La sede de la Fundación Residencia de Estudiantes acogió este lunes en Madrid la jornada ‘Alquiler de vivienda de corta duración’, un encuentro organizado por el Consejo General del Notariado en el que juristas, representantes institucionales y profesionales del sector analizaron las consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló parcialmente el Real Decreto 1312/2024, por el que el Gobierno reguló el registro único de alquileres de corta duración.
Entre los participantes figuró el vicepresidente primero y conseller de Lucha contra el Intrusismo del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, y el director insular de Intrusismo, Enrique Gómez Bastida, invitados junto a representantes de la Comunidad Valenciana para exponer la experiencia de ambas administraciones en la gestión del alquiler turístico desde la perspectiva de los destinos.
La presidenta de Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, inauguró la jornada advirtiendo de la «hipertrofia normativa y administrativa» existente en materia de alquileres turísticos. Asimismo, cuestionó el procedimiento diseñado por el Estado para conceder el número de registro de alquiler, al considerar que vulneraba principios básicos del sistema registral español.
La conferencia inaugural corrió a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Juan Ramón Fernández Torres, mientras que el magistrado del Tribunal Supremo Diego Córdoba y la letrada del Consejo de Estado Raquel Hurtado analizaron los fundamentos jurídicos de la sentencia del Alto Tribunal y del dictamen emitido por el Consejo de Estado, que ya había advertido de la falta de competencia estatal para crear un registro duplicado y de su incompatibilidad con el reglamento europeo.
Durante la segunda mesa redonda participaron representantes del sector, entre ellos la presidenta de Fevitur, Silvia Blasco, quienes cifraron en 496 millones de euros las pérdidas ocasionadas a propietarios y gestores por la aplicación del decreto ahora parcialmente anulado. Los ponentes coincidieron además en que el problema del acceso a la vivienda responde a múltiples factores y destacaron el déficit de unas 750.000 viviendas existente en España.
Consell d’Eivissa
En su intervención, Mariano Juan defendió que el Consell d’Eivissa ya había advertido de los problemas jurídicos que planteaba el registro único antes de su aprobación. «Lo advertimos desde el principio: no se puede legislar de esta manera sin contar con los destinos turísticos ni con las autoridades competentes. Cuando se actúa desde la imposición y sin diálogo, el resultado es un reglamento que acaba siendo anulado por los tribunales», afirmó.
El vicepresidente insular sostuvo que la sentencia del Tribunal Supremo obliga ahora al Gobierno central a rehacer el sistema para adaptarlo correctamente al Reglamento de la Unión Europea. «Europa exige una ventanilla única de intercambio de datos entre administraciones, no un registro adicional. Ahora mismo España está incumpliendo esa obligación porque el modelo aprobado ha quedado invalidado», señaló.
Mariano Juan también alertó de las posibles consecuencias económicas derivadas de la anulación parcial del decreto. Según explicó, alrededor de 300 familias de Ibiza con licencias turísticas plenamente válidas no pudieron anunciar sus viviendas en plataformas digitales al no obtener el segundo número de registro exigido por el Estado. «Se ha generado una enorme inseguridad jurídica. Lo que había que hacer era luchar contra los ilegales, no perjudicar a quienes cumplían la normativa y pagaban sus impuestos», aseguró.
El conseller recordó que la estrategia del Consell d’Eivissa ha estado centrada en la lucha contra la oferta clandestina de alojamiento turístico. «Nuestra actuación ha permitido reducir los anuncios ilegales en las plataformas de más de 4.400 a unos 1.800, mientras el Gobierno central se dedicaba a generar más burocracia y más costes para quienes ya eran legales», destacó.
Asimismo, advirtió de que la anulación del registro único podría derivar en reclamaciones patrimoniales por parte de propietarios afectados. «Ahora el Gobierno tendrá que resolver qué ocurre con las posibles indemnizaciones por los perjuicios ocasionados y cómo adapta la normativa para cumplir con Europa sin volver a cometer los mismos errores», concluyó.
Mariano Juan se cree que es un Dios de la legislación y la prueba esta que la lia con todo lo que hace. Mucho hablar pero a la hora de la verdad es intrusismo en Ibiza es una lacra que sigue sin solución.