La Audiencia Nacional tiene sobre la mesa el proceso de extradición de James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr., heredero del imperio mediático y automovilístico estadounidense Cox Enterprises. El magnate y activista progresista fue arrestado el pasado 10 de julio en Ibiza mientras circulaba en vehículo junto a su entorno más cercano. Tras su arresto, compareció por videoconferencia ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, donde el magistrado de guardia ordenó su ingreso provisional en una prisión madrileña a petición de la Fiscalía, mientras se resuelve la solicitud de entrega enviada por la justicia norteamericana bajo los cargos de blanqueo de capitales y financiación de Hamás.
Para hacer frente al procedimiento, el millonario ha confiado su defensa a ILOCAD, el bufete fundado por el exjuez Baltasar Garzón —conocido también por representar a Julian Assange en su día—. Desde el despacho han emitido un comunicado en el que aseguran que coordinarán la estrategia judicial para demostrar ante la justicia española que los movimientos económicos investigados responden estrictamente a labores humanitarias y de ayuda civil en Gaza, exigiendo al mismo tiempo que se respeten todas sus garantías legales. La defensa recalca que el filántropo niega rotundamente las acusaciones y argumenta que las transferencias examinadas se limitan a ayudas sociales y a su labor empresarial y de patrocinio deportivo desarrollada desde Túnez.
Por su parte, el entorno familiar del activista ha denunciado públicamente que esta orden de captura forma parte de una «persecución política» impulsada por la administración de Donald Trump para castigar su activismo a favor de Palestina. Los allegados sostienen que los cargos federales imputados, que podrían suponerle una condena de hasta 30 años de cárcel, forman parte de una acusación «fabricada» que toma como única prueba los envíos de dinero realizados desde Estados Unidos hacia territorio tunecino. En cualquier caso, el procedimiento judicial se sustanciará en los tribunales de la Audiencia Nacional, quedando en manos del Gobierno español la decisión definitiva sobre si se autoriza o rechaza su entrega a Estados Unidos.
Es como Sánchez ; por dinero uno y por mantenerse en el poder el otro ,venden a sus hijos si es preciso.