Raquel Guasch: «No es justo pedir diez años de empadronamiento para acceder a una vivienda pública»

Raquel Guasch (Ibiza, 1975) es la representante del Estado en Ibiza y Formentera desde enero de 2024. Le ha tocado trabajar en una legislatura muy complicada que, en el caso de las Pitiusas, tiene como protagonistas la inmigración irregular y la crisis de la vivienda. Guasch es una directora insular de la Administración del Estado atípica. Sin apenas protagonismo mediático, quienes la conocen destacan de ella su capacidad de trabajo. «Soy muy hormiguita», confiesa entre risas esta formenterense que se dice amante de la gestión y, sobre todo, de la filosofía de «no ir en contra de nada ni de nadie».

—La llegada de pateras a Ibiza y Formentera se ha consolidado y las cifras son cada vez más elevadas. ¿Por qué el Gobierno se resiste a admitir la existencia de una ruta migratoria como tal?

—Vienen más embarcaciones y más personas, pero estamos más preparados que nunca. El Gobierno de España no es que se niegue ni deje de reconocer la ruta. Lo importante es reconocer que tenemos una crisis migratoria en las Pitiusas a la que hemos mirado de cara y a la que hemos dotado de más recursos a todos los niveles: Salvamento Marítimo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cruz Roja, refuerzo de plantillas y las infraestructuras en los puertos de la Savina y Botafoch. Además de la inminente instalación del SIVE. ¿Qué cambiaría reconocerlo formalmente? No cambiaría absolutamente nada porque estamos dentro de Frontex y de la estrategia de seguridad y atención humanitaria europea y estatal.

—A raíz de lo sucedido en Ceuta, tanto Vicent Marí como Óscar Portas han manifestado su temor a que llegue una gran avalancha. Los informes de los que habló el presidente Sánchez no ayudan. Como directora insular, ¿comparte esa preocupación?

—Me parece irresponsable que los gestores públicos creen un estado de alarma, lo haga quien lo haga. A los responsables públicos nos toca gestionar. Estamos en el Mediterráneo, somos frontera sur y hay países con graves crisis económicas, guerras y situaciones difíciles de las que la gente huye buscando una vida mejor. Ante esto, reaccionamos y nos ocupamos. Una cosa es ocuparse y otra crear alarma. Esto último denota una mirada corta.

Sabemos que quienes llegan a Formentera e Ibiza están de paso, siguen una ruta migratoria. Se les localiza, se les traslada a espacios modulares bajo custodia de la Guardia Civil, se les brinda atención humanitaria con Cruz Roja, se trasladan a Ibiza, se realizan los trámites de filiación e investigación y continúan su camino. Y quiero destacar el trabajo de la Comisaría de Policía Nacional de Ibiza, que es una de las que más patrones de embarcaciones detiene. Algunos cargos políticos deshumanizan a los migrantes. No debemos olvidar que son personas víctimas de su entorno socioeconómico y sociopolítico y de mafias que trafican con seres humanos. A esas mafias hay que perseguirlas, y aquí se hace con contundencia y mucho éxito. Desde 2025 hablamos de más de 50 patrones.

—Pero el presidente Sánchez habló de una posible avalancha en Baleares.

—No hay que tergiversar sus palabras. Ni las suyas ni las de nadie. Hemos de ser muy respetuosos con quienes ostentan cargos públicos porque los ciudadanos lo han escogido. Lo único que él señaló es que semanal y mensualmente se reciben informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del CNI que advierten de escenarios posibles. Cuando se dice que «se abre ventana», significa que por el estado de calma del mar existe la posibilidad de que lleguen embarcaciones en un plazo de tres días. Pueden llegar 10 o ninguna porque no es algo planificable, por lo que la obligación es estar prevenidos.

—¿Por qué esa información no se comparte con los consells o con el Govern, especialmente cuando gestionan la tutela de menores?

—Porque es información interna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para coordinarse y estar en alerta. No es información con datos cerrados. No se puede saber de antemano si van a llegar tres menores o ninguno.

—¿Cómo se enteran de que llega una patera?

—A veces hay avisos porque nos sobrevuelan helicópteros de Guardia Civil y de Frontex que avisan. También hay barcos que avisan. Y ahí es cuando Salvamento Marítimo acude porque lo primero es salvar vidas.

