Las entidades trasladan a Raquel Guasch, directora insular de la Administración General del Estado su preocupación por un fenómeno que afecta a la «convivencia, la seguridad y a la protección de menores»
Vecinos, familias y representantes del sector turístico y de la hostelería de Sant Antoni reclaman una mayor coordinación e implicación policial para hacer frente al consumo recreativo de óxido nitroso, también conocido como ‘gas de la risa’, un fenómeno que, según denuncian, continúa siendo visible en determinadas zonas del municipio.
La petición se ha trasladado este miércoles a la directora insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch Ferrer, durante una reunión en la que han participado representantes de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), la Asociación de Vecinos de Sant Antoni de Portmany, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes (FAFA) y la Asociación de Empresarios de la Hostelería de la Bahía de Sant Antoni.
Las entidades consideran que «el problema va más allá del ámbito del ocio y tiene repercusiones sobre la convivencia vecinal, la protección de menores y adolescentes, la limpieza de los espacios públicos, la gestión de residuos, la seguridad y la imagen turística de Ibiza», han precisado.
Reclaman más presencia y coordinación policial
Uno de los principales asuntos abordados durante el encuentro ha sido la necesidad de reforzar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local y las administraciones competentes para mejorar la prevención y la respuesta ante situaciones relacionadas con el consumo, venta, distribución y abandono de bombonas de óxido nitroso.
Los representantes de las entidades han señalado que Sant Antoni soporta una «presión creciente en materia de convivencia y seguridad» y han reclamado una «presencia preventiva suficiente en los puntos considerados más conflictivos, entre ellos el paseo de s’Arenal».
La representante de la Asociación de Vecinos de Sant Antoni, Concepción Romero, ha asegurado que los vecinos tienen «la sensación de que las actuaciones realizadas hasta ahora no son suficientes» y de que el problema continúa presente «año tras año» en las calles, espacios públicos y zonas de ocio.
Por ello, ha reclamado «medidas normativas claras que se traduzcan en resultados visibles», además de «una respuesta preventiva y coordinada entre administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local».
En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería de la Bahía de Sant Antoni, Damián Marí Lynch, quien ha reconocido «las limitaciones de medios» y el trabajo realizado por los profesionales, pero ha considerado necesario reforzar el dispositivo. «Precisamente por ello, consideramos necesario reforzar la coordinación operativa, la presencia preventiva y la capacidad de respuesta ante incidencias que se producen en la vía pública y en las zonas de ocio», ha señalado.
Los empresarios consideran, además, que el problema no puede abordarse únicamente desde el sector privado. «No estamos ante una preocupación exclusivamente empresarial. Es un asunto que afecta a familias, vecinos, trabajadores, establecimientos y visitantes», ha apuntado Marí Lynch.
A su juicio, la respuesta debe combinar «prevención, presencia disuasoria, coordinación institucional, gestión adecuada de residuos e implicación de todas las administraciones competentes».
Las familias alertan de la normalización entre los jóvenes
La protección de menores y adolescentes ha sido otro de los ejes de la reunión. La presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes (FAFA), Ana María Torres, ha reclamado una implicación coordinada de las administraciones para evitar que el consumo de óxido nitroso se normalice entre los jóvenes.
«No podemos normalizar que el óxido nitroso esté presente en los entornos de nuestros hijos e hijas ni que se perciba como una sustancia inocua», ha advertido.
Las familias reclaman medidas de prevención e información dirigidas tanto a los propios menores como a padres y centros educativos, además de vigilancia en los espacios públicos y una respuesta efectiva ante la venta o consumo recreativo.
Piden conocer la postura del Gobierno ante la futura PNL
Durante la reunión, los representantes también han solicitado conocer la posición del Gobierno de España ante la proposición no de ley que se debatirá próximamente en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament de Baleares sobre la regulación del óxido nitroso y la reducción de sus efectos sobre la infancia y la adolescencia.
La iniciativa plantea instar al Ejecutivo central a impulsar cambios legislativos para regular el uso del óxido nitroso cuando esté vinculado al ocio recreativo o someterlo a un control estricto cuando se utilice con fines profesionales.
La propuesta contempla asimismo reforzar las actuaciones preventivas y disuasorias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con las policías locales, especialmente en zonas de ocio, espacios públicos y entornos próximos a centros educativos.
También plantea realizar un estudio sobre la dimensión social, sanitaria y medioambiental del fenómeno y desarrollar campañas de prevención e información dirigidas especialmente a menores y familias.
Baleares ya ha endurecido su regulación
Las entidades han puesto también sobre la mesa el nuevo marco normativo balear. El Decreto-ley 2/2026, de 7 de agosto, modificó la Ley 4/2005 sobre drogodependencias y otras adicciones de las Illes Balears y prohíbe la venta minorista, dispensación y publicidad de óxido nitroso cuando tengan como finalidad su consumo por inhalación.
La normativa también prohíbe su venta, dispensación o entrega a menores de 18 años, salvo en el caso de mayores de 16 años que acrediten un uso profesional.
Los representantes han remarcado que el óxido nitroso cuenta con usos legítimos en ámbitos como la medicina, la alimentación, la restauración y la industria. Su preocupación se centra en el desvío de este producto hacia el consumo recreativo y en las consecuencias derivadas tanto de su utilización como del abandono de las bombonas en la vía pública.
Las cuatro entidades han mostrado finalmente su disposición a colaborar con las administraciones en la identificación de incidencias, el traslado de información y el desarrollo de acciones de prevención y concienciación, con el objetivo de lograr una respuesta «conjunta, sostenida y evaluable» ante un fenómeno que, según sostienen, afecta a la convivencia, la seguridad y la imagen de Sant Antoni.
Más presencia policial? Ja ja ja qué graciosos! Están todos de baja... Ni están ni se les espera, igual que el alcalde. No interesa, los globitos son la base del negocio de obeach, mambo y compañía.