La directora insular, Marienna Sánchez Jáuregui, se reunirá en próximos días con los responsables de los ayuntamientos de Eivissa, Sant Josep y Formentera para concretar los operativos policiales que precisan los restantes municipios que aún no tienen en funcionamiento, como tal, medidas ajustadas a sus principales demandas en materia de seguridad, tal y como se está pretendiendo con las denominadas juntas locales. Las anteriores reuniones que se celebraron en su día, sin embargo, ya definieron unas primeras líneas de actuación tras bosquejarse cómo se iba a presentar el verano por los datos que se tenían entonces.
La preocupación por el aumento de hurtos y la expansión de la venta ambulante ilegal son dos puntos a combatir que están en todos los planes policiales que tratarán de hacer frente a la delincuencia de verano. Anteayer, en Cala de Bou, se detectaron varios robos de carteras a turistas en paradas de autobús y el pasado jueves, en Santa Eulària, se contabilizaron al menos tres hurtos y un cuarto en es Canar.
Sant Joan es el municipio menos afectado por estos problemas, aunque tiene, por contra, el inconveniente de que este territorio suele contar entre los preferidos para que los organizadores de fiestas ilegales realicen este tipo de eventos.
El municipio más complicado es Sant Antoni. Su plan es el más ambicioso porque va a hacer frente no sólo a esta clase de problemas sino también por su espíritu de poner coto a grupos de senegaleses y británicos (y ahora también, colombianos) que puedan disputarse el mercado de las drogas.
A este dispositivo se añade esta temporada una 'campaña' contra la inmigración ilegal que pueda venir de la mano especialmente de fenómenos de narcotráfico. Para ello se ha exigido que se estreche la colaboración entre la Policía Local, la Guardia Civil y Policía Nacional que tiene las competencias de extranjería. Han aumentado las patrullas uniformadas y de paisano a pie para mejorar el control de zonas conflictivas.