No se puede minimizar el impacto institucional y político que tiene la decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Ibiza al abrir juicio oral contra el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, por el caso ‘La vida Islados’. La Audiencia Provincial será el tribunal que le juzgará por las acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y lesiones psicológicas a una funcionaria.
Pero es importante destacar que la Fiscalía no formula acusación porque no ve indicios de delito, por lo que ha solicitado reiteradamente que la causa sea archivada. Y eso que fue la Fiscalía Anticorrupción la que en septiembre de 2022 presentó la querella que inició el procedimiento. Sin embargo, tras la correspondiente investigación, el Ministerio Público y también el juez instructor concluyeron que no había motivos para seguir con el proceso, por lo que a finales de 2024 se ordenó el sobreseimiento provisional.
La acusación popular, ejercida por el PSIB-PSOE, y la acusación particular, que representa a la interventora del Consell, Marian Tur, recurrieron ante la Audiencia de Palma para mantener viva una causa penal de enorme trasfondo político. Es imposible no concluir que la actuación del PSOE obedece a una maniobra política, especialmente cuando el propio Ministerio Fiscal sostiene que no existen indicios suficientes para mantener las acusaciones. Pero les da igual.
Los magistrados de Mallorca mantuvieron un criterio distinto al de la Fiscalía y del juez instructor y ordenaron continuar el procedimiento, una decisión que permite que Vicent Marí se siente ahora en el banquillo pese a que el Ministerio Público sigue sin apreciar delito.
Lo verdaderamente excepcional es que quienes iniciaron la investigación consideran ahora que no existen elementos para sostener una acusación penal. Pese a ello, el procedimiento continúa impulsado exclusivamente por las acusaciones particular y popular.
Coincide en el tiempo la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Santa Eulària con las pesquisas del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, que investiga las presuntas maniobras del PSOE para influir o interferir en actuaciones judiciales y policiales.
Si grave es intentar neutralizar investigaciones que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente Pedro Sánchez, también lo es ejercer la acusación popular en causas penales como instrumento de desgaste político. Los socialistas, por lo que parece, hacen ambas cosas.
El caso ‘La vida Islados’ es un ejemplo paradigmático. Lo evidencia verles pidiendo la dimisión de Vicent Marí sólo porque ellos, con su acusación sin fundamento, conseguirán su objetivo de llevarle a juicio. A ver si así, de forma torticera, logran apartar al político al que no hay forma de derrotar democráticamente. Pura desesperación.
Aquellos que exigen la dimisión de Vicent Marí, mantienen en su puesto de concejal a Rafa Ruiz, exalcalde socialista de Ibiza, procesado en el caso Puertos y al que, aquí sí, la Fiscalía acusa de fraude a la Administración y prevaricación. Le piden tres años de cárcel. Más razones hay para que dimita Rafa Ruiz y no lo hará. De las innumerables razones para que Pedro Sánchez dimita, ni hablemos.