La Delegación del Gobierno en Baleares rechazó este martes las críticas del Ayuntamiento de Santa Eulària sobre la supuesta falta de colaboración con los consistorios de Ibiza a la hora de afrontar el problema de las fiestas ilegales. Fuentes de la misma afirmaron que «el Ayuntamiento es el que tiene las competencias en materia de vigilancia, autorización y denuncia de actividades ilegales».
Las mismas fuentes también explicaron que «llama la atención que, una vez más, el Ayuntamiento de Santa Eulària, cuando se encuentra sobrepasado por un problema suyo que no sabe resolver, deposita la responsabilidad en el Gobierno de España». Algo que, según destacaron, que es «una pauta habitual por parte de los responsables de este consistorio».
Ésta fue la respuesta a la petición de la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, para que la Delegación del Gobierno «se implique más y trabaje en colaboración con la Policía Local». El problema para luchar contra esta actividad ilegal es que la entrada por la fuerza en un recinto privado como es una villa requiere de competencias en materia de seguridad ciudadana o de una orden judicial. Y estas competencias están en manos del Ministerio de Interior.
Ante esta situación, Santa Eulària anunció que ha remitido a la Delegación del Gobierno una solicitud formal para que convoque de manera urgente la Junta Local de Seguridad con el objetivo de exigir a Interior un despliegue extraordinario y «órdenes claras» para la Guardia Civil, que es la que tiene las competencias en el entorno rural.
Desde la Delegación del Gobierno desmintieron esta afirmación: «No ha habido por parte del Ayuntamiento ninguna petición de convocatoria de la Junta Local de Seguridad». También afirmaron que «la Guardia Civil colabora con las policías locales siempre que es requerida para cualquier actuación dentro de su ámbito competencial». En este sentido, expresaron que «a día de hoy, la Policía Local del municipio de Santa Eulària no ha solicitado apoyo de la Guardia Civil para ningún operativo ni circunstancia como las que describe la alcaldesa».
Por otro lado, Ferrer también solicitó al Consell d’Eivissa la convocatoria urgente del Consell d’Alcaldes para tratar este problema. Fuentes de la institución insular señalaron que se está trabajando de manera coordinada con todos los municipios «para conocer exactamente la situación y las necesidades de cada uno de ellos». Una vez se tengan todo los datos recopilados, el Consell se reunirá con los ayuntamientos para analizar la situación.
Las mismas fuentes recordaron que la institución insular trabaja contra este tipo de intrusismo dentro de sus competencias. También precisaron que en su día contrataron a detectives para poder intervenir en estas fiestas. Además, se ha transferido a los ayuntamientos «una importante cantidad económica para que refuercen la lucha contra el intrusismo».
Sant Antoni se suma
La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad de Sant Antoni, Neus Mateu, también se pronunció sobre este problema. Mateu afirmó que «todo lo que sea revisar la normativa para tener herramientas contra esta práctica está bien». Y recordó que el principal problema para intervenir en estas fiestas es que los policías locales no pueden acceder al interior dado que las villas están consideradas como morada.
«Estas fiestas causan muchos problemas, sobre todo a los vecinos», destacó la concejala, «pero no tenemos mucho a lo que agarrarnos. Cuando estas fiestas proliferaron durante la pandemia, pedimos que sea modificara la Ley de Actividades de Baleares y algo se hizo. Luego el Consell contrató a los detectives y esto a nosotros nos ayudó con una fiesta celebrada en Sant Mateu porque pudimos demostrar que se estaba haciendo una actividad económica e imponer las sanciones, que fueron muy altas».
Para Mateu, la solución ahora no pasa porque el Consell vuelva a contratar a detectives dado que es algo que ya hacen ayuntamientos como el de Santa Eulària o el de Sant Antoni. Además, según destacó, «las fiestas ahora ya no son tan clandestinas porque se publican en redes hasta los puntos de encuentro». Más complicado es saber el lugar exacto en el que se celebrarán. Sin embargo, mientras las policías locales no puedan acceder al interior, «no hay nada que hacer».
Neus Mateu, finalmente, afirmó que, en el caso de Sant Antoni, la colaboración con la Guardia Civil para afrontar el problema está funcionando correctamente. Y puso como ejemplo la fiesta ilegal celebrada recientemente en Sant Mateu y en la que, a petición de la Policía Local, intervinieron tres patrullas de la Guardia Civil. No obstante, subrayó que «la Delegación del Gobierno tiene que ayudar a poder entrar porque esa es una competencia del Ministerio de Interior y hay que encontrar una solución entre todos y no desviar todo a las policías locales».
En Sant Josep, la lucha contra este tipo de prácticas ilegales se lleva a cabo incluso en redes sociales. Así, la Policía Local de este municipio publica en plataformas como Instagram mensajes en los que alerta de que «cuando una actividad trasciende el ámbito doméstico y familiar, puede quedar sujeta a las autorizaciones y obligaciones que exige la ley». También recuerda que la responsabilidad va desde el organizador hasta quienes colaboran, como pueden ser las empresas que aportan servicios e infraestructuras para poder llevar a cabo la celebración. Incluso, pueden ser sancionados los asistentes con multas de hasta 3.000 euros.
«No hablamos solo de ruido», advierte la Policía Local, «hablamos de seguridad, de aglomeraciones sin control, de instalaciones improvisadas, de accesos para emergencias y del derecho de los vecinos a vivir con tranquilidad. La convivencia y la seguridad no son negociables. Una casa es una casa, no un club».
He contactado con la policía local de Santa Eulalia y me han comentado que tomaban nota, a propósito no se trata de alguien que trabaje en el ayuntamiento es el vecino de al lado pero dada la proximidad hasta que no he acudido al lugar para comprobarlo confundía la ubicación de la fiesta.