Empresas dedicadas al alquiler y las excursiones en motos de agua reclaman un mayor control sobre las actividades náuticas que se desarrollan en Platja d’en Bossa y advierten de la creciente saturación que, a su juicio, está registrando esta zona del litoral de Sant Josep. Uno de los empresarios del sector se ha puesto en contacto con Periódico para explicar que asegura haber comunicado en varias ocasiones a las autoridades la presencia de operadores que presuntamente estarían ofreciendo servicios de alquiler o excursiones sin disponer de las mismas autorizaciones que las empresas legalmente establecidas.
El propietario de una compañía de motos de agua que desarrolla su actividad por segundo año en la zona explica que adquirió el negocio, ya existente, junto con las licencias y autorizaciones necesarias para desarrollar la actividad de forma legal. «Tenemos una zona en el mar que está autorizada para nosotros», señala. Sin embargo, asegura que se ha encontrado con «una gran cantidad de gente alrededor» que también se dedica al motos de agua.
El empresario llega a referirse a estos operadores como «piratas» y sostiene que el principal problema no es la existencia de competencia sino las diferentes condiciones en las que, según afirma, se desarrolla la actividad. «No me importa tener competencia, pero esto no es justo», insiste.
Según su relato, algunos de estos operadores no contarían con las mismas licencias ni seguros que las empresas autorizadas. Una circunstancia que, en su opinión, puede convertirse además en un problema de seguridad. «Si tenemos accidentes, el único que va a tener problemas es el que está legalmente establecido», apunta, al tiempo que plantea el problema de quién asumiría las responsabilidades en caso de que se produzca un accidente con una empresa que supuestamente no cuenta con las correspondientes coberturas.
Denuncias
Este empresario asegura que la situación ya ha sido comunicada a diferentes administraciones y cuerpos de seguridad. «Hemos presentado denuncias ante la Guardia Civil, la Policía Local y el Ayuntamiento», explica. Sin embargo, asegura que, aunque las administraciones han recibido sus comunicaciones, no ha obtenido una respuesta. «Simplemente confirman que han recibido el correo, pero no tengo ninguna respuesta posterior del Ayuntamiento», señala. En este sentido, considera que debería producirse una mayor vigilancia de las actividades que se desarrollan en el litoral. «¿Por qué no se hace nada?», se pregunta.
Una de sus principales quejas tiene que ver precisamente con las restricciones que deben cumplir las empresas que disponen de autorización. Explica que existen canales específicos para la entrada y salida de las motos de agua desde la playa y que las empresas autorizadas deben asumir determinados costes y cumplir una serie de condiciones.
«Nosotros tenemos que pagar dinero por ello porque sabemos que no se puede hacer de cualquier manera», afirma. La situación que denuncia es que, mientras las empresas autorizadas deben cumplir esas condiciones, otros operadores podrían estar accediendo directamente desde la playa para realizar el alquiler de las motos.
Motos fondeadas
Entre las situaciones concretas que asegura haber observado se encuentra la presencia de motos de agua frente a un conocido hotel. Según explica, estas motos permanecerían fondeadas durante varias horas y los clientes serían trasladados desde la playa hasta ellas. «Siempre están allí», asegura. Según su relato, las motos se colocarían en una zona de posidonia y los clientes serían trasladados desde la playa hasta las embarcaciones para comenzar posteriormente la actividad.
El empresario sostiene, además, que la comercialización de estas excursiones desde determinados puntos de playa podría no estar contemplada en las autorizaciones concedidas para esas actividades. «No puedes alquilar las motos de agua desde la playa», afirma.
La denuncia también hace referencia a movimientos de clientes mediante embarcaciones en las inmediaciones de otro hotel de la zona, desde donde, según asegura, serían trasladados hasta otros puntos para realizar posteriormente actividades con motos de agua.
En este caso, el empresario establece una distinción entre disponer de una embarcación para determinadas funciones y utilizar un punto concreto de la playa para comercializar el alquiler de motos. «El problema es que no se puede vender el alquiler de motos de agua desde allí», sostiene.
«Cumplimos las normas»
El empresario insiste en que su reclamación no pretende eliminar la competencia sino que todos los operadores estén sometidos a las mismas obligaciones. «Tenemos que cumplir muchas normas y mantener toda la documentación, los seguros y los equipos de seguridad», explica. A su juicio, la situación genera una desventaja para quienes realizan las inversiones necesarias para desarrollar la actividad conforme a la normativa.
La preocupación se extiende además a la seguridad de los usuarios. «Veo muchos problemas en el futuro», advierte. En particular, teme las consecuencias que podría tener un accidente entre una empresa autorizada y uno de estos operadores que, según sostiene, carecerían de licencia o seguro. «Si tuviera un accidente con alguien así, tendría muchos problemas con mis clientes y con el seguro. ¿Quién se haría cargo de eso?», plantea.
El empresario considera que el problema no afecta únicamente a los intereses de las compañías del sector sino también a la imagen turística de Ibiza y a la seguridad en una zona que durante los meses de verano concentra una elevada cantidad de bañistas, embarcaciones y actividades náuticas. «No creo que sea bueno para el negocio turístico de Ibiza tener una competencia que no es justa», afirma.
Más inspecciones
Ante esta situación reclama al Ayuntamiento de Sant Josep que explique qué inspecciones se están llevando a cabo en Platja d’en Bossa, qué actuaciones se han realizado después de las denuncias presentadas y qué medidas se prevén adoptar para garantizar que las actividades náuticas se desarrollen dentro de las condiciones establecidas en las correspondientes autorizaciones. La petición pasa, según el empresario, por reforzar el control de las concesiones y de los puntos desde los que se comercializan las distintas actividades náuticas, así como por comprobar que los operadores disponen de las licencias, seguros y medios de seguridad exigibles.
El empresario resume su posición en una reclamación de igualdad de condiciones: «No me importa tener competencia, pero esto no es justo». Y reclama que las normas que se aplican a las empresas autorizadas sean también efectivamente controladas en el resto de actividades que se desarrollan en el litoral.