Arquitectos y constructores de Ibiza ven factible las 17.000 viviendas que el Govern ha detectado que faltan

Que los jóvenes no tengan que vivir con sus padres «hasta Dios sabe cuándo», que nadie tenga que compartir piso o malvivir en una habitación. Para eso hacen falta, según el presidente del Colegio de Arquitectos en Ibiza y Formentera, Lluís Oliva, las viviendas que Ibiza arrastra de déficit, sean exactamente las 17.000 que citó el Govern el pasado martes a través de su Director General en el Pleno del Consell, o sea una cifra algo inferior.

Dicho informe pone números al desequilibrio: entre 2000 y 2025 se construyeron en la isla 21.406 viviendas, mientras la población creció en 74.144 personas. Justo ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobó dos decretos de vivienda que incluyen, entre otras medidas, la prórroga automática de los contratos de alquiler, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y la prohibición de que los fondos compren pisos hasta 2028. Reynés ya adelantó que, a su juicio, estas normas «van contra la oferta».

Lluís Oliva respaldó el diagnóstico del Govern, aunque deja claro para qué sirven esas viviendas. «Cuando hablamos de 17.000 viviendas no estamos hablando de traer a 17.000 personas. Estamos hablando de que la gente que ya está aquí pueda vivir de una forma digna, que pueda independizarse y tener su autonomía», precisó. Por ello, defendió que la construcción se oriente a los residentes: «Llámese VPL, VPO u otra fórmula, pero tiene que ser vivienda para residentes».

Oliva cree que hay margen para levantarlas sin consumir más territorio, aunque no con la normativa actual. Según afirmó, la ley que habilita los proyectos estratégicos sí busca optimizar el suelo, pero todavía siguen en vigor otros planes que no lo contemplan. La clave, a su juicio, está en desarrollar los ámbitos urbanos que ya recogen los planes generales y que siguen vacíos, en zonas como sa Joveria, Can Misses, Can Burgos, el entorno de Sant Jordi o Jesús. «Ya tienen sus calles, sus aceras hechas. No hay que ir a buscar terrenos donde no los hay», resumió y añadió que ese crecimiento debe ir acompañado de una mejora de las infraestructuras.

La presidenta de la Asociación de Constructores de la Pimeef, Consuelo Antúnez, también da por válida la estimación del Govern, aunque evitó pronunciarse sobre la capacidad de la isla para absorber ese volumen. «Hay que valorar con los recursos que existen», según recordó. Antúnez puso el foco en los pisos vacíos y en que el alquiler «resulte interesante para los propietarios», de forma que decidan sacarlos al mercado. Y lanzó una advertencia: «Si no hay recursos, pues entonces tendrá que haber menos gente. Porque al final la gente necesita sitio donde vivir».

El propio sector de la construcción sufre el problema que pretende resolver. Antúnez reconoció este miércoles que las empresas tienen «más trabajo del que podemos hacer» y «menos personal del que necesitaríamos», una falta de mano de obra que vincula directamente con la dificultad para encontrar vivienda en la isla.

«Inseguridad jurídica»

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) de Baleares, su delegado en Ibiza y Formentera, Zenón Helguera, coincidió con el Govern en que los nuevos decretos perjudicarán a la oferta. «La prórroga automática de los alquileres le da más inseguridad jurídica a los propietarios», según afirmó. Según explicó, en muchas partes de España los propietarios ya están alquilando sus viviendas a empresas «para quitarse la Ley de Arrendamientos Urbanos de encima».

«Esto es lo que consiguen este tipo de decretos, que hacen pagar a los propietarios el déficit de vivienda estructural que tiene no solo Baleares, sino España», criticó Helguera, quien considera que estas medidas «van en contra de la ley de mercado». En cuanto a la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, un segmento muy extendido en la isla, ha señalado que su impacto «está por ver».

Helguera sí valoró de forma positiva otras medidas, como las exenciones fiscales para los propietarios que rebajen el precio del alquiler o las reducciones en el IRPF, «porque el Gobierno deja de recaudar en pos de hacer crecer la oferta». Para el delegado de los API en Ibiza y Formentera, el origen del problema está claro: «El problema de los precios radica en la falta de parque de vivienda». Y recordó que la vivienda de alquiler social supone entre el 10 y el 11% del parque en Europa, frente al 2% en España.