No recuerdo haber visto nunca a Lluís Apesteguia tan enfadado. El coordinador de Més per Mallorca compareció este viernes visiblemente indignado para denunciar el «veto aberrante» y «vergonzoso» del Gobierno de Pedro Sánchez a la proposición de ley de cogestión aeroportuaria aprobada por el Parlament. Motivos para enfadarse tiene. Otra cuestión es qué piensa hacer Més con ese enfado.
La iniciativa pretende que Balears participe de manera efectiva en las decisiones sobre sus aeropuertos. Entre otras cuestiones, reforzaría las atribuciones del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Balears, donde el Estado perdería su actual posición mayoritaria, y permitiría intervenir en cuestiones tan relevantes como el tráfico aéreo, las tarifas o determinadas inversiones. En definitiva, trasladaría parte de la capacidad de decisión sobre unas infraestructuras absolutamente determinantes para el modelo económico y turístico de las Islas.
El Gobierno ni siquiera quiere que se discuta. Ha comunicado al Congreso su oposición a la tramitación alegando repercusiones presupuestarias. Sostiene que limitar el crecimiento del tráfico o congelar tarifas reduciría los ingresos de Aena y, consecuentemente, los del Estado, propietario del 51 por ciento de la compañía. Sus cálculos contemplan decenas de millones de euros menos de ingresos ya en 2026 y un impacto de varios centenares de millones en los años posteriores. También cuestiona constitucionalmente que Balears pueda disponer de capacidad vinculante sobre aeropuertos considerados de interés general.
Més replica, con argumentos coherentes, que una cosa es decidir quién participa en las decisiones y otra anticipar cuáles serán esas decisiones. Cogestionar no significa necesariamente reducir vuelos ni congelar tarifas. Vicenç Vidal sostiene, además, que el supuesto perjuicio presupuestario es futuro e hipotético y que no afectaría a los Presupuestos de 2026.
Apesteguia exige ahora a Francina Armengol que, como presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, no acepte el veto y permita tramitar la ley aprobada en Balears. Este martes la Mesa deberá pronunciarse y los dos representantes de Sumar votarán a favor de levantar ese veto. Més reclama lo mismo a PSOE y PP.
Pero tanta indignación tiene un problema: las elecciones autonómicas se acercan y el enfado corre el riesgo de parecer sobreactuado. Porque nadie podía sorprenderse demasiado. El PSOE nunca ha mostrado entusiasmo por entregar a Balears capacidad decisoria sobre sus aeropuertos y Més —y por tanto Sumar— conoce perfectamente la posición socialista.
Por eso resulta demasiado cómodo señalar ahora a Armengol. Si Apesteguia considera que Sánchez está perpetrando un ataque «aberrante» contra el autogobierno de Balears, tiene a su alcance una respuesta política bastante más contundente que una rueda de prensa: Vicenç Vidal puede dejar de apoyar parlamentariamente al Gobierno.
Eso sí podría tener consecuencias y quizás obligaría al PSOE a replantearse su estrategia de dinamitar la ley de cogestión. Junts decidió retirar su apoyo cuando consideró agotada su relación con Sánchez. Més, en cambio, continúa facilitando con su voto la supervivencia de un Ejecutivo al que después acusa de despreciar las instituciones de Balears.
No se puede mantener indefinidamente una cosa y la contraria. Si el veto es tan grave como asegura Apesteguia, que actúe en consecuencia. Y si no está dispuesto a hacerlo, tanta indignación acabará pareciendo postureo político.