El que parece haberse convertido ya en un sempiterno debate para el Ayuntamiento de Sant Josep ha vuelto a protagonizar un nuevo plenario josepí. Este jueves, la situación legal de los Apartamentos Don Pepe, ante la presencia de unos pocos vecinos, ha vuelto a protagonizar los momentos más tensos del pleno, con acusaciones cruzadas entre el equipo de gobierno, secundado por Vox en su propuesta, y la oposición formada por el Grupo Socialista, Ara Eivissa y Unides Podem, tanto por la propia moción como por el historial que arrastra este complejo caso urbanístico desde el desalojo, allá por el año 2020.
El equipo de gobierno llevó al pleno la equiparación de la situación legal del Bloque A con la del Bloque B. Una medida que salió aprobada con los votos favorables del PP y de Vox y la abstención de los grupos municipales a la izquierda del hemiciclo. Una medida que se limita, según aseguró el alcalde Vicent Roig, a esa equiparación legal «y que no supone legalizar nada», destacó Roig, por al que la situación sigue siendo, a día de hoy, algo incierta para los vecinos de los Don Pepe, ya que ni tan siquiera el alcalde del municipio se atreve a ofrecer un posible calendario de regreso a sus pisos.
Los argumentos
El Ayuntamiento, según afirmó su alcalde, ha trabajado durante meses en dos frentes paralelos. Por un lado, revertir la declaración de ruina del edificio, que en realidad es doble: urbanística y técnica. Por otro, demostrar que el Bloque A tuvo trato legal similar al Bloque B, aunque el Libro de Registro de Licencias de Obras del período 1960-1967 se extravió.
En el informe jurídico se concluye que, aunque falta el documento de licencia del Bloque A, existen diversos indicios que apuntan a que su tramitación se produjo en paralelo a la del B. Ambos bloques fueron proyectados simultáneamente con planos substancialmente idénticos. Se pagaron arbitrios para los dos. La Capitanía General autorizó la construcción de ambos. Una escritura pública de 1965 los menciona conjuntamente. Después aparecieron en el Pla Parcial d’Es Codolar.
Vicent Roig subrayó que durante seis décadas, la propia administración municipal ha tratado los edificios como legales: se cobraron plusvalías en ventas, se autorizaron obras de mantenimiento a vecinos que presentaban declaraciones responsables, se tramitaron notarialmente transmisiones de propiedad. «La administración no puede eludir su responsabilidad», según afirmó. «No podemos decir que no estaban aquí cuando nuestros propios actos demuestran que lo estaban». En este sentido, recordó que los edificios llevan allí desde 1964 y que ha habido transmisiones, actos notariales de venta y pagos de plusvalías.
Este matiz es jurídicamente delicado. La aprobación de este jueves no supone una legalización sino un reconocimiento de la presunción de legalidad. Es decir, que la tramitación del bloque A probablemente fue paralela a la del B, aunque en papel no conste. Tampoco es una nueva licencia de obras, según precisó. Es un paso administrativo que permite continuar en la vía judicial de buscar una transacción —un acuerdo— para retirar los litigios sobre la ruina y el desalojo.
La rehabilitación
La rehabilitación estructural es técnicamente posible, según el informe municipal de 24 de agosto. La modificación del artículo 129.2 de la Ley de Urbanismo de Baleares ampara expresamente las obras necesarias por razones de seguridad, salubridad e higiene. Es decir, según asegura el Ayuntamiento de Sant Josep, hay una puerta legal para reparar el edificio. Pero esa puerta requiere que antes se revierta la declaración de ruina, que no es firme.
Tras terminar el pleno, Roig se reunió con los representantes de los vecinos —tanto el abogado de la comunidad como los portavoces de la asociación— para planificar los próximos movimientos y decidir cómo comunicar la situación a todas las familias. Les pidió también que no haya recursos judiciales que entorpezcan el avance. «Creo que hemos de ser rigurosos, serios y reconocer que la administración no siempre lo hace todo perfecto y que el administrado también necesita una cobertura por parte de la administración», apostilló Vicent Roig.
El alcalde expuso que en su momento se hizo firmar a las familias un protocolo de reubicación que no tuvo «ninguna validez política», porque fue un acuerdo entre gobiernos para poder presentarse a elecciones «con una poca de paz».
Las críticas
Desde el Grupo Socialista respondieron con fuertes críticas a la medida que el PP llevó este jueves a pleno. «Este informe que nos presentan como solución no aguanta sus propios argumentos. Esto no es una licencia; es una figura inventada para la ocasión que ni los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento lo avalan», según afirmó la concejala socialista Pilar Ribas. La socialista se mostró muy crítica, además, con que esta equiparación deja atrás la quinta planta y los bajos, y cargó contra la renuncia del Consistorio por no querer seguir tratando de edificar una nueva alternativa de vivienda para los propietarios de los Don Pepe. Sin embargo, presentó un voto de abstención «porque estamos dispuestos a abordar cualquier opción para ayudar a esta gente».
La representante de Vox, Araceli Colomar, mostró su acuerdo con la medida y criticó la herencia socialista en la gestión de la situación de los Don Pepe.
Por su parte, el representante de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, consideró que «con esta propuesta de acuerdo no estaremos más cerca de que los vecinos del Don Pepe puedan volver a sus casas, sino que vamos hacia un callejón sin salida», para añadir que «espera equivocarse» con dicha conclusión. Sin embargo, votó también abstención en consonancia con su manera de entender la situación con los vecinos desalojados. Una posición similar a la de la representante de Unides Podem, Mónica Fernández, quien consideró que «esto no es la solución necesaria para los vecinos». Por último, Raquel Ripoll —miembro no adscrito de Vox— también se abstuvo por motivos similares.
Los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento trabajan en una propuesta de transacción que el pleno deberá aprobar nuevamente antes de presentarla ante el juzgado para su homologación. Si hay recursos, los tiempos se alargarán. Si no los hay, la solución podría estar más cerca, según señalaron desde el Ayuntamiento de Sant Josep. Pero el calendario sigue siendo incierto, tal como ha reconocido el alcalde: «Todo depende de las dificultades que nos encontremos de por medio».
El desalojo se produjo en junio de 2020, ordenado por la administración socialista de entonces —la misma que hoy se abstiene en la votación— bajo el argumento de peligro de derrumbe. Fue después de la caída de un trozo de forjado entre el cuarto y quinto piso. El edificio estaba fuera de ordenación, sin licencia documentada y mostraba patologías graves. Pero desde entonces, el caso se ha convertido en un limbo administrativo donde nunca llega una solución para todos los vecinos afectados. En 2022, se identificó un solar en la Avenida de Sant Jordi para posibles reubicaciones. En 2024, el Govern estudió la posibilidad de legalizar los apartamentos mediante un decreto de simplificación administrativa. Mientras, los vecinos siguen a la espera de la solución definitiva.
IbizaazibiEstas muy muy miedoso!! Seguramente no has salido nunca por el mundo... Me daria miedo encontrarme contigo por tanta tonterîa puedes soltar! Y el dinero, no te preocupes, no viene de tus dichosos impuestos de ibicenco, viene del govern balear.