La autorización judicial para desalojar de forma inmediata el asentamiento de Casa Lola pone, por ahora, un punto y aparte a meses de tensión en el entorno de Devall sa Serra, junto a la carretera de es Cubells. La finca se ha ido llenando durante los últimos meses de caravanas, tiendas de campaña y construcciones precarias, mientras los vecinos denunciaban un deterioro progresivo de la convivencia, problemas de seguridad, acumulación de residuos y un creciente riesgo de incendio.
El último y más grave episodio llegó el pasado domingo cuando un incendio declarado a primera hora de la mañana en una de las infraviviendas del asentamiento causó heridas gravísimas a un hombre de 48 años y nacionalidad paraguaya. El hombre sufrió quemaduras en el 90 % del cuerpo y falleció horas después en el Hospital Can Misses. Las llamas afectaron además a unos 60 metros cuadrados de masa forestal. En el lugar quedaron una chabola completamente calcinada, restos de enseres y una bombona de butano alcanzada por el fuego.
Dos días después, la Guardia Civil informó de que mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el origen del incendio y no descarta que pudiera haber sido intencionado.
Para los vecinos, el incendio mortal ha sido el episodio más grave de una sucesión de problemas que se venía acumulando desde hacía meses.
De caravanas a chabolas
La preocupación comenzó a crecer a medida que el asentamiento aumentaba de tamaño. A finales de abril, los residentes ya alertaban de la proliferación de caravanas y construcciones precarias en los terrenos donde años atrás se encontraba el complejo de Casa Lola. «Cada día hay más gente en Casa Lola, por la noche la cantidad de luces que hay es espantosa», explicaba entonces uno de los vecinos. También se habían producido intervenciones policiales y un intento de ocupación en una vivienda situada junto a la finca.
En mayo, la situación dio un salto cualitativo. El día 7, un hombre ensangrentado entró hasta en cuatro viviendas del vecindario dando golpes y gritos. La Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil intervinieron y detuvieron al individuo.
Pocas semanas después, otro episodio volvió a poner en alerta a los residentes. Varios individuos irrumpieron en la planta baja de una vivienda mientras una menor se encontraba sola en el domicilio. Los vecinos denunciaron insultos y amenazas y aseguraron que algunos de los ocupantes pretendían hacerse con esa parte del inmueble.
El problema no se limitaba, según las denuncias recogidas entonces, a las viviendas ocupadas. Los vecinos hablaban también de fuertes discusiones, peleas y otros episodios de violencia en el entorno.
Basuras, agua y electricidad
A la preocupación por la seguridad se sumó el deterioro de los terrenos. Los residentes denunciaron la acumulación de bolsas, plásticos, cristales, chatarra, colchones y otros residuos entre la vegetación. También alertaron de las conexiones irregulares a las redes de agua y electricidad y del uso de fuegos y barbacoas en plena zona forestal.
En junio, una vecina sorprendió a dos personas sustrayendo agua de una tubería del vecindario. Según su relato, uno de ellos llegó a perseguirla mientras gritaba después de descubrir que estaba manipulando la instalación. La residente consiguió llegar a su vivienda y avisar a la Policía.
Unas semanas después, otra vecina denunció la instalación de un tendido eléctrico ilegal de más de 200 metros, con varios empalmes y un recorrido por el campo hasta llegar al asentamiento. La residente alertaba entonces del riesgo de incendio que suponía la instalación en plena temporada estival.
Verano de tensión
Los episodios de violencia tampoco desaparecieron durante el verano. A principios de julio, la Policía Local de Sant Josep detuvo a una persona como presunta autora de delitos de lesiones y violencia de género después de una intervención por una agresión en el interior del asentamiento. Una de las personas implicadas sufrió quemaduras provocadas por gasolina.
Mientras tanto, los vecinos continuaban denunciando la presencia de nuevas caravanas y construcciones y reclamando una solución. El Ayuntamiento de Sant Josep había informado en mayo de que la Policía Local y la Guardia Civil mantenían vigilancia en la zona y contacto con los residentes.
La propiedad, por su parte, presentó el pasado 2 de julio una denuncia por un presunto delito de usurpación y solicitó como medida cautelar el desalojo inmediato de la finca. Según ha explicado posteriormente su representación legal, la petición se fundamentaba en los riesgos para las personas, la propiedad, el vecindario y el medio ambiente.
«Al lado de un polvorín»
La decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza ha sido recibida con alivio por algunos residentes del entorno, aunque también deja abiertas preguntas sobre qué ocurrirá después con las personas que viven actualmente en el asentamiento.
«Yo estoy contenta de que se saquen de allí y que limpien la zona, porque la cantidad de basura que se acumula alrededor y dentro es espantosa», explica una de las vecinas.
Su principal preocupación es el riesgo de incendio. Explica que los ocupantes «cocinan como pueden» y que algunos utilizan fuegos en una zona que considera especialmente peligrosa por la presencia de vegetación. «Hacen fuegos, aquello es una zona boscosa y da mucha miedo», afirma.
El incendio mortal de septiembre ha reforzado esa sensación de peligro. «Las cabañas llegaron a quemar no sé cuántos metros alrededor», señala la residente, que teme que en un día de viento las llamas puedan alcanzar las viviendas próximas. «Todo esto nos puede venir en un día de viento o de mala suerte, o lo que sea, hacia nuestras casas. Vives al lado de un polvorín», resume.
La basura y los malos olores son otra de sus quejas. «El olor y la basura son insoportables», insiste, antes de reconocer que no todas las personas que viven allí tienen necesariamente el mismo comportamiento. Aun así, considera que el volumen de residuos generado en la zona se ha convertido en un problema.
La vecina también habla de botellones y otras situaciones de convivencia que, según explica, se producen ya en los alrededores de las viviendas.
¿Y después?
El alivio por el desalojo convive, sin embargo, con una duda. La residente considera que sacar a todas las personas de la finca tampoco resuelve por sí solo el problema social. «Un desalojo así de tanta gente no me parece una solución definitiva para la gente que está allí, porque ¿a dónde irán?», se pregunta.
Su temor es que algunas de esas personas puedan terminar ocupando otros terrenos próximos. «¿Qué otro sitio ocuparán? ¿Se quedarán dentro de los terrenos de los propietarios de alrededor?», plantea. Porque el asentamiento no está formado por un pequeño grupo. «No estamos hablando de 10, 12, 20 personas. Estamos hablando de mucha, muchísima gente, de diferentes nacionalidades y con mucha problemática entre ellos mismos», concluye.