La dirección general de Costas y Litoral del Govern balear ha denegado la autorización para instalar y explotar durante cuatro años un circuito cerrado de motos acuáticas de alquiler en el litoral de Portinatx, en el municipio de Sant Joan.
Cabe recordar que la empresa había presentado el pasado 11 de marzo una solicitud para ocupar el dominio público marítimo-terrestre entre 2026 y 2029. El proyecto contemplaba la instalación de cuatro boyas, un punto de embarque situado entre las playas de Arenal Gros y Arenal Petit y un punto de venta de tiques en tierra.
La resolución de la dirección general de Costas y Litoral del Govern concluye que la actividad no debe ser autorizada por razones de interés público y recoge tanto las alegaciones formuladas durante el periodo de información pública como los informes emitidos por distintas administraciones.
Seis escritos en contra
Durante el periodo de información pública, abierto después de la publicación del anuncio en el BOIB el pasado 28 de mayo, se presentaron seis escritos de alegaciones solicitando que se rechazara la autorización.
Entre los alegantes figuran el Grupo de Sant Joan de Labritja del PSOE, la Asociación de Cazadores de Xarracó, la Asociación Fomento de Vecinos de Portinatx y varios particulares.
Dos de las alegaciones llegaron acompañadas de apoyos ciudadanos. Una de ellas incorporó un escrito firmado por 315 personas, mientras que otra contó con el respaldo de 1.329 personas.
Los argumentos expuestos cuestionaban principalmente el impacto ambiental y acústico de la actividad, así como sus posibles efectos sobre la seguridad de bañistas y embarcaciones y sobre el modelo turístico del litoral norte de Sant Joan.
Red Natura 2000
Las alegaciones advertían de que la actividad se desarrollaría en una zona protegida de la Red Natura 2000, concretamente la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000516 «Espacio Marino del Poniente y Norte de Ibiza».
Los escritos cuestionaban la suficiencia del estudio ambiental presentado por la empresa promotora. Entre otros aspectos, señalaban que la evaluación de la avifauna era prácticamente inexistente y que no se había analizado el impacto del ruido submarino.
También ponían en duda la evaluación del riesgo de posibles vertidos contaminantes al mar y apuntaban a contradicciones en la documentación sobre la presencia de praderas de posidonia y la posible afección al fondo marino.
A estas cuestiones se sumaban las críticas por el impacto acústico de las motos de agua, la falta de evaluación de los efectos acumulativos con otras actividades existentes en la zona y el uso de una cartografía que los alegantes consideran obsoleta.
Los escritos también advertían de posibles problemas de seguridad para bañistas y embarcaciones y cuestionaban el dimensionamiento de los puntos de anclaje previstos.
Rechazo del Ayuntamiento
El rechazo al proyecto también cuenta con el posicionamiento desfavorable del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja. La Junta de Gobierno Local acordó el pasado 5 de junio informar negativamente sobre la solicitud.
Según el informe municipal incorporado al expediente, la actividad sería incompatible con el modelo territorial, ambiental, turístico y paisajístico planteado para el litoral norte del municipio, además de generar problemas relacionados con la seguridad y la convivencia de usos en una zona con elevada concurrencia estacional.
El Ayuntamiento también consideró que el proyecto podía entrar en conflicto con la protección de las zonas de baño, con la ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas y con la protección de la ZEPA del espacio marino del poniente y norte de Ibiza.
El informe municipal apuntó además a la necesidad de tener en cuenta las exigencias de protección derivadas de la normativa europea y estatal sobre la Red Natura 2000 y las estrategias marinas.
Medio Ambiente y Capitanía
Durante la tramitación también se solicitaron informes a otras administraciones. La Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica emitió el 8 de junio un informe en el que señalaba que la actividad no supondría una afección significativa, siempre que se cumplieran las condiciones establecidas en dicho informe.
Por su parte, la Capitanía Marítima de Eivissa y Formentera emitió el 16 de junio un informe que establecía distintas condiciones que deberían cumplirse para llevar a cabo la ocupación del dominio público marítimo-terrestre solicitada.
La resolución también señala que la Demarcación de Costas en Illes Balears no había respondido, en el momento de firmarse la resolución, a la petición de informe realizada por la Dirección General de Costas y Litoral. El Govern precisa que la falta de emisión de este informe dentro del plazo establecido no puede interpretarse en ningún caso como un pronunciamiento favorable.
Uso público del litoral
El informe técnico elaborado por el servicio de autorizaciones de la dirección general de Costas y Litoral, fechado el 29 de junio, se pronunció finalmente en contra de conceder la autorización.
Entre sus argumentos figura que debe prevalecer el interés público de las personas que utilizan libre y gratuitamente este tramo de costa y su zona marítima para actividades como el baño o la navegación con artefactos flotantes sin motor frente a una actividad mercantil que, según el informe, no presenta un interés general acreditado.
El documento también considera que la actividad presenta «incompatibilidades claras» con el modelo turístico planteado por el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, en línea con el informe municipal y con las alegaciones negativas presentadas durante el procedimiento.
La resolución recuerda que el reglamento de Costas permite denegar solicitudes de utilización del dominio público marítimo-terrestre por razones de protección del dominio público o de los intereses generales.
En este caso, la dirección general considera que no ha quedado acreditado un interés público prevalente que justifique la instalación del circuito de motos acuáticas ni las razones de interés público de primer orden que permitirían autorizar excepcionalmente una actuación con posible afección a un espacio de la Red Natura 2000.
La empresa tuvo conocimiento de la propuesta de denegación mediante el trámite de audiencia iniciado el 9 de julio. Su representante recibió la comunicación el 17 de julio.
Finalmente, la Dirección General de Costas y Litoral ha resuelto denegar la autorización solicitada por la empresa para ocupar el dominio público marítimo-terrestre e instalar y explotar el circuito de motos acuáticas en Portinatx.
C'ostias....no es fácil de creer...hallelujah