El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha anulado una sanción de 200.000 euros impuesta a una Inversiones Hoteleras Faro S.L., cuya administradora única es Francisca Sánchez Ordóñez, más conocida como Paquita Marsan, por el incumplimiento de las normas sanitarias durante la pandemia de COVID-19, tras considerar que el expediente sancionador había caducado.
Los hechos se remontan a julio de 2020, cuando la Policía Local de Sant Josep intervino en una fiesta multitudinaria celebrada en Casa Lola, donde se detectó la presencia de decenas de personas sin mascarilla ni distancia de seguridad, en plena vigencia de las restricciones sanitarias. De hecho, los agentes consiguieron identificar a 58 personas, aunque sospechan que podría haber hasta un centenar.
A raíz de la intervención policial, el Govern balear, entonces presidido por Francina Armengol, inició un expediente sancionador que concluyó con una multa de 200.000 euros por infracciones graves y muy graves relacionadas con la organización de reuniones y el incumplimiento de las medidas de prevención frente a la COVID-19.
Sin embargo, la empresa sancionada recurrió la resolución alegando, entre otros motivos, defectos en las notificaciones, vulneración de derechos fundamentales y la caducidad del procedimiento.
El tribunal ha descartado los defectos de notificación, al considerar que la empresa estaba obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración y que la falta de acceso a las comunicaciones no invalida el procedimiento.
Asimismo, la Sala confirma que el procedimiento sancionador se tramitó conforme a la normativa balear aplicable en materia de salud pública y potestad sancionadora.
No obstante, el TSJIB estima el recurso al apreciar que el expediente sancionador no fue resuelto dentro del plazo legal máximo de un año, lo que determina su caducidad y, en consecuencia, la nulidad de la sanción impuesta.
La sentencia anula así la multa de 200.000 euros, sin pronunciarse sobre el resto de cuestiones planteadas, y no impone costas a ninguna de las partes.
TENEMOS AL TS BALEAR NEGACIONISTA Y A FAVOR DEL PUMBA PUMBA. ACOJO... EN QUE MANOS ESTAMOS por cierto, porque no publica el periódicoppepero las multas cobradas. estamos en una isla sin ley ni orden y con parásitos en los puestos administrativos eso de poner un año de caducidad....se hace para favorecer a los delincuentes