—¿Y cuando ya han llegado?

—Porque alguien los ha visto o porque ellos mismos dan la alarma de que están ahí.

—Lo que se reclama es tener esta información para poder actuar.

—Tomamos nota pero es una información concreta. No se les puede decir si vienen tres menores. Yo pienso que el mar está en calma pero igual no llega ninguna patera.

—Tanto en Ibiza como en Formentera el principal nudo de la crisis se centra en los menores extranjeros no acompañados. ¿Cuál es su postura?

—Yo empatizo con la preocupación de los representantes insulares. Es evidente que no se está preparado para este volumen. Pero me gustaría que, con la misma firmeza con la que se exige al Gobierno de España, se exigiera también a la presidenta del Govern, Marga Prohens. La competencia en materia de menores está transferida a las comunidades autónomas. Lo estamos viendo a diario en Ceuta. Y, en el caso balear, es de los consells insulares. El Gobierno central destinó en 2025 ocho millones de euros al Govern para atender esta emergencia de menores. Entiendo que el Govern habrá tenido en cuenta la situación específica de Formentera antes de repartir esos fondos.

También hay que recordar que en Formentera estaba prevista una casa de acogida para menores, modesta pero útil, y en esta legislatura se renunció a la partida de fondos Next Generation para construirla. Sería un pequeño recurso pero todo recurso ayuda a paliar la situación. Esto era un proyecto de la legislatura anterior. Yo no se lo echo en cara pero sí quiero que seamos rigurosos. Igual esto es más prioritario que cualquier otra cosa.

—El PSOE en Formentera respaldó las iniciativas plenarias para devolver las competencias de menores al Govern.

—La postura del PSOE es exigir un reparto solidario de menores. El mismo criterio que se propone para el conjunto de España respecto a Ceuta debe aplicarse entre las islas. Menorca, por ejemplo, podría acoger a un número determinado de menores para aliviar la carga de Formentera e Ibiza. Es muy fácil salir a manifestarte a una plaza a favor de Ceuta. Pero si los más de 8.000 municipios en los que se hizo la manifestación acogieran a un solo migrante de los de Ceuta, el problema estaría acabado. Ceuta está viviendo lo que está viviendo, que no es poco. Pero el apoyo se demuestra con hechos, no alzando la voz o con una bandera.

—Formentera solicitó este verano utilizar la carpa del puerto de la Savina y ahora plantea el traslado de los menores a las instalaciones de Botafoc en Ibiza. ¿Es viable?

—Nosotros mantenemos una comunicación permanente con la consellera Cristina Costa. Lo de La Savina se rechazó porque el espacio modular de Formentera es como una sala de espera donde los migrantes están bajo custodia o detención de la Guardia Civil. Ese espacio no está concebido ni para pernoctar ni para albergar menores mezclados con adultos, que es algo que la leyes europeas y españolas no permiten.

En cuanto al recurso de Botafoc, depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y está gestionado por Cruz Roja. Está pensado para que puedan pasar allí unos días hasta que se les encuentre un recurso en la Península. No está pensado para los menores. En junio yo ya le expliqué a la consellera que podría solicitarse al ministerio en un caso de emergencia. Hemos recibido esta semana la petición y se les contestará. Pero yo ya digo que, si lo plantean como recurso ordinario, es muy probable que la respuesta sea que no.

—¿Y qué se puede hacer?

—En Formentera llevan tres años gobernando y esto no es algo nuevo. Hay que buscar soluciones. Se nos dice que el Estado da la espalda a Ibiza y Formentera en esta crisis migratoria y no es verdad. Se han puesto recursos. Y el Consell debe hacer lo mismo. No es un problema económico porque hay dotación para esto. Por eso digo que me gustaría ver la misma firmeza y contundencia a la hora de exigir con el Govern de Marga Prohens. La pregunta sería si el Consell de Ibiza , por ejemplo, ha ampliado las plazas en sus centros.

Esto se está externalizando y las tutelas se gestionan de manera privada y a un precio escandaloso.

Igual lo que hay que hacer es crear más plazas públicas y contratar a funcionarios.

—El presidente Portas ha reprochado la falta de contacto directo con usted y con el delegado del Gobierno.

