La ausencia de un testigo que ayer debía comparecer en la Audiencia Provincial impidió la celebración del juicio que se había señalado para ver la causa de un funcionario de Correos que ejerció como jefe en las oficinas de Sant Francesc y al que se le acusa de malversación de caudales públicos.
El acusado, sobre el que pesa la sospecha de quedarse con una cantidad cercana al millón y medio de pesetas, tendrá que comparecer de nuevo ante el tribunal el día que se señale nuevamente la causa. Dicho proceso debe dirimirse de acuerdo con lo que dicta la Ley del Jurado, motivo por el cual ayer se formó un tribunal popular que volverá a ser reunido para decidir sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.
El ministerio público, que considera que existen indicios de culpabilidad por un fraude que supuestamente fue cometido entre 1996 y 1997, pide para el sospechoso una pena de tres años de cárcel y otros seis de inhabilitación absoluta.