El Consell de Govern aprobó ayer el pago de 10.705.144,24 euros procedentes del fondo de contingencia por las indemnizaciones e intereses pendientes por la protección de Benirràs a través de la Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears que aprobó el Pacte en la primera legislatura de Antich como presidente del Govern.
En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares reconoció el derecho de parte de los propietarios de la urbanización de Benirràs, en Sant Miquel, a ser indemnizados por los perjuicios ocasionados por los cambios legislativos que acabaron frustrando sus derechos urbanísticos.
La resolución concluyó que la responsabilidad patrimonial correspondía al Govern, al considerar que las sucesivas reformas normativas aprobadas por el Ejecutivo balear hicieron imposible ejecutar licencias de construcción que habían sido concedidas conforme a la legalidad vigente y cuya validez había sido reconocida judicialmente.
Por el contrario, el tribunal exoneró de responsabilidad al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja y al Consell d’Eivissa, al entender que la pérdida definitiva de los aprovechamientos urbanísticos deriva de decisiones legislativas autonómicas y no de actuaciones de ambas administraciones.
La sentencia diferenciaba entre los distintos propietarios afectados. Reconoció el derecho a indemnización a quienes disponían de licencias urbanísticas y a determinados titulares de parcelas edificables, mientras rechazaba las reclamaciones de otros propietarios cuyas fincas no cumplían las condiciones mínimas exigidas para desarrollar aprovechamientos urbanísticos independientes.
El tribunal no fijaba la cuantía definitiva de las compensaciones económicas, que debía calcularse en la fase de ejecución de la sentencia conforme a los criterios establecidos en la legislación estatal del suelo y mediante una valoración individualizada de cada parcela y de cada propietario. La quincena de afectados reclamaba más de 170 millones de euros, pero finalmente el Govern pagará 8,73 millones en indemnizaciones y 1,97 millones por los intereses devengados.
El litigio tiene su origen en los sucesivos cambios normativos que afectaron a la urbanización de Benirràs. Tras varios procesos de desclasificación y posteriores intentos de recuperación de la condición urbana de los terrenos, las reformas aprobadas en 2016 y 2017 acabaron imposibilitando la materialización de los derechos edificatorios reconocidos a parte de los afectados.
Según los datos ofrecidos por el propio Ejecutivo balear, las arcas públicas ya han tenido que afrontar el pago de alrededor de 380 millones de euros por las indemnizaciones derivadas de la Ley 4/2008 del Pacte, mientras que todavía están pendientes varios litigios en los cuales los afectados reclaman hasta 220 millones en compensación por la desclasificación de suelos urbanos en rústicos.
La Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears supuso la desclasificación de suelos urbanos en cuatro zonas de la isla de Ibiza: Roca Llisa–Cap Martinet, Cala d’Hort, Punta Pedrera y Benirràs.
380 millones en compensaciones por la Ley 4/2008 del Pacte Sin embargo desde la aprobación de esta ley, se ha seguido construyendo ( incluso con la izquierda ) en montañas, costas y en el interior... 380 millones más los otros litigiosque están por resolver( + de 200 millones ), explican porqué no hay mejores infraestructuras. Con 190 millones daría para un tranvia que abarcaría el aeropuerto, Ibiza, S.Antonio y S.Eulalia. Los otros 190 daría para contratar muchos médicos, mejoras de carreteras, comprar hoteles obsoletos y convertirlos en apartamentos para jóvenes.... Pagar impuestos para pagar estos desastres del pacto pogresistas, cuando se ha seguido construyendo a mansalva... Pero nadie prohíbe comprar a no residentes, la única manera de parar esta destrucción territorial.