inicio de la temporada turística. «Entonces me ofrecieron un trabajo con vivienda», explica. Según su versión, una persona que decía administrar varias casas de la zona le ofreció instalarse en uno de los pisos y trabajar para él.
«Lo primero que me mandó fue arreglar la zona de Casa Lola. Solo me pagaba cinco euros la hora y le dije que no me interesaba trabajar en esas condiciones y que me cobrara un alquiler por la vivienda mientras estuviera allí. Él se negó a cobrarme», asegura. Alberto reconoce la irregularidad de su situación inicial. «En realidad yo también soy un ocupa, pero no del mismo tipo que esta gente. Yo soy una persona trabajadora que tiene que buscarse la vida».
Según relata, la situación cambió tras los asaltos ocurridos el 7 de marzo. «Esa misma semana se puso en contacto conmigo alguien que se identificó como representante de la propiedad, me hizo un contrato y ahora pago 2.000 euros de alquiler». Sin embargo, admite sus dudas sobre quién controla realmente las viviendas. «Aunque en realidad uno ya no sabe de quién fiarse».
Supuestas estafas
Además, Alberto asegura que desde finales de abril hasta seis personas distintas han acudido a su casa buscando unas llaves porque alguien les había alquilado supuestamente la vivienda. «Al decirles que allí vivía yo se dieron cuenta de que les habían engañado. Habían llegado a pagar hasta 8.000 euros de fianza».
Según explica, uno de los afectados perdió los nervios al descubrir la presunta estafa y agredió a dos personas. Alberto identifica a una de ellas como el supuesto administrador de las casas y a la otra como su sobrino, el mismo individuo al que atribuye los asaltos del pasado 7 de marzo.
@Andale, lo único que hay cierta discusión es el modo de ocupación, el más frecuente ahora es inquilino moroso, aquello de patada en la puerta es cosa del pasado, aunque se ven más casos de lo que desearíamos. El tema es tan gordo que se estima que había alrededor de 60mil sentencias de desahucio paralizadas por el decreto ley.. ahora se derogó y la máquinaria judicial, obsoleta y colapsada empezará a su ritmo. Otros afectados pasan de la justicia y usan negociadores de desocupación que a base de soborno te sacan a los morosos en pocas semanas.