El presidente de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears (COAIB), Lluís Oliva, considera que la burocracia urbanística y las dificultades para adaptar la normativa a la realidad de las Pitiusas siguen siendo dos de los principales obstáculos para ampliar la oferta de vivienda. En una entrevista emitida este miércoles en el programa Bona nit Pitiüses de la Televisió d’Eivissa i Formentera (TEF), Oliva advirtió de que la tramitación de una licencia puede prolongarse entre tres y cuatro años y defendió aprovechar mejor el suelo disponible mediante edificios residenciales con más alturas.
«No puede ser que yo empiece un proyecto ahora y hasta dentro de tres o cuatro años no lo pueda construir», lamentó el arquitecto, quien explicó que estos plazos generan una gran incertidumbre tanto para los profesionales como para los promotores. Durante ese tiempo pueden cambiar las condiciones económicas, los costes de construcción y las circunstancias personales de las familias que esperan disponer de una vivienda.
Oliva también reclamó una simplificación de las normas urbanísticas con participación de los arquitectos y de los profesionales que trabajan directamente con los proyectos. A su juicio, la solución no pasa únicamente por recurrir a declaraciones responsables firmadas por técnicos, ya que estas pueden generar problemas cuando existen distintas interpretaciones de una misma norma entre los profesionales y la Administración. «Creo que sería mucho más fácil para todos la simplificación normativa», defendió.
El presidente del COAIB en las Pitiusas también cuestionó la aplicación de los proyectos residenciales estratégicos (PRE), una de las herramientas impulsadas por el Govern balear para facilitar la construcción de vivienda. Oliva considera que la iniciativa puede contribuir a aliviar el problema habitacional, pero advirtió de que su diseño no tiene suficientemente en cuenta las particularidades urbanísticas de Ibiza y Formentera.
Según explicó, la regulación se ha concebido tomando como referencia Palma y después se ha intentado extender a otros municipios sin atender adecuadamente a sus características. Como ejemplo, citó el municipio de Sant Josep, donde buena parte de las zonas periféricas están formadas por viviendas unifamiliares, lo que dificulta cumplir algunos de los condicionantes previstos para desarrollar estos proyectos.
Pese a las críticas, Oliva defendió que los PRE pueden ser una herramienta útil para ampliar la oferta de vivienda asequible. En las actuaciones procedentes de áreas de transición, explicó, al menos el 75 % de las viviendas debe destinarse a precio limitado y alquiler limitado, mientras que la parte destinada al mercado libre no puede superar el 25 %.
«¿La solución ideal y definitiva? Es un comienzo y un buen punto de partida», resumió. El arquitecto situó a principios de 2028 el horizonte en el que podría comenzar la construcción del primer proyecto residencial estratégico presentado en Vila, siempre que se cumplan las previsiones y la tramitación avance favorablemente. Se trata de una promoción anunciada de cerca de 300 viviendas, aunque Oliva apuntó que la cifra final podría ser algo inferior.
«La isla no cierra en octubre»
Oliva también se mostró crítico con los planteamientos que vinculan la crisis de vivienda principalmente a la llegada de trabajadores de temporada. A su juicio, las medidas deben atender igualmente a las personas que residen en Ibiza durante todo el año.
Como argumento, recordó los asentamientos precarios que han sido objeto de actuaciones de desalojo en los últimos años y señaló que muchas de las personas que viven en esas condiciones no llegan únicamente para trabajar durante los meses turísticos. «La isla no cierra en octubre y vuelve a abrir en mayo. La gente está aquí todo el año», subrayó. Por ello, reclamó respuestas ágiles que permitan acceder a una vivienda a los residentes permanentes, además de las iniciativas dirigidas a los trabajadores temporales.
El presidente de los arquitectos también se mostró contrario a considerar que la Administración deba asumir en exclusiva la construcción de viviendas asequibles. En su opinión, el sector privado puede tener interés en desarrollar promociones de este tipo si las condiciones económicas permiten que sean viables.
Oliva distinguió entre las viviendas de protección oficial dirigidas a personas con rentas bajas, que pueden requerir financiación pública, y las destinadas a trabajadores que disponen de cierta capacidad económica, para las que considera deseable la participación de promotores privados. «Espero y deseo que realmente pueda ser el sector privado el que amplíe este mercado y lo desarrolle», manifestó.
Ante la disyuntiva entre la necesidad de construir miles de viviendas y el rechazo social a que las islas sigan creciendo, Oliva defendió optimizar el territorio antes que extender la urbanización sobre nuevos espacios. «Tenemos un territorio reducido. No podemos empezar a llenar suelo hasta llegar a s’Espalmador, porque no tiene ningún sentido», afirmó.
Su propuesta pasa por revisar los aprovechamientos urbanísticos y permitir, cuando las condiciones técnicas lo hagan posible, edificios residenciales con más alturas. «Creo que sí, que tenemos que ganar altura», sostuvo. Como referencia, apuntó que en Platja d’en Bossa existen hoteles de seis plantas o más, mientras que las posibilidades de crecimiento en altura de los edificios residenciales están más limitadas.
Precios
El encarecimiento de la construcción es otro de los factores que, según Oliva, dificultan el acceso a la vivienda. El presidente de los arquitectos situó los costes de construcción de las promociones plurifamiliares en torno a los 2.000 o 2.100 euros por metro cuadrado, en función de las calidades y de las características del proyecto.
En el caso de una vivienda unifamiliar de dimensiones medias, advirtió de que el coste puede alcanzar el medio millón de euros. Una cifra que, en su opinión, refleja las dificultades a las que se enfrenta una familia corriente que pretende construir su propia casa en la isla.