—Si él espera que yo lo llame cada vez que llega un menor, no se puede. Yo me ocupo de mi competencia y entiendo que cada uno está donde le toca cuando llega una patera. Los canales de comunicación institucional están abiertos. Otra cosa es que la respuesta que se reciba no sea de tu agrado. Pero es que hay que saber a qué puerta llamar cuando tienes una cuestión que resolver. Cuando yo veo titulares sobre este tema y Formentera, me pregunto qué problema hay allí con las pateras. La Guardia Civil ahora mismo, por ejemplo, se reparte según sus necesidades y esto ha ayudado mucho a Formentera porque, cuando se abre ventana, se desplazan allí agentes.

—La ministra de Vivienda dijo el jueves que en Ca n’Escandell no habrá un requisito previo de empadronamiento para poder acceder a las viviendas públicas de Casa 47. Esto ha generado un gran malestar. ¿Cómo valora este criterio?

—¿Qué es residente? ¿Qué es ser ibicenco? ¿A qué queremos dar respuesta con la vivienda pública? Por ejemplo, no hay funcionarios. En la dirección insular tenemos funcionarios que se han trasladado aquí. ¿Queremos que se vayan si no pueden optar a Ca n’Escandell?

Lo que molesta es que no sea necesario estar empadronado y que se abra a todo el país.

Es rizar el rizo. Se podrá optar a una vivienda en Ca n’Escandell porque es una vivienda pública que intenta dar respuesta a una parte del problema de vivienda que tenemos en Ibiza y Formentera. Pero no podrás tener ahí un piso alquilado viviendo en Zaragoza. Casa 47 tiene mecanismos para saber si se vive o no en esa vivienda.

—Aquí se están pidiendo 10 años mínimos de empadronamiento.

—¿Es justo pedir 10 años? Como directora insular, yo digo que no es justo teniendo en cuenta las necesidades de Ibiza y Formentera. Mucha mano de obra pública y privada viene de fuera. Y necesita una respuesta habitacional. Estamos exigiendo recursos humanos para que los servicios públicos estén atendidos pero no dejamos que venga gente a trabajar. Funcionarios de aquí están pagando 1.200 euros por una habitación en un piso compartido y sin baño privado. ¿Queremos eso para nuestros funcionarios? No. Queremos viviendas en Ca n’Escandell.

—¿Qué otras medidas estatales contempla el Gobierno más allá de la promoción de vivienda?

—Lo deseable sería que el Govern balear aplicase la Ley estatal de Vivienda. Hasta Cáritas Ibiza lo ha pedido. ¿Por qué no declaramos Ibiza zona tensionada para congelar los precios? ¿Por qué no trabajamos en la vivienda que sabemos que se alquila de manera irregular y lo pasamos a vivienda?

—Pero usted reconocerá que el Consell de Ibiza está trabajando duro desde hace tiempo en la persecución del alquiler turístico ilegal. Es verdad que esas viviendas no están pasando al mercado residencial.

—Hay que estudiarlo a fondo y saber por qué. Los propietarios pueden poner a disposición de Casa 47 sus viviendas para alquilarlas.

—Eso lo ha hecho el Govern con el programa Lloguer Segur y en Ibiza y Formentera ha sido un fracaso.

—Habrá que hacer pedagogía con los propietarios.

—En Cataluña, si tienes varios pisos sin alquilar, la Generalitat los puede expropiar temporalmente para alquiler social. Esta medida ha sido avalada por el Tribunal Constitucional.

—Hay que atreverse a abrir otros caminos si queremos solucionarlo de verdad. Nosotros podemos hacer lo que hacemos a través de Casa 47. En cuanto al alquiler turístico ilegal, no podemos hacer nada porque es competencia autonómica e insular. Pero hay que seguir trabajando con esto. Además, hay que hacer pedagogía: el inquilino también ha de exigir y no conformarse con cualquier cosa. Es responsabilidad de todos.

—Si se aplicara la Ley de Vivienda estatal en las Pitiusas, ¿en qué cambiaría la situación?

—Habría un techo de precios. Se estabilizarían. El problema de la vivienda no tiene una única solución. Hay que construir vivienda pública, inspeccionar y sancionar a las viviendas turísticas que no están dadas de alta, hablar con los pequeños tenedores y darles seguridad jurídica. De hecho, a través de Casa 47, pueden reformar tu vivienda y ponerla en alquiler.

