Los consells insulares tutelan en estos momentos 880 menores extranjeros no acompañados llegados a las Islas en pateras. Las Pitiusas gestionan un total de 333, de los cuales la mayoría, 218, están siendo tutelados por el Consell Insular de Formentera. Una responsabilidad que se considera a todas luces excesiva para la institución de autogobierno de una isla en la que residen unas 12.000 personas.
Este es uno de los mensajes que la vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Maria Antònia Estarellas, lanzó este martes en una rueda de prensa en la que ha denunciado la grave crisis que está provocando la inmigración irregular en Baleares y ante la cual el Gobierno de Pedro Sánchez permanece impávido.
Acompañada de la consellera de Bienestar Social, Sandra Fernández, Estarellas dejó claro que el problema es ya «estructural» en las Islas. Y denunció que, a pesar de ello, el Gobierno central sigue sin dar al Govern la información necesaria sobre «la evolución del fenómeno y la planificación prevista ante las llegadas irregulares». Una actitud que llevó al Ejecutivo presidido por Marga Prohens a renunciar a participar en la última Conferencia Sectorial de Inmigración.
«La transparencia también es una expresión de la lealtad institucional», recordó Estarellas. Y ha subrayado que las comunidades necesitan la información solicitada al Estado para poder «anticiparse, planificar y dar respuesta a una realidad que gestionan diariamente». También señaló que la llegada de pateras al archipiélago no es ya una cuestión excepcional: «Hace poco más de una década hablábamos de una treintena de embarcaciones anuales. Hoy hablamos de centenares de pateras y de miles de personas llegadas cada año».
Los datos son contundentes. Entre el 1 de enero de 2025 y el 24 de julio de este año han llegado a Baleares 11.055 inmigrantes irregulares a bordo de 606 pateras. Cifras que el Govern considera que confirman la consolidación de la ruta migratoria entre Argelia y el archipiélago. Esta ruta, además, ha sido identificada por Frontex como «uno de los principales cambios que se están produciendo en las fronteras exteriores de la UE», ha señalado la vicepresidenta segunda del Govern. Y es que mientras en Canarias se ha registrado un descenso del 67 % de llegadas, en Baleares la subida se cifra ya en el 17 %.
En lo que va de año, han llegado a las Islas 3.734 inmigrantes y 205 pateras. La mayoría de ellas han tenido como destino la isla de Formentera. En concreto, 118 embarcaciones y 1.857 inmigrantes irregulares. Mallorca ha recibido 519 inmigrantes y 29 pateras. A estas cifras deben sumarse los 1.857 inmigrantes llegados a Cabrera. En el caso de Ibiza, han llegado entre enero y julio 10 pateras y 183 personas.
Estarellas ha denunciado que, en el caso de Formentera, «la isla no puede asumir sola una presión migratoria de esta magnitud». Además, ha subrayado que «se ha convertido en una de las primeras líneas de la frontera exterior del sur de la UE». Por este motivo, el Govern considera que el Estado no solo ha de tener en cuenta el volumen de llegadas sino también «su impacto sobre cada territorio».
La vicepresidenta segunda, por otro lado, recordó que «detrás de cada embarcación hay personas que arriesgan la vida para llegar a Europa y organizaciones criminales que se lucran explotando esta desesperación». También ha denunciado que solo en la última semana se han recuperado siete cuerpos sin vida en las costas del archipiélago. Y ha insistido en que «esta es la cara más dura de la inmigración irregular». Por ello, ha exigido una respuesta que combine «la máxima humanidad con las personas y la máxima firmeza contra las mafias que trafican con seres humanos».
Estarellas también subrayó que el control de las fronteras, la política migratoria y la solicitud de los mecanismos europeos corresponden exclusivamente al Gobierno de España. Y recordó, en este sentido, las reuniones mantenidas por la presidenta Prohens con Pedro Sánchez y con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, en la que se reclamó «la activación de todos los mecanismos europeos disponibles para reforzar el control de las fronteras exteriores». Mecanismos como el despliegue de Frontex y cuya solicitud ha de realizar el Estado.
La vicepresidenta segunda, además, precisó que el Govern ya ha presentado 11 recursos judiciales «en defensa de los intereses de Baleares». Y afirmó que continuará «reclamando una respuesta específica para el archipiélago basada en el refuerzo del control de las fronteras, la lucha contra las mafias, la activación de los mecanismos europeos disponibles y una mayor coordinación, planificación y lealtad institucional entre administraciones».
La consellera de Bienestar Social, Sandra Fernández, indicó, por su parte, que la red de protección de menores de los consells insulares está viviendo ahora «el momento de máxima presión de su historia». Con 880 menores extranjeros no acompañados tutelados, las instituciones insulares están destinando hasta 38 millones de euros para este fin. Sin embargo, la aportación estatal para sostener estas tutelas es de 7,7 millones de euros. Y el compromiso para este año no supera los dos millones.
Si tanto ilegal lo alojasen en los barrios ricos de progres y políticos, en un mes no entraba ni uno.