El fiscal pidió ayer en su informe que Joaquín Ferrándiz, juzgado en Castellón por las muertes de cinco mujeres e intentar matar a otras dos cuando estaba en libertad condicional, cumpla íntegramente la condena porque «no podemos permitirnos un nuevo fracaso que cueste cinco, diez o más vidas».
En su intervención, el fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales y ha elevado de 140 a algo más de 206 millones de pesetas las indemnizaciones que el Estado debe pagar a los familiares de las víctimas si Ferrándiz es condenado. El ministerio público considera que el Estado es responsable civil subsidiario porque Ferrándiz cometió los crímenes cuando se hallaba en libertad condicional porque «no hubo control ni seguimiento» cuando salió de la cárcel en abril de 1995. Para el fiscal del caso, la psicopatía que padece Ferrándiz «tiene difícil solución». El ministerio público pide 163 años de cárcel para Ferrándiz o, alternativamente, con la aplicación del nuevo Código Penal, solicita 125 años de prisión por los crímenes de las cinco mujeres que, a su juicio, fueron «asesinatos alevosos» que se caracterizaron por idéntico modo de operar: las ataba y las amordazaba y una vez indefensas las estrangulaba.