—Yo insisto, Lloguer Segur ha sido un fracaso aquí. ¿Por qué hacen lo mismo?

—A ver, hay que combatir totalmente la especulación. Y hemos de ser coherentes moralmente hablando. Es decir, yo no puedo quejarme de que no hay médicos o de que el profesor de mi hijo es distinto cada año y luego estar alquilando pisos como se están alquilando. Igual tenemos que hacer una reflexión personal del modelo de sociedad que queremos aquí.

—Este domingo hay una manifestación contra el proyecto de Aena en el aeropuerto de Ibiza. ¿Es compatible la posición del PSOE contra la masificación turística con los planes previstos en la terminal?

—Yo no voy a hacer de portavoz del PSOE porque no me toca en esta entrevista. La saturación turística no se combate abriendo o cerrando puertas de embarque, sino conteniendo o reduciendo el techo de plazas turísticas. Lo que me consta a nivel técnico sobre el aeropuerto es que las actuaciones responden a necesidades operativas. Son temas técnicos. A mí lo que se me ha trasladado no es que se haga esta ampliación para aumentar vuelos y pasajeros. Y, por lo que a mí me consta hoy, tampoco invade más zona fuera de los límites que tiene ahora el aeropuerto.

—El GEN denuncia que invade el parque natural.

—Si es así, me preocupa, evidentemente. Pero lo que me consta hoy es que no es así. De todas maneras, entiendo y estoy de acuerdo en que tenemos que manifestarnos porque creo que hemos llegado a unos topes en Ibiza y Formentera que quizás hay que replantearse el modelo.

—Ibiza y Formentera reclaman desde hace años el convenio de carreteras. ¿Está el Gobierno dispuesto a hacer algo?

—Como tales, los convenios de carreteras no dan respuesta a lo que piden ambos consells. Los convenios que asumiría el Gobierno de España podrían ser para cambiar el sistema de movilidad. Es decir, el reasfaltado que ha hecho ahora Formentera, por ejemplo, eso es arreglar la carretera y es competencia del Govern o del Consell. Si Formentera hubiese presentado un cambio en el estilo de la carretera o una ampliación del carril bici, el ministerio estaría abierto. Eso no quiere decir que en unos meses no se abra la puerta a convenios de carreteras para otras cosas. Pero, las tareas de mantenimiento no le corresponden al Gobierno de España.

—¿Cuáles destacaría como las tres grandes inversiones del Estado en las Pitiusas durante esta etapa?

—En primer lugar, los espacios modulares de atención a migrantes en los puertos. En segundo lugar, la declaración firme de hacer las infraestructuras para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y, claro, no es una infraestructura, pero para mí el plus de insularidad ha sido un antes y un después. Y, evidentemente, Ca n’Escandell.

—A diferencia de otros directores insulares, usted es poco mediática.

—Igual soy muy hormiguita (risas). Soy más de ir avanzando, trabajando. Aquí trabajamos para construir, no para ir en contra de nada ni de nadie. Es mi filosofía de vida y de profesión. Lo que sí me ha gustado aquí ha sido conocer ámbitos de gestión diferentes. Por ejemplo, como ciudadanos sabemos poco de la Policía Nacional pero, cuando estás aquí, tienes otra perspectiva. Y hemos conseguido ampliar en 49 policías la plantilla. Con la Guardia Civil, se han incrementado las plantillas básicas y vamos a ver si las proveemos poquito a poco. El plus de insularidad puede ser un atractivo para cubrirlas. Y las casas en Sa Coma para la Guardia Civil del Mar, que es muy importante en las Pitiusas.

—¿Algún logro del que esté especialmente orgullosa?

—Estoy muy contenta de haber montado la estructura de la Dirección Insular de la Administración del Estado. Y también de nuestra Unidad de Violencia de Género. Tiene ahora mismo a su cargo 900 casos entre Ibiza y Formentera. Son casos que llegan a través de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Para mí es un orgullo y quiero ponerlo en valor porque era algo prioritario.

—¿Volverá a ser candidata en 2027?

—Ahora estamos con las primarias y vamos a ver. Yo estoy donde el partido considere que soy más valiosa o donde puedo desempeñar una responsabilidad más oportuna para mi forma de ser y para mí.