La juez del juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa ha condenado a un año de cárcel, e inhabilitación por el mismo tiempo, a los dos acusados en este caso de intrusismo al considerar probado que el delineante Vicente Torres Costa, natural de Santa Eulària y de 50 años, estaba llevando a cabo trabajos de topografía retribuidos sin contar con la titulación de ingeniero técnico que se precisa para ello. Dicha actividad, además, se estaba realizando desde un despacho que se promocionaba como tal y que,incluso, se anunciaba en las páginas amarillas.
Al topógrafo Jerónimo Bravo Rojas, con domicilio en Barcelona y de 68 años, a su vez, se le impone la misma pena como cooperador necesario de la citada actividad realizada de manera ilegal al visar los trabajos del anterior conociendo que éste carecía de título a cambio de una cantidad. El propio Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía se personó como acusación particular en este caso después de saberse que desde 1999 y años atrás se estaban produciendo supuestamente estas irregularidades en mediciones de terrenos, parcelaciones, deslindes, peritajes y otras actividades relacionadas con esta profesión.
A través de la causa también se ha podido descubrir que Vicente Torres Costa, antiguo empleado del único topógrafo que existía en la isla, llegó a intervenir como perito en procedimientos judiciales y a emitir facturas con membrete y sello. Los dos acusados alegaron durante el juicio que sus actividades estaban autorizadas tras celebrarse una supuesta junta en el Colegio, algo de lo que no hay constancia y que fue negado rotundamente por el delegado de Balears.