El Consell d'Eivissa ha defendido ante el Parlament que la Ley del Litoral permita «gestionar mejor la presión y ordenar la costa desde la isla».
En un comunicado, la institución ha explicado que vincula la nueva ordenación del litoral con su política de gestión de flujos.
El representante ante el pleno del Parlament, el vicepresidente insular Mariano Juan ha defendido en la Comisión General de Consells que la futura ley debe convertirse en una herramienta «para ordenar Eivissa desde Eivissa» y dar continuidad a la política de gestión de flujos se sigue en movilidad o lucha contra el intrusismo.
«En Eivissa hemos aprendido que la presión sobre una isla no se combate con una sola medida. Se gestiona decidiendo cuánta gente puede soportar cada lugar, cómo llega y cómo se mueve», ha dicho.
Desde el Consell, además, han destacado que los datos apuntan a una reducción cercana al 13 por ciento en el número de vehículos que entraron a la isla entre mayo y junio, unos 10.300 vehículos menos. Al mismo tiempo, el transporte público registra más usuarios, con una subida en agosto del 40 por ciento.
Juan también se ha referido a datos de Frontur, que resaltan un descenso del alojamiento de no mercado en junio y julio, mientras se mantiene la ocupación vinculada al mercado reglado.
Así, la Ley del Litoral deberá aplicar estas políticas y lógicas en playas y en la costa, decidiendo primero qué puede soportar cada lugar y después ordenar cómo se llega y qué usos admite.
También ha considerado que no todas las playas de Eivissa necesitan la misma respuesta. Por ello, la norma debe reforzar el papel de los Consell en la planificación del litoral.
En relación a los servicios de temporada y quioscos de playa, el vicepresidente ha defendido una posición de equilibrio, «ni una barra libre en nuestras playas, ni la prohibición por sistema».
También ha exigido que el reconocimiento de competencias a los Consells se acompañe de un traspaso efectivo y bien dotado. Además, ha pedido que esta financiación no se calcule por kilómetros de costa, sino teniendo en cuenta la carga real de gestión de cada isla.
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