La Audiencia Provincial de Baleares celebrará los próximos 1 y 2 de octubre el juicio contra F. C., acusado de agredir sexualmente a una mujer de 59 años que se encontraba ingresada en la Unidad de Hospitalización Breve de Salud Mental del Hospital Can Misses de Ibiza. El Ministerio Fiscal solicita para el procesado 14 años de prisión, además de otras penas y medidas, por un delito de agresión sexual agravado y un delito leve de lesiones.
Según recoge el escrito de acusación, el acusado, nacido en Marruecos en 1999, se encontraba ingresado en la misma unidad que la víctima el 18 de marzo de 2025. La mujer llevaba seis días hospitalizada debido a un cuadro de desorientación temporoespacial compatible con un síndrome de abstinencia al alcohol y, según Fiscalía, había experimentado una mejoría respecto al momento de su ingreso.
El escrito señala que durante la tarde de aquel día el procesado mostró un comportamiento «alterado e invasivo» con otros pacientes. Habría llegado a entrar en habitaciones que no eran la suya e incluso a ducharse en una de ellas. Sobre las 18:30 horas, según la Fiscalía, invadió también el espacio personal de la mujer, a la que habría dicho cosas al oído.
El personal sanitario intervino y recondujo al acusado a su habitación. Los trabajadores, según figura en el escrito de acusación, observaron que presentaba una erección. La mujer manifestó entonces que se había sentido molesta e invadida y solicitó un cambio de habitación para poder permanecer acompañada por otra paciente y no dormir sola.
La acusación sostiene que, antes de la medianoche del 18 al 19 de marzo, el procesado entró en la habitación donde la mujer estaba acostada junto a otra paciente, se tumbó encima de ella y la penetró vaginalmente mientras dormía, aprovechando que se encontraba bajo los efectos de un refuerzo de olanzapina. La mujer se despertó y manifestó que no quería mantener relaciones sexuales y, pese a ello, el acusado habría procedido posteriormente a penetrarla analmente.
El escrito de acusación recoge que la mujer presentó cuatro excoriaciones en la región vulvar, de carácter lineal y de menos de un centímetro, que requirieron una única asistencia sanitaria y supusieron 30 días de perjuicio personal básico. Fiscalía señala además que, en el momento de los hechos, la víctima presentaba un discurso estructurado y coherente, con el juicio de realidad conservado.
Uno de los aspectos que destaca el Ministerio Fiscal es la ausencia de medidas específicas de seguridad respecto al procesado. Según la acusación, pese a que había cámaras de vigilancia en la unidad y presencia de personal sanitario, nadie advirtió su entrada en la habitación de la mujer. Fiscalía sostiene además que no se había acordado ninguna medida de seguridad a pesar de los comportamientos que el acusado había protagonizado previamente, como entrar en otras habitaciones, ducharse en ellas o aproximarse a otros pacientes con una erección manifiesta.
El escrito de acusación también hace referencia al estado de salud mental del acusado. Según Fiscalía, está diagnosticado de esquizofrenia y presentaba sintomatología psicótica crónica en el momento de los hechos, pero considera que esta circunstancia no afectaba a su capacidad para discernir ni para comprender la ilicitud de sus actos. Por ello, la acusación no aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual de los artículos 179 y 180.1.3ª del Código Penal, al existir acceso vaginal y anal y por la especial vulnerabilidad que atribuye a la víctima.
Además de los 14 años de prisión, el Ministerio Fiscal solicita su inhabilitación absoluta y plantea su expulsión de España una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena, con una prohibición de entrada durante diez años. También interesa distintas medidas posteriores, entre ellas libertad vigilada y la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante 15 años, así como cualquier comunicación con ella por medios directos o indirectos.
Por el delito leve de lesiones, Fiscalía solicita 60 días de multa, con una cuota diaria de diez euros. En materia de responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice a la víctima con 30.200 euros, de los que 200 corresponden a las lesiones físicas y 30.000 al daño moral.
El escrito atribuye además responsabilidad civil subsidiaria al Servei de Salut de les Illes Balears, por el funcionamiento anormal del servicio, y a la compañía aseguradora de la Administración sanitaria.
Que se la corten en lonchas con una máquina de cortar fiambre.