Sesenta y dos muertos y daños materiales por unos 155.000 dólares es el balance final de las tres explosiones encadenadas ocurridas hace ocho días en la ciudad de Celaya, en México. En un comunicado se precisó que sólo permanecen hospitalizadas 48 de las 340 personas que resultaron heridas.
Asimismo, tras 23 registros domiciliarios en las ciudades de Celaya e Irapuato se decomisaron catorce toneladas de material explosivo. En esos domicilios también se localizaron documentos que prueban que funcionarios de Celaya permitieron el almacenamiento y comercialización de pólvora negra sin tener las facultades legales para ello.
La PGR informó sobre el arresto de siete personas, cuatro civiles y tres funcionarios del la alcaldía de Celaya, a quienes se les puede acusar de responsabilidad penal por los delitos de homicidio y lesiones. Por orden de un juez mexicano se tiene en arresto domiciliario al director y subdirector de Fiscalización de Celaya, Francisco Villalobos Zamudio y Javier Regalado Medina, respectivamente, quienes están acusados de otorgar permisos para la comercialización de explosivos de forma ilegal.