La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil entró en vigor en toda España el pasado lunes. Más allá de toda la polémica generada por su aplicación, sobre todo en lo referido a la falta de medios materiales y humanos para su correcto funcionamiento, este nuevo texto legal tiene como objetivo lograr una agilización de los procesos civiles, los cuales, hasta el momento y en muchos casos, se dilataban en el tiempo.
De todos modos, tal y como declaraba el juez decano de Eivissa, Juan Carlos Torres, y el delegado en la isla del Colegio de Abogados de Balears, Enrique Vicent Marí, la situación en Eivissa es preocupante de cara a la aplicación correcta de la Ley de Enjuiciamiento Civil debido a la falta de espacio existente en el edificio de los juzgados y a la falta de personal para poder hacer frente a los requerimientos del texto que entró en vigor el pasado lunes.
Una de las principales novedades que introduce la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (que sustituye a la existente desde 1881) entre sus 827 artículos es el llamado «proceso monitorio», es decir, la posibilidad de acudir a juicio por parte del ciudadano sin la necesidad de contar con los servicios de un abogado y de un procurador, obligatorios hasta el pasado lunes. Estos procedimientos podrán realizarse cuando deban reclamarse deudas inferiores a los cinco millones de pesetas debidamente justificadas.
En el caso de acogerse a este procedimiento, el interesado podrá solicitar en el juzgado un impreso que le permitirá redactar la demanda directamente. Si el demandado asumiera la responsabilidad en la deuda, el juez dictaría sentencia en veinte días. Por el contrario, si el demandado negara la deuda, el proceso pasaría a ser normal, por lo que se requeriría la presencia de abogado y procurador.
Uno de los planteamientos más polémicos del nuevo texto se encuentra en la obligación del juez de estar presente en todos los procedimientos, punto que desde la magistratura se ha contemplado con buenos ojos, aunque reconociendo la falta de personal para poder hacer frente a esta exigencia de la ley.