La junta de gobierno del Consell Insular de Formentera ha aprobado esta semana las nuevas alegaciones que presentará al Govern para defender las instalaciones de temporada que quedaron parcialmente excluidas de la autorización para el periodo 2026-2029. La institución sostiene que los elementos propuestos son compatibles con la protección ambiental y considera que algunos de los criterios utilizados para denegarlos se han aplicado de manera excesivamente restrictiva.
Las restricciones afectan a distintos tramos del litoral, como es Cupinar, es Arenals, Migjorn y Ca Marí. También se analizan instalaciones en Cavall d’en Borràs, ses Illetes, Llevant y es Pujols.
Entre los motivos de denegación figuran el incumplimiento de las distancias respecto a la línea de mar y a los sistemas dunares, la separación entre instalaciones y las características físicas de algunas playas.
Sin embargo, el Consell de Formentera sostiene que estos criterios deben interpretarse teniendo en cuenta la realidad física de cada playa. El Consell recuerda que los sistemas dunares de buena parte del litoral están protegidos mediante palos y cuerdas y que la propia normativa permite reducir determinadas distancias cuando existen elementos de protección.
La institución defiende además que la ocupación propuesta se mantiene por debajo de los límites legales. Según sus cálculos, supone un 4,28 % en Cavall d’en Borràs, un 6,15 % en ses Illetes, un 2,33 % en Llevant, un 17,74 % en es Pujols y un 5,98 % en el conjunto de los tramos de Migjorn. Es Pujols es la única playa urbana; las restantes son consideradas naturales.
Enfrentamiento
El conflicto administrativo ha adquirido una dimensión política después del cese de la directora general de Costes i Litoral, Maria Joaquina Ferrer. Gent per Formentera ha considerado que su destitución confirma el «fracaso» de la política litoral del Govern de Marga Prohens y de Sa Unió, y ha reclamado responsabilidades políticas por los problemas generados con los servicios de temporada. La formación sostiene que el relevo no soluciona la reducción de hamacas y sombrillas ni la incertidumbre de concesionarios, empresas y trabajadores.
Sa Unió, por su parte, rechaza estas acusaciones y asegura que ha defendido los intereses de Formentera mediante recursos, enmiendas y alegaciones, siempre dentro de la legalidad. El equipo de gobierno insular atribuye el origen del problema a la anterior gestión de GxF y PSOE, a los que acusa de impulsar una licitación que excedía el plazo de la autorización.
El Consell reclama finalmente que, cuando las condiciones de una playa impidan instalar todos los elementos previstos, se opte por reducir su número o modificar su ubicación antes que denegar íntegramente el lote. El desenlace de estas alegaciones determinará si Formentera recupera parte de los servicios de temporada inicialmente rechazados para los próximos cuatro años.