El juzgado ha dado la razón a los cinco demandantes que decidieron emprender acciones legales después de que una casa de la Marina, ubicada en la calle José Verdera, se viniera abajo en abril de 1997 cuando en el inmueble colindante se estaban realizando obras de construcción. Ello supone el pago de unos cien millones de pesetas a los perjudicados por distintos conceptos. El inmueble que se derrumbó el 11 de abril de 1997 estaba en el número 13 de la citada calle, un edificio de tres plantas propiedad de Abel Matutes Noguera y en el que también había un comercio.
La iniciativa judicial que se llevó a cabo en su día se ha resuelto considerando responsables civiles solidarios de lo ocurrido a la empresa constructora «Xicu Casals SA», al arquitecto y al aparejador responsables en la realización del proyecto.
Sólo se exonera de ello a los dueños del número 11 de la calle José Verdera, solar contiguo a la casa siniestrada y que también fueron acusados por las partes. Además, se vieron perjudicados por lo ocurrido no sólo los usuarios del inmueble sino también vecinos de otra casa contigua. De la decisión judicial se desprende queno se actuó correctamente en el modo de acometer las obras. La sentencia, dictada por el juzgado número 1 de Eivissa, recoge que «no se tomaron las precauciones necesarias ni se intervino con la actitud perentoria que requería la ocasión».
En ésta, también se hace especial hincapié en relacionar «las características del entorno», en un barrio con casas antiguas donde los inmuebles se apoyan unos en otros, con el modo de proceder en la construcción en la fase de cimentación. Los demandantes, tras el fallo, ya tienen previsto solicitar la ejecución provisional de la sentencia, según ha podido averiguar este periódico.