El rechazo mayoritario del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda ha demostrado que el Gobierno de PSOE y Sumar no cuenta con el respaldo de la cámara baja. La teórica mayoría progresista de la que presumía Pedro Sánchez nunca fue, en realidad, un bloque estable ni ideológicamente cohesionado. Junts facilitó la investidura de Sánchez a cambio de una ley de amnistía y otras concesiones políticas. Eso no suponía, en ningún caso, compartir el programa de PSOE y Sumar. En el Senado, además, el PP logró la mayoría absoluta. Así pues, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo es incuestionable.
El desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años en Madrid, ha actuado como catalizador de un descontento social que llevaba años acumulándose. Diversos colectivos convocaron acampadas de protesta al estilo 15-M en la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades, como Palma. Y la izquierda ha situado el rechazo parlamentario del viernes en el centro de su discurso político.
El Gobierno responsabiliza a PP, Vox y Junts de abortar unas medidas que protegen a los inquilinos. La oposición, por su parte, cuestiona su eficacia y advierte de que hubieran sido nefastas para los ciudadanos, al reducir la oferta de alquiler y dificultar que los más vulnerables puedan acceder a ese mercado. Pero hay que preguntarse: ¿puede atribuirse la crisis habitacional a las dos votaciones del viernes?
El problema no es nuevo. Sánchez gobierna España desde junio de 2018 y, durante este periodo, el encarecimiento de los pisos ha sido constante. La responsabilidad sobre sus causas y soluciones es también de comunidades autónomas y ayuntamientos, pero el Gobierno central no puede eludir la suya, como pretende hacer con una simpleza insultante.
En Palma, la manifestación celebrada el sábado ha reunido a unas 3.000 personas según la Policía Nacional, una cifra más bien modesta. La protesta estaba convocada antes de las votaciones del viernes y sus organizadores también han lanzado críticas al Ejecutivo de PSOE y Sumar.
Francina Armengol, presidenta del Congreso y líder del PSIB, se unió a la protesta. Previamente, reclamó a su partido una «movilización extrema» ante las próximas elecciones. Armengol, presidenta de Baleares entre 2015 y 2023, no tuvo mucho éxito en materia de vivienda. Durante su mandato se aprobó la Ley balear de Vivienda de 2018 y se construyó vivienda pública, aunque a mucho menor ritmo del necesario, por lo que la situación empeoró.
En este escenario, Sánchez estudia un adelanto electoral que podría anunciar el lunes. La posibilidad coincide con un desplazamiento del foco político: la vivienda ocupa ahora buena parte del debate que anteriormente se centraba en la crisis de Ceuta y en las causas por corrupción que afectan al PSOE, especialmente la investigación a la ‘fontanera’ socialista Leire Díez, junto con la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Cualquiera sabe lo que decidirá el presidente que no puede salir de la Moncloa sin ser abucheado. Pero sí pretende ir a elecciones sin rendir cuentas de su política de vivienda en los últimos ocho años y acusando a la derecha de beneficiar a los fondos buitre y tildando a los arrendadores de ser avaros rentistas, fracasará.
Más fácil es acusarle a él y a sus socios de despreciar al Parlamento. Ione Belarra (Podemos) ha propuesto que el Gobierno apruebe sucesivos decretos de vivienda cada 30 días, aunque el Congreso los rechace. Y Alberto Ibáñez (Sumar), dijo en la Cadena SER que había llegado la hora del «troleo» por parte de las clases trabajadoras y abogó por tirar de decreto mensual. No cabe mayor ataque a la democracia que abogar abiertamente por un fraude de ley para ignorar la voluntad de los representantes del pueblo español.
Y con esta tropa, defensores de la okupación, la expropiación de la propiedad privada y de la prohibición de los desahucios, ha gobernado Pedro Sánchez ocho años. Ha sucedido lo único que podía suceder: ir de mal en peor. Ya no queda más salida que convocar elecciones, algo que debió hacer hace tiempo porque «un Gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa». O eso decía él en marzo de 2018.