Justo antes de las once de la mañana, por la megafonía del Centro de Salud de Sant Antoni se avisa de que se va a producir un parón en la actividad médica. Justo después, el personal médico procedía a colocarse delante de la entrada de urgencias, para reivindicar su absoluta condena a la agresión que se produjo el pasado viernes en dicho centro, cuando un hombre propinó una patada a una médica, y escupió a otra técnica del servicio del 061.
Aprovechando dicha concentración, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (SATSE) han reclamado que Ib-salut implante un servicio de seguridad presencial durante las 24 horas del día y los 365 días del año en los centros de salud y puntos de urgencias de Ibiza y Formentera. David Fernández, delegado de Simebal, y Carmen Ortiz, coordinadora de prevención de riesgos laborales de SATSE Baleares, comparecieron ante los medios para trasladar su respaldo a las profesionales agredidas y, sobre todo, para insistir en una batería de reivindicaciones que, aseguran, llevan años reclamando sin respuesta suficiente por parte de la administración sanitaria.
Ortiz explicó que las agresiones se concentran en los servicios de mayor tensión asistencial —urgencias, el centro de salud de Vila, el de Sant Antoni y el hospital— y reclamó que Ib-salut refuerce la seguridad en esos puntos antes de que se produzca «una desgracia mayor». La representante de SATSE denunció que la cobertura actual es desigual: mientras el centro de Sant Antoni cuenta ahora con vigilancia las 24 horas, en Santa Eulària el servicio de seguridad solo opera de ocho de la mañana a ocho de la tarde, dejando la noche sin cobertura.
Además, alertó de que el refuerzo previsto para Sant Antoni tiene fecha de caducidad: se mantendría hasta finales de agosto y, según lo acordado hasta ahora, el turno de noche solo se prolongaría hasta el 31 de octubre. Para el sindicato, la vigilancia debe ser permanente durante todo el año en todos los centros de salud, y no limitarse a la temporada alta turística.
Fernández incidió en que la prioridad debe desplazarse de la reacción a la prevención: una vigilancia de seguridad, dijo, que disuada y que permita al profesional avisar y actuar en el momento en que detecta a un paciente potencialmente agresivo, antes de que la situación derive en agresión física, a la que ambos calificaron como «un fracaso del sistema».
Ambos sindicatos pidieron además que se revise el protocolo de prevención de agresiones de Ib-salut, que actualmente se activa solo cuando la agresión ya se ha producido. Ortiz reclamó que las mesas de trabajo que el propio protocolo contempla se constituyan de forma efectiva para desarrollar estrategias de protección antes de que el paciente entre en el sistema sanitario. Fernández hace hincapié aquí en el momento del traslado en ambulancia, donde los técnicos quedan a menudo desprotegidos «Policía Nacional y Guardia Civil son siempre reticentes a hacer acompañamientos a pacientes, y Policía Local tan solo en ocasiones».
Reincidentes
SATSE cifra en más de un 25% el incremento de las agresiones a sanitarios en Ibiza entre 2024 y 2025, el mayor repunte de todas las islas del archipiélago. Ortiz insistió en la importancia de denunciar cada episodio, con independencia de su gravedad, porque los datos disponibles muestran que, una vez interpuesta la denuncia, la reincidencia del agresor cae a cero, mientras que una parte relevante de los agresores repite si el hecho no llega a los tribunales.
La coordinadora de SATSE también puso el foco en las secuelas que arrastran los profesionales agredidos, tanto físicas —dolores de cabeza, insomnio, malestar general— como psicológicas, con cuadros de ansiedad y estrés postraumático que, según explicó, afectan no solo a quien sufre la agresión de forma directa, sino también a los compañeros y pacientes que la presencian.
Autoridad ante la ley
Fernández recordó que los profesionales sanitarios tienen la consideración de autoridad a efectos penales, por lo que agredirlos está tipificado como delito y puede acarrear penas de hasta dos años de cárcel. El portavoz de Simebal reclamó a Ib-salut que difunda esta circunstancia entre los pacientes mediante campañas informativas, a modo de las campañas disuasorias que ya se emplean en otros ámbitos de salud pública, para que quede claro que agredir a un sanitario «no sale gratis».
Simebal reclama, además, que se reconozca legalmente a las profesiones sanitarias como profesiones de riesgo, un trámite de ámbito estatal que, según Fernández, el Gobierno se comprometió a estudiar a raíz de la pandemia y que sigue pendiente por su impacto económico. El sindicato sostiene que la exposición constante a riesgo biológico, a la nocturnidad y a la agresión física justifica ese reconocimiento, que debería traducirse en mayor protección jurídica, preventiva y laboral para el colectivo.
Ambos sindicatos coincidieron en reclamar a Ib-salut una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia en el ámbito sanitario, ya sea física o verbal, y pidieron que la última agresión se investigue conforme al protocolo vigente para corregir las causas evitables y evitar que vuelva a repetirse.